El Ejecutivo podrá licitar el transporte urbano

Luis García

Los concejales neuquinos debatieron ayer la nueva norma que habilita al Ejecutivo a licitar el servicio.

NEUQUÉN (AN).- El largo camino para regular el transporte público, que se inició el mismo día en que terminó formalmente el contrato de concesión del transporte de colectivos a la empresa Indalo y que incluyó tres prórrogas en dos años, terminó anoche, cuando una mayoría conformada por el oficialismo municipal y un sector del MPN sapagista sancionó una ordenanza que habilita al Ejecutivo municipal a licitar el servicio. El proyecto que presentaron los emepenistas Hugo Acuña, María Angélica Carnaghi y Hugo Rauque fue el que habilitó la salida al oficialismo porque cambió el eje del tratamiento: en lugar de tener que expresarse sobre el pliego de licitación que estaba en tratamiento desde junio y que, a pesar de las modificaciones que se realizaron, no logró nunca los votos para avanzar, lo desestimó y facultó al Ejecutivo a realizar el llamado. Para los autores, fue una manera de presionar al intendente Martín Farizano para que resuelva el problema; pero muy distinto fue el análisis de los opositores. Mercedes Lamarca (Libres del Sur) habló de “fraude” y de una “farsa”, en la que “los que tienen que velar por los intereses de los ciudadanos terminan defendiendo los intereses de las empresas”. Marcelo Bermúdez (Recrear) cuestionó uno a uno los puntos del articulado de que finalmente se sancionó. Entre otras cosas, afirmó no se definió una cantidad mínima de colectivos, frecuencias o ramales y que se terminó de configurar el escenario para que Indalo, la actual prestadora, sea la empresa que esté en mejores condiciones de cara a la licitación. El posicionamiento de UNE fue el que terminó de confirmar que, en realidad, la licitación terminará confirmando a Indalo al frente del transporte público en la ciudad. Mariano Mansilla, ex secretario de gobierno de Farizano, primero aclaró que la facultad de convocar a la licitación fue siempre del Ejecutivo; y luego sugirió que los términos en que se realizará el llamado responderán más a lo que exige el mercado que a las condiciones del Ejecutivo. “Las empresas son una corporación. No se prensentarán donde está Indalo por el poderío que tiene”, dijo, y luego afirmó que “de un monopolio se sale con el apoyo de un pueblo” pero que “hoy somos rehenes de esa empresa”. “Tenemos que tratar de tener el mejor servicio posible”, afirmó. Las críticas más duras no fueron técnicas, sino que apuntaron a la “honestidad” de los funcionarios, lo que derivó en numerosos cruces entre acusados y acusadores.