“El Estado como agente de comercialización frutícola”

En relación a la problemática planteada por los pequeños y medianos productores del Alto Valle de Río Negro, surge la necesidad de proponer políticas factibles para evitar la desaparición de los mismos. El Estado nacional y el provincial deben asegurar un modelo de acumulación o de desarrollo continuo sustentable que permita producir y mejorar la distribución del ingreso. En este marco es responsabilidad del Estado la defensa de la producción nacional y del incremento del valor agregado en los productos primarios. El instrumento político para paliar la situación es en general el subsidio a productores, que ha rondando los 20 y 30 millones de dólares por vez y que fue muy tenido en cuenta por las empresas de empaque a la hora de definir los precios a pagar al productor. Uno de los problemas principales de la comercialización frutícola es el carácter oligopsónico de los compradores de la fruta y el bajo poder de negociación de los pequeños y medianos productores, que venden su cosecha en consignación, sin claridad en el precio final recibido por kilogramo de fruta. Actualmente la baja rentabilidad del productor del Alto Valle de Río Negro se ve reflejada en la obsolescencia de su maquinaria, en la edad y baja productividad de los montes frutales, en el nivel de endeudamiento y en el número de chacras que son alquiladas a grandes empresas o que son vendidas para lotear. Una alternativa en política frutícola debería orientarse en este caso a afectar e incidir sobre la comercialización de la producción. Los antecedentes de intervención del Estado en la exportación o comercialización de bienes agropecuarios están relacionados a los cereales en primer lugar y en el país el organismo con más peso en esta temática fue el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), fundado en el primer gobierno de Juan Domingo Perón. En el resto del mundo, el Australian Wheat Board (AWB) de Australia, el Canadian Wheat Board (CWB) de Canadá y la Commodity Credit Corporation (CCC) de Estados Unidos son claros ejemplos. En el contexto planteado se requiere una intervención Estatal concreta, ya que la desaparición de pequeños y medianos productores, como la concentración de las empresas frutícolas en pocas manos, confluye en un esquema productivo de desigualdad. Las políticas que reviertan dicha situación son más que necesarias. La distribución del ingreso frutícola en un mayor número de productores con márgenes de rentabilidad favorables permitirá no sólo más desarrollo tecnológico en los establecimientos sino también una mejor negociación salarial con los trabajadores de la fruticultura, con una mejoría en la calidad de vida de uno u otro sector, generando una mayor distribución y desarrollo económico del Alto Valle de Río Negro. La intervención del Estado en la comercialización de la producción frutícola debe ser ofreciéndose como un canal de comercialización alternativo. Para prever un cierto grado de eficiencia evitando la burocratización excesiva, se puede utilizar la forma jurídica de Sociedad del Estado según lo estipulado en la ley 20.705 de 1974, con el cuidado de incorporar capital intelectual y “know how” adecuado en comercialización, además del armado de estructuras comerciales consistentes. La participación del Estado en la comercialización frutícola no sólo permitirá asegurar mayor rentabilidad al productor sino que le brindará al mismo tiempo un conocimiento acabado de la comercialización, permitiéndole la generación de herramientas o normativas de control en la comercialización, para la dilución del poder oligopsónico que actualmente reina en la fruticultura valletana. Álvaro Vicente López, DNI 26.349.228 Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue Roca

Álvaro Vicente López, DNI 26.349.228 Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue Roca