El Eurogrupo toma el control

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Entre toda la batería de anuncios, es la que más irritación generó en la izquierda europea y al interior de la coalición oficialista griega. El fondo de privatizaciones para Grecia, que exigió sobre todo Alemania, fue uno de los puntos más discutidos hasta el último momento en las negociaciones de los países del euro con Atenas. El gobierno heleno lo rechazó en un principio, pues lo consideraba una injerencia en su soberanía. Este fondo independiente está previsto que alcance los 50.000 millones de euros. A él serán transferidos activos estatales, de los que se obtendrán beneficios a través de las privatizaciones y otras medidas. No servirá sólo para dar garantías a los acreedores, sino también como medio de presión para llevar a cabo privatizaciones y movilizar dinero para impulsar el crecimiento económico y el empleo. La creación de este instrumento supone también una cesión a los bancos griegos, que recibirán pronto capital fresco. El fondo tendrá su sede en Grecia y estará gestionado por las autoridades griegas, aunque se someterá al control de las instituciones europeas. Para el miércoles 15 de julio, Grecia debe aprobar la reestructuración del sistema del impuesto al valor agregado, una “ambiciosa” reforma de las pensiones, entre ellas medidas para compensar un fallo de la Corte Constitucional contras las reformas implementadas en 2012 y salvaguardar la independencia de la oficina de estadísticas. Para el 22 de julio debe adoptar una revisión del sistema judicial para acelerar procesos y reducir costos, así como incorporar las reglas de la Unión Europea (UE) sobre cómo actuar ante los bancos en crisis. También se requiere que estos compromisos sean refrendados por el Parlamento griego. Además, otras exigencias “en el plazo más breve posible”: • Una revisión de las leyes de comercio que incluya temas como el comercio dominical, los períodos de rebajas, la propiedad de las farmacias, entre otros. • En el mercado laboral, revisar las normas de negociación colectiva, el derecho de huelga y el despido colectivo, para que se adapten a las prácticas internacionales y europeas. • Modernizar y reforzar la administración pública para lograr su “despolitización”, bajo la supervisión de la Comisión Europea. • Coordinar todos los proyectos de ley con las instituciones acreedoras: la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo. Los líderes también establecieron como condición previa para el nuevo programa que el FMI siga involucrado. (DPA)