El ex presidente del IPPV defiende la transparencia de las licitaciones

Miguel Machado cuestiona el actual sistema de contratación directa

VIEDMA (AV).- El ex presidente del IPPV, Miguel Machado resaltó el mecanismo de licitación para la construcción de viviendas por parte del Estado y tuvo palabras críticas para con la contratación directa.

«La licitación garantiza la posibilidad de la honestidad», mientras que la contratación directa condiciona al Estado y «no permite el ingreso de constructoras nuevas».

La evaluación de Machado se contradice con el actual mecanismo utilizado por el IPPV, que distribuye las obras en forma directa a las constructoras, sistema que fue analizado recientemente en una investigación de «Río Negro» que planteó direccionalidad en las adjudicaciones y preferencia por la empresa Roque Mocciola SA.

Por su parte, Machado -quien condujo el IPPV durante más de seis años- habló con «Río Negro» sobre la política habitacional y la relación con las constructoras. Defendió la licitación porque «es la forma de contratar que garantiza la mayor transparencia» porque «los precios son públicos, puede haber impugnaciones, hay más participación y más control».

No quiso hablar de particularidades de la contratación directa. «Si supiera de favoritismo tendría la obligación de denunciarlo», advirtió.

Machado ocupó el IPPV durante gran parte de la gestión de Horacio Massaccesi. Se jactó de haber entregado casi 10 mil viviendas y que las obras se asignaron por licitación pública.

Además, negó la afirmación de un empresario de la construcción -Juan Castelli de Oriente- en relación a que se siguen con las exigencias internacionales. «Los tradicionales lineamientos del BIRF (más conocido como Banco Mundial) exigen que cualquier adjudicación sea por licitación pública», explicó Machado.

Entendió que la actual contratación directa es otro mecanismo, pero lo cuestionó porque el financiamiento de las constructoras «crea condicionamientos con los pagos diferidos y permite así a las empresas seguir participando, sin admitir otras nuevas».

Distribución según capacidad financiera

Más adelante, Machado aseguró que la licitación era abierta y existían niveles de distribución de viviendas según la capacidad financiera. Entre otras, el secretario de Estado recordó empresas de Bariloche -Martín López o Lantschner SA-, como también Srur-Srur de Roca que «eran muy buenas constructoras pero que ahora no están incluidas en el sistema».

También recordó su oposición desde 1989 a la posterior Ley de Consultores ya que «no era conveniente». Se trataba de un viejo conflicto de dos municipios, la provincia tenía otros problemas a resolver y construir las 5.000 viviendas que estaban contratadas y de la Nación teníamos cupos muy exiguos». Resaltó el Plan CGT que permitió construir 3.000 viviendas y que las mayores asignaciones de obras a las empresas fueron del 10 por ciento (entre ellas, Mocciola SA).

Relativizó los costos de las viviendas durante su gestión porque «todo depende de la calidad de las unidades, las terminaciones y las obras complementarias», recordando que se entregaron barrios incluso con pavimento.