El después del caso Blumberg

Por Horacio Rubén Jankowski (*)

La demostración ciudadana del 1 de abril marcó un antes y un después sobre la inseguridad que vive nuestro país. Muchos advertíamos esta situación, algunos llegamos a decir que si quienes conforman el Estado no actúan en concordancia con esta demanda ciudadana, podría llegar el día en que alguna autoridad electa por el pueblo tenga que dejar su puesto anticipadamente, por exigencia de ese mismo pueblo, es decir, lo que alguna vez ocurrió por situaciones «económicas» hoy puede suceder por la «inseguridad».

Parte de la ciudadanía manifestó su indignación concurriendo a los distintos actos, pero quienes no estuvieron -el resto de la sociedad- comparten y apoyan ampliamente este reclamo común de seguridad, que es simplemente la búsqueda de una mejor calidad de vida, el respeto de los derechos individuales, las garantías constitucionales, el cumplimiento de las normas, el vivir en una sociedad con orden, con valores y con lo que es más importante, con esperanza.

Ya hace tiempo, el aumento de la criminalidad ha puesto en cuestión, para aquellos que trabajan desde la sociología, los dos grandes paradigmas de la criminología: primero, el del positivismo, que el progreso social iba a resolver el problema del delito. Es decir, la relación directa entre desarrollo humano y social y descenso de la criminalidad. Pero también, ha entrado en crisis el paradigma del neoclasicismo: más penas y más gente presa resuelven el problema de la seguridad.

Hoy es necesario analizar la inseguridad desde cuatro actores fundamentales: el infractor, la víctima, el Estado y sus intereses y la sociedad civil. Si no entendemos que el desarrollo de una estrategia de prevención y represión del delito debe basarse en la conjunción de los factores que actúan entre estos cuatro actores, nunca se podrá desarrollar una real «política de Estado» sobre el tema «seguridad».

Interpretar este concepto en un lenguaje común significa que si bien es cierto que hay que modificar leyes, esto solo no soluciona el problema. También resulta necesario que el Poder Judicial en su conjunto efectúe una autocrítica del propio sistema y lo adecue a la realidad actual. Que desde el Ejecutivo se diseñe una real política de alojamiento y resocialización del delincuente -sistema colapsado en todo el país-. Que la víctima pueda encontrar en el Estado la contención, atención y solución a su problema en forma efectiva y en tiempo oportuno. Y, lo que es muy importante, que la sociedad toda entienda la trascendencia que implica su accionar ante la inseguridad; no basta con creerse un buen ciudadano. Es necesario saber, por ejemplo, que la corrupción tiene dos puntas: el que corrompe y el que acepta este acto. Que el que compra un elemento robado, como el que infringe una norma o comete una infracción de tránsito, también es parte de la «inseguridad» o de la «sensación de inseguridad».

El Estado Nacional tiene una responsabilidad ineludible en esta problemática, debe diseñar un «Plan Director Nacional» -no solamente para la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense- que contenga una planificación consensuada, entre los distintos partidos políticos, gobiernos provinciales y municipales, dando lugar a un verdadero «Sistema integral de gestión de la seguridad» enmarcado en una «Política de Estado» con acciones al corto, mediano y largo plazos.

Hemos comenzado a transitar un nuevo camino, en el que deberán diseñarse objetivos a ir cumpliendo, donde los ejemplos y las soluciones quizás converjan de algunas provincias y no de las grandes ciudades o estados, que no han sido capaces de plantearle a su ciudadanía algún viso de esperanza. Hoy existen, por ejemplo, provincias que han comenzado una transformación en sus modelos policiales, basados en objetivos como la desmilitarización de la fuerza, profesionalización, eficacia y mayor horizontalidad organizacional, policía preventiva de proximidad, alta resolución investigativa, capacidad reactiva inmediata, redefinición de las funciones operativas y administrativas, fuerte control interno disciplinario y de gestión e incorporación de procesos de calidad.

Por último, no olvidemos el mensaje del ciudadano común, que pretende escuchar de los políticos manifestaciones concretas y sin tecnicismos, que permitan visualizar un abordaje serio del problema, que tenga efectos inmediatos y respuestas a las demandas actuales de inseguridad, pero a la vez quiere saber cuáles serán los ejes de una política de Estado que marquen un camino de cambio, de respeto por los derechos individuales y el recupero de vivir en un país con justicia y libertad.

 

(*) Crio. gral. Asesor en Seguridad Pública


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