El entramado que impide que se investiguen hechos preocupantes en Río Negro

La Policía no avanza en la pesquisa por el fallido ataque a «Río Negro». Tampoco la Justicia, legisladores y organismos de control investigan la denuncia de este diario sobre el especial vínculo entre el gobernador Verani y la constructora Mocciola. Hay además una trama que no sólo bloquea toda iniciativa, sino que busca desacreditar al diario. De ella participan jefes policiales que permanecen durante años en sus puestos y mantienen vínculos de familiaridad con el entorno del gobernador Pablo Verani. Inquietantes personajes con llegada al poder aparecen en escena y se vinculan entre sí.

La información del «Río Negro» sobre las adjudicación de obras de viviendas del IPPV sin licitación y el vínculo particular entre el empresario Mocciola y el gobernador Verani, no ha tenido por parte de la Justicia, la Legislatura y los órganos de control ninguna actividad especial de investigación, y cuando la hubo, fue para desestimarla.

El director de Comercio Interior ayer produjo un dictamen en torno de la denuncia que hizo Grosvald sobre la chacra de Verani. La desestimó por considerar que su organismo no tiene competencia en el tema .

En tanto, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Carlos Malaspina, dijo que se está ocupando de la denuncia periodística, pero por ahora hizo desgrabar la cinta de la conferencia de prensa de Verani. Como se recuerda, el gobernador con la compañía de constructores, ministros y familiares, habló por cadena provincial, para contestarle al «Río Negro».

«Tardamos, porque costó mucho desgrabarla… Son como 30 páginas…». Malaspina admitió que aún no pidió el contrato de alquiler de la chacra de Verani a Mocciola para analizarlo.

En la Legislatura no hubo novedades, ni ningún proyecto de comisión investigadora o de interpelación.

Ningún funcionario judicial, hasta donde sabemos, ha tratado medida alguna.

La misma suerte parece correr la pesquisa policial por el intento de incendio de la planta de reservas de papel del «Río Negro», ocurrido hace tres semanas y dos días después de la investigación sobre el vínculo entre el gobernador y la empresa Mocciola.

La instrucción policial está a cargo de Leonardo Riveros, jefe de la Comisaría 31 de Roca, denominada «de las 250 Viviendas» con jurisdicción en el área donde se produjo el fallido ataque.

A pocas horas del hecho, Riveros se mostró molesto por lo que interpretó como una falta de colaboración del diario para radicar la denuncia, pese a que todo cuanto se sabía fue publicado al día siguiente.

Pocos días atrás insistió en transferir sus nulos avances en la pesquisa en las acciones de los directivos del diario, hablando de una reticencia a permitir la pesquisa. Como se informó, no hubo tal reticencia.

Existe una coincidencia entre las declaraciones de Riveros y las que se vienen escuchando dentro del gobierno acerca de la intimidación.

En el gobernador Pablo Verani y sus colaboradores más estrechos se advierte la intención de hacer creer que el intento de ataque no fue otra cosa que una fabulación de este diario.

Quienes más se han encargado de interpretar la estrategia de poner en duda la palabra de «Río Negro» fueron algunos legisladores y determinadas emisoras de FM que sobreviven gracias a la ayuda estatal.

Por ejemplo, el conductor de la radio «FM Alamo» de Roca, conocido como «Tony Rey» dijo al aire que «Río Negro» se imprime con papel chileno. Fue en el contexto de su crítica a la investigación de Mocciola. Tal comentario llamó la atención porque precisamente el blanco elegido fue el depósito de las bobinas y porque la divulgación ocurrió un día antes de la intimidación.

Entre los legisladores, Marta Milesi fue la más crítica de la información sobre el intento de agresión: «Me parece muy suspicaz que el diario quiera asociar el atentado que sufrió con la última publicación». Y también: «Hay una connivencia entre Massaccesi y Rajneri para desprestigiar a Verani. El gobernador no se merece el desprestigio que le están ocasionando personas que no logran ganar con los votos y piensan que pueden destruirlo a través del poder de los medios».

Una alta fuente del gobierno admitió la semana pasada que en el oficialismo hay deliberada intención de propagar la tesis del autoatentado, y para ello hace notar que no hubo denuncia policial de este diario.

La base de esta conclusión está en sintonía con el pensamiento y las expresiones públicas de Riveros.

Riveros, inamovible

Hay un dato llamativo en el legajo de este comisario: permanece en el cargo durante 6 años.

¿Qué motivos podría tener la jefatura central de Policía para anclar durante tanto tiempo al jefe de una unidad, cuando en promedio un traslado se resuelve tras dos años de permanencia?

