El crédito del BID cerró el debate de la hotelería

Bariloche adhirió a la regulación que fija la provincia.

SAN CARLOS DE BARILO-CHE (AB).- El municipio local adhirió por resolución a las normas de clasificación y categorización hotelera de la provincia pese a que ese marco regulatorio tiene varias falencias que reclaman una adecuación.

La decisión fue adoptada con cierta urgencia por el Ejecutivo para evitar la caída del financiamiento especial ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo para la reconversión de la hotelería provincial.

La medida permitió la unificación de las regulaciones vigentes dentro del territorio rionegrino, exigida por la entidad crediticia, pero interrumpió el debate más profundo de la normativa que es-tá llamada a definir los próximos 20 años de política turística en materia de alojamiento.

Bariloche es el único munici-pio de la provincia que tiene delegado el poder de fiscalización y categorización y cuenta con normativa propia en la materia. Esta facultad le concedida en 1993 para agilizar los controles y requerimientos de la tercera infraestructura hotelera del país y la mayor de toda la Patagonia.

Mediante la resolución municipal 1286, emitida la semana pasada, la intendencia adoptó en todos sus términos las regulaciones del decreto provincial 657/2003 y «toda su normativa reglamentaria para la clasificación y categorización de alojamientos turísticos», resignando la experiencia propia sin más debate.

En su único considerando conceptual la resolución señala que la sanción de los decretos provinciales generó «interpretaciones contradictorias respecto del marco reglamentario aplicable». En esa línea, dice que «es de suma necesidad armonizar la normativa aplicable al sector turístico, toda vez que ésta ha sido elaborada teniendo en cuenta la modernización del sector y fomento de nuevas inversiones».

Los pocos concejales y empresarios que abordaron el tema coinciden en que la nueva normativa provincial, en línea generales, es «superadora» pero que los ediles de la oposición advirtieron que tanto el decreto como la resolución reglamentaria tiene «baches legislativos» peligrosos.

Entre las principales falencias señalaron la existencia de defectos técnicos en las fórmulas establecidas para el cálculo de los espacios, la carencia de parámetros precisos para la definición de las distintas categorías –

«rangos de calidad»- y errores en la definición de los diferentes segmentos. «No hay una definición clara entre cabañas, bungalows, etc» advirtieron.

Otra de las falencias gruesas de la reglamentación es la carencia de un sistema sancionato-rio claro y expedito que garantice el cumplimiento de la regulación vía fiscalización.

A esto se suma la incorporación del empresariado -objeto de fiscalización- a los órganos de contralor. Desde la provincia se pensó en convocar a la Federación Hotelero-Gastronómica de la República Argentina representada Río Negro por la Asociación Hotelero Gastronómica.

El decreto 657 de 2003 creó la comisión «Mixta de Revisión de Clasificación y Categorización» destinada a proponer modificaciones normativas, «las medidas que estime conveniente para mejorar los estándares de calidad de la actividad» y considerar las «solicitudes fundadas de eximición». Pero la resolución reglamentaria posterior extendió las funciones del ente mixto a tareas de fiscalización.


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