El debate que sigue oculto: las reformas estructurales

Por Pablo Guido (*)

En las últimas semanas ha vuelto a recrudecer la cuestión de la renegociación de la deuda pública en default (U$S 88.000 millones más los intereses no pagados desde el 2001). Las posiciones de los diferentes «jugadores» serían éstas:

a) Gobierno nacional: insiste en la quita nominal del 75% sobre el stock de la deuda sobre la base del inamovible 3% de superávit primario comprometido en el acuerdo de setiembre del 2003. Para las autoridades argentinas una quita de menor magnitud significaría tener que incrementar el superávit primario y por lo tanto echar mano a dos instrumentos: la emisión monetaria o el aumento de la presión tributaria. El gobierno ha descartado una disminución del gasto primario como tercera alternativa.

b) Corporaciones empresarias argentinas: han manifestado su apoyo a la propuesta del gobierno nacional, presionadas seguramente por la amenaza de ver aumentada la presión tributaria y quizás por otras no manifestadas públicamente (regulaciones en contra del sector privado, «cacería» tributaria mediante leyes antievasión más duras, etc).

c) Acreedores o bonistas: insisten en la mejora de la propuesta del gobierno argentino, amenazando con seguir el camino judicial y la no aceptación de la renegociación voluntaria. Justifican su pedido en: 1) la gran recuperación de la economía argentina del 2003, lo cual permitiría al gobierno contar con recursos excedentes para hacer frente a una mejor propuesta y 2) el excesivo y salvaje recorte propuesto inicialmente por el gobierno argentino.

d) Fondo Monetario Internacional: diplomáticamente ha sugerido una mejora en la propuesta del gobierno argentino y una aceleración del proceso de renegociación, presionado por grupos de acreedores privados cuyos gobiernos conforman (y contribuyen con fondos al organismo internacional) el directorio del FMI.

e) Contribuyentes, empresarios sin poder de «lobby» y ciudadanos comunes argentinos: éste es el grupo «sin voz ni voto» perteneciente a una «mayoría silenciosa». Se encuentra sin representación alguna y con la constante amenaza de nuevos incrementos de la presión tributaria (impuestos legislados o inflacionario). Además, tiene que costear con la elevada presión tributaria argentina el «elefante blanco» que es el Estado y sin perspectivas en el corto y mediano plazos de ver mejorados los servicios de seguridad, justicia, educación o salud que provee el sector público.

El nudo gordiano que, aparentemente, surge de este juego de intereses no debería ser tal si se diera una serie de condiciones encadenadas en una secuencia lógica:

– Que el superávit primario del 3% comprometido en el acuerdo con el FMI se mantenga, pero los pagos necesarios para hacer frente a una renegociación más «amigable» con los acreedores aumente en términos absolutos.

– Esto requeriría que el PIB argentino crezca a una tasa mayor a la proyectada por las autoridades nacionales (3,2% para los próximos 27 años). Estamos pensando en un incremento del producto de alrededor de 6 ó 7 puntos anuales.

– Para crecer a una tasa del 6/7% durante los próximos 30 años queda claro que la estructura institucional del país no es la adecuada (entre 1934 y el 2002 el PIB per cápita aumentó un 1% anual). Se impondría así la ejecución de una agenda de reformas profundas, amplias y que se mantengan en el tiempo.

– Una de las reformas esenciales, para asegurar que una tasa de crecimiento del orden del 6/7% anual genere un superávit primario suficiente para mejorar la capacidad de pago del Estado, es una reestructuración del sector público argentino (nación, provincias y municipios). El objetivo de dicha reforma es limitar la tendencia histórica del Estado argentino de incrementar el gasto público. En otras palabras, que el Estado no intente apro

piarse de los mayores recursos fiscales generados por una mayor base tributaria (por la mayor actividad económica).

– De la misma manera, la reforma del sector público argentino tiene que orientarse a limitar la presión tributaria y así liberar recursos productivos para generar altas tasas de crecimiento durante los próximos 30 años.

– La reforma se tendría que complementar con una mayor apertura comercial al mundo y una ampliación de la desregulación de mercados de factores y bienes. Esto generaría menores costos productivos e impulsaría una mayor eficiencia en la economía.

Beneficios y costos del proceso de reformas

La secuencia apuntada más arriba tiene ganadores y perdedores en el proceso:

1) La clase política perdería parte del poder que hoy detenta, al limitarse los comportamientos gastomaníacos y de «apropiación de rentas y patrimonios» mediante la estructura tributaria.

2) La burocracia también es perdedora neta, ya que la reestructuración del sector público implica cambios sustanciales en la selección del personal, condiciones laborales y en el sistema de premios y castigos. Un Estado meritocrático impone mayores esfuerzos por parte de los que pertenecen o quieren ingresar a la organización.

3) El sector de los grandes grupos empresarios tendría grandes amenazas sobre sus «mercados cautivos» mantenidos durante décadas al abrirse la economía al mundo. Esto implicaría un esfuerzo de adaptación significativo, lo cual genera oposición entre muchos de estos grupos de cara a la reforma.

4) Los sectores de pequeños y medianos empresarios: claramente se encuentran entre los ganadores inmediatos de una reforma, ya que verían disminuir sus costos de producción y podrían alcanzar posiciones más competitivas en los mercados.

5) Los sindicatos: otro de los grandes perdedores, ya que la desregulación de los mercados laborales y de las obras sociales implicaría menores cuotas de poder de negociación y menores ingresos monetarios a sus organizaciones. La adaptación al nuevo esquema institucional también sería un esfuerzo grande, con lo cual se encontrarían también dentro de la coalición opositora a la reforma.

6) Sectores con mayor incidencia de pobreza e indigencia: principales beneficiarios, al permitírseles salir de la «condena del subdesarrollo». La mayor demanda laboral, como consecuencia del incremento del nivel de actividad y menores costos de contratación, generaría aumentos en los niveles de ingresos de este mayoritario grupo de la sociedad.

7) Sectores de clase media: el impacto es negativo y positivo. Este grupo socioeconómico representa el sector mayoritario del empleo público del país (burocracia, contratados, etc). Por otro lado, integra el amplio grupo de profesionales empleados en el sector de servicios que verían incrementar sus ingresos como consecuencia de la mayor participación del sector en la economía a medida que el PIB crece sostenidamente (este fenómeno se verifica en los países desarrollados donde los servicios generan más de los dos tercios del PIB).

8) Organizaciones «piqueteras»: otro de los perdedores. Un mejoramiento de las condiciones en el empleo y los salarios les restaría el poder político y económico que actualmente administran.

La implementación de un programa de reformas depende de la percepción que los distintos «jugadores» tengan de los costos y beneficios de emprender el cambio institucional. En los últimos setenta años la percepción que la reforma genera mayores costos que beneficios va ganando la partida. O para ponerlo en otros términos, la coalición anti-reforma fue, y es aún, mayor que la coalición pro-reforma. Por eso, el debate respecto de pagar más o menos dinero a los acreedores de la deuda pública oculta un debate más de fondo: encarar un proceso de reformas o no. Este es el verdadero costo que debe evaluarse para los próximos 30 años. ¿Estarán Kirchner y su coalición de gobierno dispuestos a iniciar las transformaciones «en serio» que necesita el país, o solamente será un gobierno más de los tantos que tuvimos en los últimos setenta u ochenta años? Y si está dispuesto, ¿lo dejarán los grupos de presión locales o tendrá el apoyo de la población?

 

(*) Economista Fundación Atlas