Los pases a otras jurisdicciones forman parte de la naturaleza de las estructuras uniformadas. Si no los hubiera o se demorasen, se trabaría la movilidad interna de la fuerza, es decir las oportunidades de ascensos. Tradicionalmente, en la Policía rionegrina los jefes policiales no permanecen más de dos años en sus puestos, excepcionalmente tres y casi nunca cuatro.

Los traslados también se dan cuando son pedidos por negligencia.

Riveros ha tenido un fundamento para ser apartado o, cuanto menos, investigado: su responsabilidad en el manejo de sus uniformados en el caso Queupán.

Juan Carlos Queupán era malabarista hasta que en marzo de 1998 un policía de la subcomisaría 77 le truncó la carrera volándole dos dedos de la mano de un itakazo, por la sola explicación de que «no tenía los papeles de la bicicleta».

Fue un ataque de enorme repercusión. Riveros era el jefe de la «77» y, entonces, se justificó: «Fue un accidente».

Sin embargo, por el hecho el policía Humberto Jara fue condenado a 1 año y 8 meses de prisión en suspenso, 4 años de inhabilitación, y trabajos comunitarios. Pero Riveros, que era el responsable del uniformado, permaneció en su cargo. Una fuente del mayor nivel policial señaló que se lo pensó remover, pero la gestión personal del ministro de Salud y Desarrollo Social, Daniel Sartor, lo impidió. La Jefatura de Policía lo desmiente.

De todas maneras, Riveros en otras épocas ha experimentado traslados. Pasó por Cipolletti, Bariloche y la zona atlántica, hasta que en 1995 recaló en Roca a cargo del entonces destacamento 132.

Eran épocas de la creciente zona noreste. Allí el índice de delitos no dejó de aumentar, por lo cual fue necesario crear una subcomisaría para un sector en el que viven unas 25.000 personas (poco menos de la cuarta parte de la población total de Roca)

Hace un año, la subcomisaría de Riveros fue elevada de rango. Ahora es comisaría 31, lo que trajo aparejadas mejores condiciones de salario de su responsable.

Riveros, al mando de 41 personas, justifica su permanencia en el cargo «porque nadie hasta ahora pidió mi remoción». Está convencido de que el conocimiento personal que tiene sobre los «delincuentes y personas de bien» en el área es la razón que explica su permanencia durante tanto tiempo.

Las fuentes contactadas por «Río Negro» confirmaron que entre Riveros y Sartor existe una relación informal, cimentada por años.

Uno de los consultados recuerda un hecho que fue el comentario del día en los niveles jerarquizados de la policía. El 7 de diciembre de 1999, durante la asunción de Sarandría y las demás autoridades municipales de Roca, el gobernador Verani eligió a Riveros como jefe de custodia del acto realizado en la Asociación Española. Lo tradicional es que esa responsabilidad la ejerza el jefe de la unidad más importante de Roca, que para ese acontecimiento estaba a sólo dos cuadras del lugar del acto. La imagen de Riveros pegado a Verani, allí y en la calle, fueron interpretados por varios uniformados como un símbolo de fidelidad.

Familiaridad

Riveros suele referirse a Verani con familiaridad. Y hace ostentación de ello.

Pero no es el único que habla en términos de «Pablo me dijo…» o «hicimos con Pablo…».

Según se sabe entre los uniformados, otro jefe policial que presume de amistad con Verani es el comisario Héctor Ricardo Ríos. Se trata del titular de la Comisaría 21, localizada en el barrio Aeroclub.

Los poblados sectores que están bajo la égida de la comisaría 21 (Nuevo, Tiro, Aeroclub, etcétera) enorgullecen al mandatario, quien siempre se consideró impulsor de sus desarrollos.

Ríos suele entrevistarse con frecuencia con Sartor y -por lo que se sabe- con el ministro se establece a menudo un vínculo especial, similar al de Sartor-Riveros.

Una de las fuentes recordó que por febrero, «Sartor lo mandó a buscar a Ríos para acordar estrategias de trabajos sociales. Este policía ni permiso pide para dejar la comisaría. Sólo avisa por teléfono porque tiene un trato directo». Y agrega: «Ríos es compadre de Sartor. La esposa de este comisario trabaja en uno de los lugares donde Sartor reparte la ayuda social». Por lo que pudo saberse, trabaja efectivamente en una repartición de Desarrollo Social en calle 25 de Mayo al 1.800 de Roca.

Como Riveros, Ríos pasa mucho tiempo en su puesto sin un traslado a la vista. En su caso son más de cuatro años de permanencia.

A fines de 1997, Ríos fue ascendido a comisario y se le asignó la conducción de la unidad de Sierra Grande. Pero el traslado quedó sin efecto por pedido personal, aunque se presume que existió una solicitud del ministro Daniel Sartor a la Jefatura, cuestión también desmentida por el titular de la fuerza.

