El ex ministro Flamarique lloró



El ex ministro de Trabajo de la Alianza Alberto Flamarique (1989-2001) lloró hoy ante el tribunal que lo juzga por los supuestos sobornos en el Senado, para la aprobación en 2000 de la reforma laboral, y aseguró que este proceso lo “castigó para toda la vida” porque le “hizo conocer el odio”. “Yo soy una persona que odia y ése es el peor castigo que tengo en cuanto a la vida”, afirmó entre sollozos en su declaración indagatoria, que inició el martes último cuando negó haber pagado sobornos y decir la frase que se le atribuye: “Para los senadores tengo la Banelco”. Flamarique, de origen mendocino, ex referente del Frepaso y ex amigo del ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez, puso punto final a su descargo comentando: “No sé si voy a poder controlar el odio…es un animal que no se lo deseo a nadie…a nadie”. Poco antes había considerado que la historia de las presuntas coimas a senadores “empezó en los medios y lo que era un rumor se convirtió en una operación política con las declaraciones de Chacho Álvarez” en los medios de comunicación y, finalmente, ante la Justicia. Luego de Flamarique, el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) se disponía a comenzar con la ronda de declaraciones testimoniales interrogando, primero, al ex diputado frepasista Jorge Giles, y después al ex vicepresidente Álvarez, que esta tarde permanecía en las oficinas del séptimo piso del edificio judicial de avenida Comodoro Py 2002. El ex líder del Frepaso y ex vicepresidente del Gobierno de la Alianza actualmente reside en Montevideo, Uruguay, donde ocupa el cargo de secretario general de la Asociación Latinoamérica de Integración (ALADI), para el que fue propuesto por el Gobierno nacional, y volvió para declarar en persona. En agosto de 2000 el entonces titular del Senado pidió a la Justicia que investigara si hubo sobornos por parte del Gobierno que integraba, los cuales supuestamente habría pactado su entonces amigo Flamarique, a algunos senadores a cambio de la aprobación de la ley de flexibilidad laboral. Hasta que en octubre de aquel año, tras varios meses de sucesivos distanciamientos con De la Rúa, terminó renunciando a al cargo con la excusa de que no podía participar de un Gobierno manchado por tamaño escándalo, aunque el ex presidente radical siempre negó que fuese la verdadera razón de esa decisión, sin aportar otro posible motivo. De todos modos, pidió a sus compañeros del Frepaso, una de las fuerzas integrantes del Gobierno de la Alianza, junto a la Unión Cívica Radical (UCR), que continuaran en sus altos cargos, no obstante lo cual 14 meses después De la Rúa renunció en medio de una gran crisis política y económica, con 33 muertos en las calles por disparos de bala. Para la audiencia de mañana en que el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) iniciará la ronda de testimonios también están citados los ex ministros de Economía José Luis Machinea, y Desarrollo Social Graciela Castagnola de Fernández Meijide, respectivamente, y el ex diputado Giles. Este juicio empezó el 10 de agosto, encabezado por los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, y tiene en el banquillo a De la Rúa, el ex titular de la Secretaria de Inteligencia (SI) Fernando de Santibañes, el ex ministro Flamarique y cuatro ex senadores peronistas, el jujeño Alberto Tell, el entrerriano Augusto Alasino, el rionegrino Remo Costanzo y el formoseño Ricardo Branda. También está en el banquillo Mario Pontaquarto, entonces secretario parlamentario en el Senado y supuesto “arrepentido” que en 2004 confesó haber retirado 4,6 millones de pesos/dólares de la SI y entregarlos al entonces senador por Salta, Emilio Cantarero. Aunque está acusado, el peronista salteño Cantarero no participa de este juicio por su estado de salud, y el radical mendocino José Genoud, tampoco pues se suicidó en 2008. De la Rúa, Flamarique, De Santibañes y Pontaquarto están acusados de cometer el delito de “cohecho” en su modalidad “activa”, mientras por la misma figura penal, pero de forma “pasiva”, fueron imputados los ex senadores. El artículo 256 del Código Penal prevé castigos de uno a seis años de prisión para los funcionarios públicos que incurrieran en la figura delictiva del “cohecho”. Se prevé que en esta instancia oral y pública desfilen 357 testigos y la misma podría prolongarse hasta marzo de 2013. Agencia DyN


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