El crimen del policía fue una venganza mafiosa

NEUQUEN- Con la detención de dos jóvenes los investigadores creen tener tras las rejas a la totalidad de los miembros de la banda que programó y ejecutó el crimen del suboficial de la policía provincial, en el destacamento del barrio Progreso II. Las pruebas reunidas hasta el momento no dejan margen para duda que los sospechosos del atentado integraban el grupo que lideraban Omar Sastre y Cristian «Patico» Hernández y que el fusilamiento del uniformado fue una venganza por la muerte de este último a manos de la policía.

Los sospechados arrestados son un joven de apellido Velázquez, de 20 años, y de otro de alrededor de 25 años, llamado Fuentes Provoste. Ambos, a quienes se les venían siguiendo los pasos desde el día del hecho, fueron detenidos la noche del viernes en la vía pública y no ofrecieron resistencia cuando fueron abordados por personal policial.

«Con estos dos nuevos detenidos tenemos prácticamente a todos los que buscábamos, puede quedar uno o dos que hayan tenido alguna participación, pero tenemos a los que jugaron algún rol principal», dijo una fuente de la investigación.

Se asegura también que entre los identificados se encuentra el que le disparó a la cabeza al sargento primero Néstor Sepúlveda, la madrugada del miércoles pasado, con un revólver presuntamente calibre 32.

Las pruebas y otros elementos que obran en el expediente apuntan particularmente a Marcos «Caco» Figueroa, aunque el juez Eduardo Badano dijo «hasta el momento el grado de sospecha es idéntico para todos los detenidos y será a partir de las pruebas y testimonios como podremos llegar al autor material del disparo».

Habrá que aclarar que el magistrado hizo esa afirmación cuando aún no se había detenido a Velázquez y Fuentes Provoste.

Velázquez fue aprehendido alrededor de las 21,30 en la calle El Nihuil, en el mismo sector donde se produjeron las otras detenciones y se llevaron a cabo los allanamientos. Cabe señalar que en uno de esos operativos fue detenido, en su casa, «Caco» Figueroa.

En tanto Fuentes Provoste fue sorprendido cerca de las 23 en la calle Cháneton al 1700, en una de las viviendas que utilizaba alternativamente para alojarse. Habría denunciado otros domicilios en las calles Uspallata y La Plata.

Los dos jóvenes, según trascendió, tendrían causas policiales abiertas, aunque por hechos menores.

El más conocido por la policía sería Fuentes Provoste, oriundo de Chile, a quien se le adjudica fama de «punguista» y «arrebatador».

Dicen que es quien abastecía de «pastillas» y presuntamente droga la banda.

En el atentado contra Sepúlveda, por el momento, se les atribuye haber integrado el grupo, pero no hay precisiones sobre el papel que habría jugado cada uno en el momento de la ejecución.

Los nuevos detenidos fueron sometidos a una ronda de reconocimiento, pero se ignoran los resultados.

«La vinculación de los detenidos con Sastre y «Patico» Hernández está definitivamente comprobada», dijo una fuente. De ahí se interpreta que el crimen fue

una venganza por la muerte de Hernández, en un enfrentamiento con la policía tras un asalto.

El Fiat Uno blanco de «Patico» estaba en la casa de una familia vecina al aguantadero donde se había refugiado Sastre, tras fugarse de la puerta de tribunales ayudado por Hernández. Una mujer dijo que se lo había comprado, pero se cree que es una estrategia para desviar la investigación. Su único ingreso es un subsidio de la ley 2128 y, en otro dato significativo, se dice que uno de sus hijos integraba la banda sospechada.

La investigación judicial preocupa a las filas policiales

VIEDMA- La investigación judicial por presuntas irregularidades policiales arrastraría consecuencias inesperadas.

Esta semana generó la detención del sargento Oscar Roumec y el desplazamiento del jefe de la Regional Primera, Rubén Paolini, de quien dependía directamente el oficial principal Ricardo Sales, que estaba a cargo de la subcomisaría del barrio Guido. Este policía se encuentra de licencia por disposición de la Jefatura de Policía para facilitar la investigación judicial, y sobre todo evitar presiones al personal de esa unidad que fue citado como testigo, según se explicó desde la Jefatura.