En la jurisdicción de Ríos, más aún, a sólo dos cuadras de distancia de la comisaría, ocurrió el ataque incendiario al vehículo de Fernando Bravo, periodista de «Río Negro».

No sólo nunca se determinaron los culpables. Este diario recuerda que pasado un buen tiempo del hecho, el gobernador Verani dijo en persona a un periodista del «Río Negro» que -de acuerdo con informaciones que recibió de la policía- se creía que lo de Bravo era un autoatentado.

Canale y su banda

Hoy, acontecimientos y procederes similares vuelven a emparentarse.

Pasaron 21 días desde la madrugada en que dos hombres que llevaban grandes bidones fueron sorprendidos en la planta de bobinas de papel de la editorial y escaparon en un Volkswagen (según cree haber visto el testigo, modelo Gol y de color gris).

Dos fuentes policiales dijeron a este diario que no descartaban que los fallidos atacantes de la planta de papel fuesen los mismos que quedaron detenidos el lunes pasado cuando, con armas en sus manos, se disponían a asaltar una pizzería.

Se trata de la banda liderada por Gustavo Canale, quien ya tenía prisión preventiva.

Antes de la detención, dos fuentes policiales venían hablando de este joven, pues es conocido por los antecedentes y por tener un Volkswagen Gol azul, lo cual permitía pensar que el testigo pudo haber confundido el color dada la penumbra.

El comisario de la Tercera, Roumec, insiste en que el juez Pablo Iribarren dio la orden de liberar a Canale y su compañero Rubilar por «falta de mérito» y «poca conexidad de las pruebas». En cambio, el juez niega que haya dado esa orden. Ayer indagó a los detenidos. Palabra contra palabra, que revela de todos modos un confuso modo de proceder con estas personas o, tal vez, un incómodo caso entre manos.

Ocurre que el detenido Canale -según saben algunos uniformados- solía vérselo sobre su Gol en la entrada de la alcaidía. «Pasa a buscar y luego lleva a los presos amigos que gozan del beneficio de las salidas extramuros», dijeron.

Además, explicaron que Canale suele tener vinculación con un conocido puntero radical, Elvio «Huevo» Ramos, quien cobró notoriedad como uno de los «custodios» de Verani, algunos de ellos ex convictos, subidos al tractor junto al gobernador el día de la protesta de los productores en mayo de 1999. Este diario también registró el momento en que Ramos recibía de manos del mandatario dinero en efectivo.

Ramos, a su vez, está vinculado con Luis Salvucci, director de Servicios Públicos y viejo puntero de Verani. Salvucci, invitado por «Tony Rey» al día siguiente de la intimidación, dijo por radio: «Sólo falta que me acusen a mí». Dirige el corralón que viene siendo trasladado a un terreno que linda con el de la planta de papel del diario.

En tanto, Riveros sabe -y lo admitió ante «Río Negro»- que en las 250 y 500 Viviendas del IPPV habitan varios integrantes de la denominada «patota radical». Para él se trata de personas que no responden a un signo político determinado sino que «se venden al mejor postor».

Hasta ahora, la causa de la intimidación permanece empantanada. La Justicia no ha recibido la instrucción policial, según señaló a este diario la fiscal Alasino. Por lo que se sabe, los peritajes en el lugar todavía no se hicieron.

Hoy, con el fracasado asalto del lunes pasado, hay nuevos elementos que pueden o no tener que ver con la intimidación. Aun cuando fueron publicados, este diario los suministró ayer a la unidad policial.

De todos modos, la parsimonia existe y todo indica que el caso se encamina a tener el mismo destino que el ataque incendiario al auto del periodista, que lleva más de cuatro años de impunidad.

Comercio Interior, «incompetente»

El director de Comercio Interior, Gustavo Sanguinetti, se declaró incompetente para investigar si las contrataciones directas de viviendas a la empresa Mocciola violan la ley de Defensa de la Competencia.

El legislador del MPP Guillermo Grosvald le había pedido que investigara el tema, luego de que «Río Negro» publicó un informe sobre las irregularidades detectadas en las contrataciones, que resultan en que los adjudicatarios de las viviendas paguen finalmente precios muy superiores a los correspondientes.

Comercio Interior dijo que el único organismo que aplica la ley de Defensa de la Competencia es el Tribunal creado a tal efecto en el ámbito de Economía de Nación, al que pueden acudir los que sean personalmente perjudicados por una práctica violatoria de esa norma.

En cuanto a si afectan a los adjudicatarios las prácticas desleales denunciadas, dijo que sólo podrá ser evaluado cuando se determine si existió esa anormalidad.