El espectro del fraude

De tomarse en serio lo dicho últimamente por una variedad heterogénea de dirigentes políticos, las elecciones presidenciales que se celebrarán el 28 de octubre estarán entre las más fraudulentas de la historia del país, lo que en vista de lo que sucedía antes del golpe de Estado de 1976 es mucho decir. Puesto que se coincide en que desde que la democracia reapareció en 1983 los resultados de todas las elecciones nacionales y la mayoría de las provinciales reflejaron con un grado adecuado de fidelidad las preferencias de la ciudadanía, se trata de un asunto muy grave. Aunque los interesados en el tema entienden que para que no sea una fachada engañosa la democracia ha de consistir en mucho más que elecciones relativamente limpias, también saben que éstas son fundamentales y que si no son transparentes el país podría caer en una crisis de representatividad fenomenal en que se cuestione no sólo a aquellos legisladores sin capacidad conocida que alcanzan sus escaños envueltos en una lista sábana sino también al sistema político en su conjunto.

Lo que está ocurriendo es peligroso. El próximo gobierno tendrá que hacer frente a una multitud de problemas económicos y sociales explosivos, de suerte que en el caso de que triunfe la esposa del presidente Néstor Kirchner no le convendrá en absoluto que se ponga en duda la legitimidad del gobierno que forme, brindando así a los revoltosos de siempre un pretexto inmejorable para oponérsele sin sentirse constreñidos a acatar regla alguna. Una virtud de la democracia consiste en que atenúa los conflictos al obligar a los protagonistas a librarlos en un ámbito regulado en que las concesiones mutuas suelen ser necesarias. Si la democracia se desvirtúa porque la gente ha perdido confianza en las instituciones que le son esenciales, podría inaugurarse una etapa anárquica caracterizada por la lucha libre de todos contra todos.

Por desgracia, las señales no son buenas. Tanto el gobierno como la oposición están colaborando vigorosamente para desprestigiar la democracia. De visita en Washington, la aspirante presidencial Elisa Carrió insistió en que en la Argentina «la previsibilidad del fraude es muy, muy alta», razón por la que quiere que a fines de octubre vengan veedores extranjeros para vigilar a las autoridades electorales criollas, una sugerencia que es un tanto ingenua ya que por experimentados que fueran no estarían en condiciones de controlar muchas mesas. También sospechan que el gobierno está tramando algo feo el peronista respaldado por radicales Roberto Lavagna y el liberal Ricardo López Murphy. Por su parte, monseñor Joaquín Piña, el clérigo que el año pasado desbarató los planes reelectoralistas del gobernador misionero Carlos Rovira, dice que «evidentemente se está preparando el fraude en Misiones».

Mientras tanto, en Córdoba Luis Juez jura haber sido víctima de una serie impresionante de irregularidades que según él le costaron una victoria segura y en el Chaco otro presunto perdedor, el radical Angel Rozas, habla de los «errores» acaso involuntarios que en su opinión fueron cometidos por los encargados del conteo de los votos que de tal modo entregaron el triunfo al peronista Jorge Capitanich. Y como si todo eso ya no fuera más que suficiente, en muchos distritos, sobre todo en el conformado por la provincia de Buenos Aires en que vive casi el 40% de los votantes en potencia del país, la proliferación de boletas similares vinculadas con «listas colectoras» que sirven para aumentar el caudal de votos de candidatos favorecidos por pactos entre el sinnúmero de facciones que pululan en la selva política nacional asusta a los jueces electorales y con toda seguridad desconcertará a muchos ciudadanos que, para su pesar, podrían terminar votando a favor del candidato equivocado.

Puede que algunas protestas y advertencias se hayan debido más que nada a la frustración que sienten ciertos dirigentes opositores que conforme a las encuestas no tienen posibilidad alguna de triunfar el 28 de octubre, pero es innegable que gracias a sus esfuerzos y a las actitudes asumidas por el gobierno se ha instalado en el país el temor a que Kirchner y miembros de su entorno se hayan propuesto estafar a la ciudadanía dibujando los resultados electorales con la misma desfachatez de la que hace gala el INDEC con los índices inflacionarios. Estén en lo cierto o no quienes nos están alertando sobre el fraude, de ganar las elecciones como se prevé la senadora Cristina de Kirchner, muchos atribuirán su triunfo al aporte de los especialistas en reemplazar la voluntad colectiva de los votantes por la propia, de modo que incluso si aventaja por un margen ridículo a sus rivales más cercanos la legitimidad de su eventual gobierno estaría bajo sospecha desde el vamos.

A juicio de quienes desconfían de la honestidad de los kirchneristas, el gobierno está despejando el camino hacia el fraude bombardeando a la población con encuestas fabricadas con el propósito de convencerla de antemano de que Cristina conseguirá por lo menos el 45% de los votos y que por lo tanto nadie tendrá derecho a sentirse sorprendido si según los jueces electorales obtiene un poco más. Puesto que en muchos distritos, incluyendo al Chaco donde gobierna el radicalismo, los candidatos oficialistas recibieron el 10% menos de lo previsto, no parece del todo estrafalaria la idea de que esté en marcha una gran operación psicológica destinada a persuadir al país de que el gobierno es imbatible, lo que sería aceptable si no fuera por la posibilidad o «previsibilidad» de que tal maniobra culmine con una estafa electoral equiparable con las que son habituales en las democracias simuladas de algunos trozos sacados de lo que fuera la Unión Soviética. Que un movimiento político procure exagerar su propia popularidad por medios engañosos es tolerable siempre y cuando se resista a la tentación de adulterar los resultados electorales, pero si cruza la frontera así supuesta pierde el derecho a calificarse de democrático.

Además de confianza en las instituciones, para mantenerse viva la democracia requiere cierta claridad, de ahí la importancia de los partidos que en teoría por lo menos permiten que los ciudadanos sepan quién es quién. Sin embargo, en la Argentina actual los únicos partidos que pueden ayudar a informarnos acerca del perfil ideológico de sus integrantes son tan chicos que sólo sirven para agregar más confusión a la ya existente. En cuanto al mayor, el PJ, desde hace décadas está tan fragmentado y es tan ecléctico que abarca a todas las variedades políticas concebibles y algunas que no lo son. Es una especie de asociación de ayuda mutua que, entre otras cosas, es capaz de desviar los votos de izquierdistas para que sean recogidos por derechistas mientras que los destinados a éstos terminarían aumentando el caudal de personajes a los que no se les ocurriría votar jamás.

Igualmente nefasto es el desprecio generalizado por las normas legales. Ningún partido significante ha celebrado elecciones internas para designar a sus candidatos, trámite anticuado éste que ha sido abandonado puesto que es mucho más fácil dejar que el jefe se encargue de seleccionarlos, un deber que todos han cumplido para regocijo de sus parientes y amigos. Asimismo, los políticos más poderosos, encabezados por el presidente Kirchner, se mofan de los requisitos constitucionales, sobre todo de los que exigen que los candidatos para un puesto destacado deberían haber sido residentes durante cierto tiempo de un distrito determinado. En la provincia de Buenos Aires, parecería que el actual vicepresidente, Daniel Scioli, será elegido gobernador por una mayoría muy amplia a pesar de que, por tratarse de un porteño, no tiene derecho a postularse para el cargo. Se trata de un detalle que a esta altura sólo preocupa a aquellos pedantes que dicen creer que a menos que todos se sometan a las reglas el sistema democrático no podrá sino desmoronarse para dejar un vacío que tarde o temprano llenarán quienes no se ven cohibidos por escrúpulo alguno.