El déficit fiscal triplica la asignación por hijo





La crisis que azota a varios países desarrollados está asociada a una insostenible brecha entre los ingresos públicos y los gastos que demanda el Estado. En el caso de Argentina se argumenta que los riesgos de crisis son bajos porque la situación fiscal sería sólida. Sin embargo, alcanza con computar los pasivos previsionales no registrados para desnudar una situación muy precaria. La principal diferencia con los países desarrollados es que en la Argentina la falta de institucionalidad permite esconder estos desequilibrios difiriendo sus consecuencias al futuro. Se extienden y profundizan los problemas económicos en la mayoría de los países desarrollados, incluyendo los EE. UU. Un factor clave en esta crisis es la acumulación de déficits que han derivado en muy altos niveles de endeudamiento público. La dinámica fiscal insostenible se combina con sistemas políticos que están demostrando baja capacidad de acción para acordar las estrategias de recomposición de las cuentas públicas que conduzcan a la sustentabilidad. El resultado es alto nivel de incertidumbre con perturbaciones negativas sobre la situación económica y social. Según la Secretaría de Hacienda, en el primer semestre del año el Estado nacional tuvo un superávit primario (esto es la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos sin considerar los pagos de intereses de deuda pública) de $ 1.800 millones promedio mensual. Pero si se observa que: • Si del superávit fiscal primario se resta el pago de intereses de deuda pública, el Estado nacional pasa a tener un déficit de $ 360 millones promedio mensual. • Si adicionalmente se resta las transferencias de la Anses, el desequilibrio pasa a ser de $ 1.900 millones promedio mensual. • Si a este resultado se le descuenta las transferencias del Banco Central y otros organismos (PAMI y fondos fiduciarios) el déficit fiscal llega a $ 2.700 millones promedio mensual. Los datos oficiales señalan que con las tendencias del primer semestre llegaría a acumularse en el año 2011 un desequilibrio del orden de los $ 33.000 millones. Para tener una idea de órdenes de magnitud, el déficit fiscal es casi tres veces lo que se destina a la Asignación Universal por Hijo. Las evidencias muestran que la aparente “solidez” fiscal depende decisivamente de considerar como ingresos normales del Estado los excedentes del sistema previsional, la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, las reservas del Banco Central y los “ahorros” forzados en organismos públicos con el consiguiente deterioro de los servicios a la población, como por ejemplo los servicios sanitarios de PAMI. Más importante aún es que en la contabilidad pública no se registra una gran cantidad de gastos. Por ejemplo, se reconoció oficialmente que hay 300.000 juicios previsionales con fallos definidos y que la Anses demora el pago. Fuentes judiciales señalan que estos juicios llegarían a los 470.000 y con tendencia creciente. De los trascendidos periodísticos posteriores a la reunión de la Corte Suprema con las autoridades de Anses surge que si se respetara el precepto constitucional de la movilidad de los haberes previsionales (que es el factor que genera los juicios), el gasto corriente del Estado nacional aumentaría en $ 37.000 millones, es decir, el déficit fiscal se duplicaría.

IDESA


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