El Ejecutivo de Río Negro negó el pago de sobreprecios en kit escolares
Esa fue la reacción de las autoridades después que se conoció una auditoría del órgano de control. Lo consideraron “un prejuzgamiento contando con datos e información que surgen de un informe sin ningún rigor técnico”.
EDUCACIÓN
El Gobierno de Río Negro emitió este martes por la tarde un comunicado para negar “rotundamente cualquier posibilidad de pago de sobreprecios en la compra de kits escolares por parte del Ministerio de Educación y Derechos Humanos”.
En una nota del sitio web oficial requirieron “públicamente al fiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone, que cese en su accionar que, en base a cuestiones sin fundamento, pone falsamente en tela de juicio el accionar de los funcionarios”.
Esta respuesta fue la reacción de las autoridades después que se conoció una auditoría del órgano de control donde advierte de sobreprecios de un 30% en la adjudicación y compra de kits escolares adquiridos por Educación.
Después de una publicación de “Río Negro”, esa operación ya fue denunciada penalmente en junio por la entonces legisladora del FpV, Ana Piccinini ante la fiscal penal Itziar Soly, desconociendo si hubo actuaciones del ministerio público.
Desde Provincia, sin embargo, consideraron que las actuaciones se basan en “argumentos falaces”, “fundamentos que carecen de validez alguna”. “Se acusa malintencionadamente al Gobierno y sus funcionarios de supuestos actos de corrupción”, se quejaron, marcando que les “llama la atención que tan prestigioso medio haga referencia a un informe parcializado y tendencioso, a todas luces equívoco, cuando se encuentra a disposición toda la información correspondiente a este trámite en el Ministerio de Educación”.
Definida como “una operación de desprestigio”, opinaron que la labor llevada a cabo “se ha transformado en una actitud extorsiva, descalificadora e irresponsable de parte del Fiscal, la cual llamativamente ha encontrado eco en algunos medios de prensa”.
“El informe presenta gruesos errores conceptuales, al tiempo que la denunciada “falta de acreditación del destino de los bienes y constancia de distribución”, nada tiene que ver con la realidad”, señalaron.
En su favor, argumentaron “que el procedimiento administrativo llevado adelante contó con la intervención, control y aprobación de los organismos de control internos correspondientes, como la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia. Además, se respetaron todos y cada uno de los pasos previstos en la Ley de Administración Financiera provincial”.
“Prueba del funcionamiento de los controles del Estado, ante la falta de cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de la licitación en la entrega de uno de los productos, la Provincia procedió a cobrar una multa de $1.200.000 y ejecutar la garantía por un monto de $2.400.000”, se ejemplificó.
“El supuesto comparativo ha sido realizado teniendo en cuenta las ofertas realizadas a la administración en relación a un pliego de bases y condiciones específicas, con los precios provenientes de una empresa que se encuentra imposibilitada de ofertar en la provincia y con la referencia del valor de un programa “Precios Cuidados”, careciendo el Informe del rigor técnico necesario para concluir un sobreprecio y determinar un presunto perjuicio”, consideraron.
Por último, rechazaron la objeción del organismo en torno a la supuesta “falta de acreditación del destino de bienes y constancia de distribución”. “Se trata pues de otra falaz y malintencionada información, ya que los datos sobre dicha distribución son información pública”.
“Los kits que no fueron distribuidos, se encuentran depositados en dependencias del Ministerio de Educación para ser entregados en el transcurso del ciclo lectivo 2016 a sus alumnos beneficiarios”, aclararon.
“Es preocupación del Gobierno de Río Negro que informaciones de este tipo confundan a la opinión pública”, plantearon, “sembrando dudas en el accionar del organismo y de los funcionarios provinciales”.
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