El ex gobernador y el derecho a réplica



Es la segunda vez en pocos meses que el ex gobernador rionegrino Horacio Massaccesi, ante noticias publicadas por este medio que lo nombran y, sin solicitar a “Río Negro” espacio para rectificar o expresar sus propias opiniones, acude a la Justicia en procura de garantía para ejercer un derecho que nadie le ha negado. Este diario cumplió con las buenas prácticas del periodismo cuando, al conocer un dato de interés público referido a un ex gobernador provincial, consultó a una fuente oficial vinculada al tema. Un periodista de este diario entrevistó al secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Patagones, quien manifestó todo lo que en la nota se publica, incluso la relación de “la familia Massaccesi” con el proyecto, las características, los montos y medios para la inversión y la participación del ex gobernador en una reunión. El propio Massaccesi, en su acción judicial, brinda detalles del proyecto confirmando que, tal como dijo “Río Negro”, incluye un hotel, departamentos en la modalidad de apart y tres salas para eventos y conferencias, entre otros servicios. También confirma que la iniciativa es promovida por Nadir SA -una empresa con sede en su domicilio, de la cual su esposa, Patricia Querejeta, tiene el 90% de las acciones-, que los derechos posesorios sobre el terreno fueron pagados por valor de $ 285.000 con tres cheques de La Costa SRL, firma que edita un diario en Viedma y que integran su esposa y el hermano de ésta. La nota publicada por “Río Negro” no incluyó críticas ni ofensas, y es obvio que cualquier inversor estaría feliz de que los medios de prensa se hicieran eco de un proyecto inmobiliario, creando expectativa sin insumirle gastos. Por eso, la razón de que el ex gobernador se agravie sólo podría explicarse por el contenido de los comentarios expresados por lectores de la edición on line, y que aluden a las públicas sospechas de corrupción durante los dos períodos en que Massaccesi fue gobernador de la provincia de Río Negro. Este diario, en aquel tiempo, realizó y publicó una extensa investigación sobre el otorgamiento por parte del desaparecido Banco de la Provincia de Río Negro de créditos millonarios sin garantías suficientes, a las empresas Galme Pesquera y sus vinculadas Coerpe, Promasa y Atlantic Fish; la asistencia en similares condiciones a la reginense Crybsa y su vinculada Amka Huasi; a la cipoleña Toddy y su vinculada Lixer; y a la allense Soldimar. Todas ellas recibieron millones pero terminaron quebradas y sin reintegrar los fondos prestados por el banco estatal por decisión de funcionarios políticos. Después de 16 años de una dificultosa investigación judicial -la causa se inició en 1989 y tras numerosos cambios de jueces, la sentencia quedó firme en setiembre de 2005-, sólo tres ex funcionarios del Banco -los expresidentes Edgar Massaccesi y Rubén Rodríguez y el ex director ejecutivo Francisco Ricciardulli- fueron condenados a prisión en suspenso por alguno de estos hechos, mientras que el entonces gobernador nunca fue imputado, pese a que un alto funcionario de la entidad declaró en juicio que cumplía órdenes. El diario investigó y publicó también sobre el importante sobreprecio pagado por el Estado rionegrino en la compra de aviones Metro II por parte de la desaparecida empresa aérea provincial Sapse, y la maniobra por la cual el gobierno rionegrino ofreció avalar con regalías hidrocarburíferas propias la construcción de hoteles en Córdoba y Mendoza por parte de empresas “sello”, una operación que finalmente no se concretó pero que fue investigada en España. Este diario ha hecho, a lo largo de su historia, un gran esfuerzo por develar la corrupción y mejorar la calidad de las instituciones del Estado. Sabe que, del mismo modo en que la Justicia sufre grandes presiones en casos que involucran a personas ligadas al poder político, una andanada de acciones contra un medio podría buscar que sus periodistas se inhibieran de analizar determinados temas, lo que significaría una autocensura que perjudicaría especialmente a los ciudadanos, que recibirían información recortada o disminuida. El derecho a réplica forma parte de la actividad cotidiana de un medio de comunicación. Su ejercicio libre y sin formalidades es práctica habitual y contribuye a la conformación de la verdad, entendida no como un absoluto sino como una compleja red de datos y puntos de vista. Massaccesi es una figura pública y, como tal, debe admitir estar sometido al escrutinio público y, por ello, está obligado a ser más tolerante a la crítica que una persona común. Ante las publicaciones que lo refieren, aun sin ofenderlo ni perjudicarlo, en lugar de dirigirse a este diario para expresar sus aclaraciones o aportes a la información, opta por accionar directamente ante la Justicia. Al hacerlo, desnaturaliza el espíritu del derecho a réplica y sobrecarga al Poder Judicial de un modo innecesario en tiempos en que es de práctica la búsqueda de métodos alternativos e informales a los conflictos entre actores sociales -tales como la mediación y la negociación-. A la vez, busca afectar la imagen de este diario, dando la impresión de que el medio es refractario a pedidos que él nunca realizó y que, por ello, debe ser penalizado, obligado o intimado a publicar sus puntos de vista. A fines del año pasado, Massaccesi presentó también ante la Justicia de Viedma un pedido de ejercer el derecho a réplica, sin solicitarlo antes a este diario. Lo hizo a raíz de que, en el marco de notas referidas a la construcción de la central hidroeléctrica de Salto Andersen, se le atribuyó por error ser director de la empresa constructora de esa obra -Isolux Corsan SA- cuando en realidad es director de Isolux Corsan Argentina SA, con igual domicilio que la anterior pero no vinculada a los trabajos que se desarrollan cerca de Río Colorado. “Río Negro” no cuestionó que, efectivamente, se trataba de un error. No hubo en él injuria ni ofensa, sino confusión derivada de la similitud semántica. En términos normales, un episodio de este tipo se resuelve con una llamada del afectado a la redacción y una publicación en el día siguiente que corrigiera el dato mal consignado. Massaccesi eludió ese camino, acudió a la Justicia, logró la orden judicial, ésta fue cumplida, no se consideró satisfecho y, seis meses después, el tema todavía sigue insumiendo tiempo, papeles y gastos judiciales. Lo dicho prueba, a juicio de este diario que, más que superar inexistentes barreras que conspiren contra su versión de los hechos, Massaccesi persigue obtener revancha contra el medio y sus periodistas por las investigaciones que han realizado en torno de su desempeño al frente del Estado provincial, y pretende para ello utilizar a los jueces de la provincia.

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