El Ejecutivo defendió la ordenanza sobre CALF

NEUQUEN (AN).- El secretario de Servicios Públicos y Gestión Ambiental del municipio neuquino, Carlos Yanes, y el subsecretario de Servicios Concesionados, Fernando Palladino, defendieron la ordenanza 10.362, que regulará el servicio eléctrico en la ciudad, y desmintieron que la norma represente «una espada de Damocles» para la cooperativa CALF.

Los funcionarios también aclararon que no se hará la suspensión de la ordenanza solicitada días atrás por el actual presidente de cooperativa, Marcos Silva, y que las posibles modificaciones se debatirán en el marco de la comisión mixta encargada de reglamentar la nueva norma.

Pese a ello, Yanes negó que el cambio en la conducción de CALF haya afectado la relación de la entidad con el municipio. «Nunca hemos participado de la vida política de la cooperativa y somos independientes de ese proceso», sostuvo el secretario.

Palladino recordó que la norma fue consensuada «con todos los sectores de la empresa eléctrica» y se aprobó «por unanimidad» en el Concejo Deliberante. El subsecretario afirmó que «se hicieron numerosas reuniones con todos los miembros de la cooperativa CALF, no sólo con el Consejo de Administración sino con los integrantes de las distintas listas», incluida la actual conducción de la cooperativa.

«En función de ese trabajo, se presentó una ordenanza que es la que fue aprobada por unanimidad en el mes de octubre», añadió Palladino, «entendemos que esta es la mejor ordenanza que podíamos sancionar».

Por otra parte, Yanes señaló que «esta ordenanza no es, como se ha estado comentando en los últimos días, una espada de Damocles para la empresa eléctrica» y aclaró que el obje

tivo del Ejecutivo es «empezar a controlar este servicio concesionado, lo que después se va a trasladar a los demás servicios».

«No estamos cercando a la cooperativa para lograr la privatización de la misma», enfatizó el secretario de Servicios Públicos.

En el mismo sentido, Palladino declaró que la norma «no significa ni la muerte ni la desaparición de la cooperativa» y que, pese a las críticas, «si nos hemos equivocado en algunos puntos de la ordenanza, estamos dispuestos a revisarlos». Sin embargo, el subsecretario advirtió que «los criterios no se van a modificar a menos que se demuestre que son erráticos».

Los funcionarios explicaron que la ordenanza plantea un cuadro tarifario «inicial» con un plazo de vigencia de 180 días durante el cual se podrá modificar, entre otros puntos, el aumento de tarifa otorgado.

Además, Yanes sostuvo que las obligaciones establecidas por la ordenanza «de ninguna manera significan inversiones de 6, 7 u 8 millones de pesos durante el primer año, como se dijo en los medios».

El secretario explicó que en ese cálculo se está tomando en cuenta el plan de obras que la cooperativa ya estaba obligada a presentar antes de la sanción de la nueva norma. «No es que estemos adicionando un costo, sino que estamos blanqueando una situación que no se estaba dando», explicó el funcionario.

Yanes también afirmó que, con el nuevo reglamento, el municipio se hará cargo de los subsidios de la tarifa social, que antes se le cobraban a todos los usuarios.

¿Se viene un nuevo aumento tarifario?

Durante la conferencia de prensa de ayer, el secretario de Servicios Públicos, Carlos Yanes, explicó que el lunes comenzará a funcionar la comisión mixta que reglamentará la ordenanza sobre el servicio eléctrico.

El funcionario indicó que en un plazo de 180 días se definirá «cuál será el costo real del servicio», lo que permitirá determinar si es necesario modificar el aumento tarifario aprobado el 31 de octubre pasado.

Yanes informó que ya se invitó a los concejales y a la actual conducción de CALF a la reunión de la comisión mixta.

El funcionario indicó que con la ordenanza 10.362 se aprobó «un aumento promedio del 10%, que hemos denominado inicial, porque no contamos con el total de la información que nos permita certificar cuál es el costo real del servicio».

El secretario añadió que por ese motivo se creó un «comisión tripartita» que definirá un cuadro tarifario definitivo en base a los costos de la distribución de la energía, y señaló que el trabajo de la comisión se hará «conjuntamente con una auditoría por parte del poder concedente, para la cual ya se llamó a licitación».

Yanes recordó que, hasta la sanción de la ordenanza, no se contaba con un marco legal que regulara el servicio eléctrico en la ciudad y que esa situación impidió que al Ejecutivo contar con la información necesaria para definir el costo del servicio.

La comisión mixta, que estará integrada por representantes del Ejecutivo, del Deliberante y de la cooperativa, tendrá un plazo de 180 días a partir de la aprobación de la ordenanza para realizar los cambios que se consideren necesarios. (AN)