El exministro Arroyo se abstuvo de declarar

Fue citado a indagatoria por “desobediencia judicial”. En su momento demoró la respuesta ante un pedido del fiscal.

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El exministro de Desarrollo Social de Río Negro, Ricardo Arroyo, se abstuvo de declarar en la indagatoria de ayer a la que había sido citado por el delito de “desobediencia judicial”.

Arroyo recusó al juez penal Favio Igoldi por haber intervenido en su designación en oportunidad de integrar el Consejo de la Magistratura como legislador provincial. El magistrado rechazó el planteo pero elevó las actuaciones a la Cámara en lo Criminal para que confirme lo dispuesto o haga lugar a la recusación y lo aparte de la causa.

Antes del mediodía de ayer el exministro llegó a Tribunales acompañado por su abogado Daniel Moriones, quien cumplió la función de director de Recursos Humanos en Desarrollo Social durante la gestión de Arroyo.

Sin disimular un estado de molestia el exministro sólo habría manifestado ante el juez Igoldi y la fiscal Itziar Soly que se mantendría en silencio para luego retirarse del juzgado.

A fines del año pasado la Justicia Federal con asiento en Viedma archivó por falta de pruebas una denuncia por presunta trata sexual de personas presentado por personal de Desarrollo Social. Si bien la causa fue archivada desde el juzgado Federal se enviaron copias de lo actuado a la justicia provincial “ante la posibilidad de una situación de desamparo o de incumplimientos funcionales”.

Fue así que el tema llegó a las manos del fiscal de Viedma Hernán Trejo, quien inició una investigación para determinar si hubo o no responsabilidad de los funcionarios al frente de organismos que deben contener y proteger a los menores de edad en situación de vulnerabilidad social, en el marco de los hechos de presunta corrupción de menores.

En diciembre del año pasado, Trejo pidió informes al entonces ministro Arroyo sobre las estrategias de contención y los programas en marcha con esos fines. Ante la falta de respuesta en marzo se reiteró el pedido pero con un plazo de tres días para responder. El exministro contestó pero fuera de ese vencimiento, generando que se le imputara “desobediencia judicial” y que se lo citara a declarar en calidad de indagado. Hubo un nuevo sorteo y la fiscal Soly fue designada para continuar en la investigación.

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