Todo comenzó con el allanamiento a aquella subcomisaría por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de la cooperadora y el pago de los servicios adicionales del personal. A partir de allí se abrió la investigación hacia otras presuntas irregularidades como el enriquecimiento ilícito que actualmente incluiría bajo un gran hermetismo judicial a varios funcionarios policiales. Hoy es difícil predecir dónde terminará todo y a cuántos arrastrará la corriente de la sospecha.

La detención del sargento Oscar Roumec por «amenazas agravadas» contra un empleado de una estación de servicio en la que habría prestado servicios privados, una causa totalmente desvinculada de las anteriores, aumentó la preocupación no sólo de la conducción policial sino entre quienes podrían estar en la mira de la investigación.

Nadie quiere «quedar pegado». Por una parte, el jefe de la Policía dispuso el desplazamiento del jefe de la Regional Primera, Raúl Paolini, con el fundamento de posibilitarle su derecho de vindicarse tal como lo establece la Constitución. Esta decisión fue interpretada como una señal de la conducción policial de ponerse a plena disposición de la Justicia y desplazar a quienes estén cuestionados.

Por otra parte fue importante la presentación espontánea de policías en el juzgado de Jorge Bustamante para prestar testimonio, actitud que fue considerada como una forma de dejar a salvo la respectiva responsabilidad.

«Mi hijo ha sido golpeado brutalmente y los guardias lo amenazaron de muerte»

NEUQUEN- «Lo han golpeado brutalmente, lo tienen encerrado en el buzón y permanentemente le dicen que lo va a hacer boleta», relató Jorge Sepúlveda, el padre de Walter, uno de los sospechosos detenidos por el crimen del suboficial de la policía provincial.

Ayer Sepúlveda y su esposa tuvieron un primer contacto con su hijo en la Unidad de Detención 11, donde está alojado desde el miércoles. Tras la visita dijeron estar aterrorizados y temen por la vida del joven mientras permanezca detenido, porque es víctimas de apremios ilegales.

En un breve contacto con «Río Negro», los Sepúlveda derivaron las consultas a los dirigentes de la organización de Derechos Humanos Zainuco, porque «será la encargada de hablarle a la prensa», según dijeron.

La presidenta de Zainuco, Gladys Rodríguez, dijo que Jorge Sepúlveda encontró al muchacho con signos de haber recibido una golpiza, pero lo que le preocupa sobremanera son las amenazas de muerte que recibe a cada momento.

«Su hijo le contó que lo tienen en el «buzón», que no le dan de comer y sólo ayer, al saber que ellos lo visitarían, lo colocaron un colchón y le dieron un plato de comida», comentó la dirigente.

Les ha dicho que lo golpean a cada rato, que lo «verdugean» tirándole agua helada y que le dicen que si habla de lo que le está pasando «es boleta segura».

«El temor es que como habrá un fin de semana largo, lo sigan golpeando y los padres no tienen a quien recurrir para que les asegure que las golpizas cesarán», dijo Rodríguez.

Según los Sepúlveda, no se han podido contactar con la defensora oficial Marta Firtuoso, quien asumió la defensa de Walter en el caso.

«El viernes se contactaron con la subsecretaria de Seguridad Alicia Comelli, quien les dijo que se quedaran tranquilos y les garantizó que podrían ver a su hijo. Pero al verlo comprobaron que está todo golpeado, lo que demuestra que el poder de decisión sobre los detenidos lo ejerce la policía, con el amparo del Poder Judicial», señaló Rodríguez.

De acuerdo a lo que le habría dicho a sus padres, Sepúlveda recibió la golpiza más violenta a pocas horas de ser detenido y que cree que fue en la Comisaría 17 del barrio La Sirena.

Les narró que debido a las lesiones que presentaba fue llevado al hospital Castro Rendón, donde lo revisaron, le hicieron placas radiográficas y lo medicaron. «Pero la policía en ningún momento le suministró los medicamentos», dijo Rodríguez.

El alerta sobre los castigos que estarían sufriendo en prisión los detenidos lo dio el juez que investiga la causa, Eduardo Badano, quien dijo comprobó personalmente las lesiones que presentaban. A raíz de ello se elaboró un informe médico sobre el estado que presentaban.

Según sus familiares, los detenidos siguen siendo blanco de la violencia de los carceleros y reclamaron la urgente participación de las autoridades judiciales para que frenen los apremios ilegales.