El fin de las facultades delegadas, la próxima contienda en Diputados

Su caducidad se engancha directamente con la posibilidad de fijar retenciones al agro por parte del Ejecutivo. El gobierno dice que con la caída de las facultades no cesan las retenciones.

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BUENOS AIRES.- La disputa por la interpretación sobre el vencimiento de las facultades legislativas delegadas, que en el fondo apunta a la continuidad o no de los actuales valores de las retenciones a las exportaciones del campo después del 24 de agosto, ya está instalada entre el oficialismo y el núcleo duro anti-K de la Cámara Baja. Los bloques de la UCR, Coalición Cívica, PRO y el GEN ya se encuadraron en la idea de que al caer las facultades delegadas se caen sus efectos y prometieron que no renovar ninguna prórroga al Ejecutivo, al tiempo que acusaron al Gobierno de buscar que “todo permanezca como está, ganar tiempo y que al final resuelva la Corte Suprema”. Pero desde el Gobierno -ministro del Interior Florencio Randazzo mediante- ya se planteó lo contrario. El funcionario dijo, respecto del 24 de agosto, que “lo que caduca ese día es la facultad del Ejecutivo de fijar retenciones agropecuarias, pero no esa herramienta, que se mantiene vigente hasta tanto el Congreso dicte una ley que la derogue o la modifique”. Ayer, el presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara Baja, Ricardo Buryaile, dijo que la posición “del radicalismo es que, al caer la norma delegante, caen sus efectos. El doctor (Daniel) Sabsay, un constitucionalista destacado, ha dicho que, si se caen las facultades, se cae todo”. No obstante, se pronunció a favor de que “antes del 24 de agosto el oficialismo y nosotros acordemos algo para evitar una discusión dura que pondría al comercio en estado de zozobra”, aunque también reconoció que, en materia interpretativa judicial, “una parte de la biblioteca dice una cosa y, la otra, otra cosa”. Pero para el socialismo, la situación es distinta: “para nosotros lo que cae es la facultad del Poder Ejecutivo de fijar las retenciones. Pero si se quieren cambiar los valores actuales, el Congreso debería dictar una nueva norma”, comentó a esta agencia el vicepresidente de la comisión de Agricultura, el socialista entrerriano Lisandro Viale. El oficialismo, por su lado, está expectante, pone en duda que la oposición pueda llegar a un proyecto consensuado y que el mismo pase por ambas Cámaras Legislativas, así como que, en el caso hipotético de que se apruebe una norma de ese calibre, sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Aunque no descarta la posibilidad de buscar una negociación, en caso de que la situación empeore, desde las filas K hay quien recuerda que, en su momento, se propuso un sistema de retenciones por bandas que la oposición rechazó. Semanas atrás, referentes del oficialismo y de la oposición hicieron contacto por las facultades delegadas, donde los K presentaron un listado de 357 leyes que pretendían necesarias para gobernar, pero la respuesta fue que sólo 50 eran compatibles con la gestión, tras lo cual se cortó toda conversación. Una fuente de oposición consideró como “muy difícil que haya acuerdo entre oposición y oficialismo” y apuntó que la semana próxima habrá un intento de tener un proyecto de retenciones elaborada que incluya al socialismo y que lo ideal sería que involucre también al sector de centroizquierda que lidera Fernando “Pino” Solanas”. Por su parte, el diputado Ariel Basteiro (del bloque filo-K Nuevo Encuentro Popular y Solidario en la Cámara de Diputados) apuntó, en un comunicado, que “pretender que el Congreso Nacional fije los aranceles de todos y cada uno de los productos que exporta nuestro país no sólo atenta contra el sentido común, sino que es una jugada política malintencionada que tiene por objeto desfinanciar al Estado Nacional, quitarle herramientas imprescindibles de gestión y promover la concentración de la riqueza”. (DyN)

La Cámara Baja debe comenzar a tratar la prórroga o no de las facultades delegadas.


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