El Ejército niega la destrucción de documentos 

BUENOS AIRES (DyN) – El Ejército desmintió ayer que se haya destruido documentación relacionada con la represión ilegal en una dependencia castrense y atribuyó el origen de esa versión a «una revancha» de agentes de inteligencia recientemente echados de la fuerza.

Fuentes del Ejército desmintieron «categóricamente» que se hubiera producido la destrucción de los documentos en las instalaciones de la agrupación de Apoyo de Inteligencia, ubicadas en el barrio porteño de Floresta, aunque sí reconocieron que ante la versión que circuló ayer se dispuso un operativo de inspección para determinar la veracidad de la denuncia.

En este sentido, un vocero de la fuerza informó que la versión carecía de fundamentos y la atribuyó a ex agentes de inteligencia que fueron despedidos.

«Estamos en condiciones de afirmar que esas informaciones carecen absolutamente de veracidad», señaló la fuente que, no obstante, confirmó que por orden del jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, se efectuó una minuciosa investigación en esa dependencia.

Según el vocero, «mucha gente del área de inteligencia se quedó sin trabajo y no descartamos que alguno, por revancha, intente desprestigiar a la fuerza haciendo circular las versiones».

En el marco de la búsqueda de documentos de la represión en dependencias del Ejército ordenada por el jefe de la fuerza, una serie de manuales del Ejército con instrucciones para la lucha antisubversiva de los años 70 fueron encontrados en el Instituto Geográfico Militar (IGM)

Según revelaron a DyN fuentes oficiales, el director de ese Instituto, Coronel César Milliet, envió ayer a al Ministerio de Defensa esos manuales, que estaban en su poder. Defensa los derivó inmediatamente al juez Claudio Bonadío, que investiga la represión ilegal en el marco del denominado «Plan Cóndor» aunque aclaró a través de sus voceros que no contienen listas de muertos y desaparecidos. El Ejército ha recibido numerosos oficios de la Justicia para la entrega de documentación sobre la dictadura, pero siempre negó poseer archivos, órdenes escritas o legajos de las víctimas.

Pero los organismos de derechos humanos no cesaron en sus reclamos de información y, en diciembre de 1998, el ex comandante del Ejército Cristino Nicolaides declaró al juez Adolfo Bagnasco que las Fuerzas Armadas aún conservan documentos sobre al represión ilegal.

Reunión con víctimas del Plan Cóndor 

Buenos Aires (Télam).- La subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Diana Conti, se entrevistó con integrantes de la Comisión de Familiares de Víctimas del Plan Cóndor, el operativo de represión de las dictaduras militares en América del Sur.

Según se informó en un comunicado, en el encuentro con los familiares de las víctimas de la represión de la década del 70, Conti se comprometió a «realizar todos los esfuerzos en la búsqueda de la verdad».

Además, la funcionaria del Ministerio de Justicia puso en conocimiento de la Comisión la información vinculada al Plan Cóndor, que está en los archivos de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El «Plan Cóndor» fue una alianza de cooperación en la represión de disidentes de las dictaduras militares del Cono Sur.

Ex juez denuncia que Corach repartía dinero entre magistrados

ROSARIO (DyN) – El ex juez federal de Santa Fe Raúl Dalla Fontana acusó al ex ministro del Interior, Carlos Corach, de enviar dinero a magistrados de ese fuero para «facilitar» algunas causas de su interés, y denunció que durante el gobierno de Carlos Menem a él mismo intentaron «coimearlo» para que desistiera de una resolución.

Dalla Fontana recordó que en 1995 decidió renunciar a su cargo por considerar que «no eran infundadas» las denuncias lanzadas en su momento por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien le imputó a Corach el control político de jueces federales.

En un reportaje que ayer publicó el diario La Capital de Rosario, evocó que cinco años atrás «cuando me entero de que el ex ministro Carlos Corach hacía aportes dinerarios con fondos reservados a los jueces que tenían buena relación con él, decido renunciar. Entonces me di cuenta de que las denuncias de Domingo Cavallo sobre la servilleta de Corach no eran infundadas».

«Me imagino que era para que nombren empleados o para que tengan alguna facilidad en el juzgado. No quiero pensar mal, pero les enviaba aportes dinerarios», denunció.

Dalla Fontana sostuvo que a él no llegaron a ofrecerle dinero porque, explicó, «cuando alguien intentó empezar a hablar de ello corté la llamada telefónica», y aseguró que desde ese momento pasó a «ser mal visto por el gobierno de Carlos Menem».

Por otra parte, el ex magistrado dijo haber sido víctima de un intento de soborno durante la gestión menemista, cuando resolvió procesar a los ex gobernadores justicialistas santafesinos José María Vernet y Víctor Reviglio