El Fiscal acreditó incompatibilidad, pero remitió el caso a la Legislatura

Caso Bartorelli

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas acreditó que el legislador Luis Bartorelli siguió con el ejercicio de su profesión y cobró como prestador del Ipross después de asumir, confirmando su incompatibilidad constitucional. Pero, el fiscal Marcelo Ponzone no fijó ninguna pena frente a esas “transgresiones” sino que derivó el caso a la Legislatura para que analice su eventual sanción o destitución.

En su resolución, el órgano de control externo afirmó no tener facultades sancionatorias, pues Bartorelli es legislador y tiene fueros constitucionales. El trámite legislativo no constituiría ningún riesgo ya que el parlamentario está enrolado en el sector oficialista, que controla la Comisión Acusadora que es el ingreso obligado del expediente.

Esta investigación se originó por una nota de “Río Negro” de agosto del 2012 donde se informó que Bartorelli seguía con el ejercicio de su profesión médica, a pesar que la Constitución Provincial lo prohibe expresamente. Además, el parlamentario tenía relación contractual con el Estado ya que continuaba como prestador de la obra social provincial.

El legislador de la Concertación, Alejandro Betelú llevó el caso a la Legislatura y, en octubre del 2012, su presidente, Carlos Peralta trasladó esa denuncia a la Fiscalía de Investigaciones. Dos años después, el fiscal Ponzone “concluyó la investigación y acreditó” que Bartorelli mantiene “el desempeño de la actividad profesional”, “contraviniendo la prohibición impuesta en la Constitución y en la Ley de Etica e Idoneidad en la Función Pública”.

También, el fiscal “avanzó sobre los beneficios y vinculos contractuales con el Estado Rionegrino y logró determinar el carácter de prestador del Estado por parte de Bartorelli, quien facturaba al IPROSS por medio del Colego Medico de General Roca”. Así, lo hizo hasta diciembre del 2012.

La Constitución -recordó Ponzone- prohibe que “los representantes elegidos por el pueblo pueden durante su mandato desempeñar profesión o empleo, con la excepción de la docencia e investigación según la reglamentación”.

“El incumplimiento de los principios básicos de Etica de la función pública constituye -según los art. 5 y 35 de la Ley L 3550- la falta de un requisito para la permanencia en el cargo y causal de destitución del funcionario”. Pero, agrega que la ley de Etica no otorgó de “facultades sancionatorias a la Fiscalía y dado el carácter de legislador de Bartorelli es que corresponde la remisión del caso a la Legislatura.

Después, insiste que Bartorelli tiene fueros parlamentarios entonces es la Legislatura quien “debe aplicar sanciones o destituir a un miembro del cuerpo”. En ese sentido, la Fiscalía envió a ese Poder su resolución para que se “sustancie el tratamiento constitucional correspondiente en virtud de las transgresiones detalladas”.

En su argumentación, Ponzone recordó que este expediente “es el primer caso en la historia de la Fiscalía de Investigaciones en que se arriba a una conclusión de violación de la ley de ética”, recordando que las anteriores investigaciones “terminaron con dictamen de archivo.

El trámite sin riesgo

La caso de Bartorelli será analizado en la Legislatura, pero nada para preocupar al legislador ya que el oficialismo es mayoría en la Comisión Acusadora, que analizará el expediente enviado por la Fiscalía.

Más allá de los fueros, el fiscal Ponzone podría haber formalizado una denuncia penal. Ocurre que el artículo 7, inciso D, de su ley 2394 afirma que a la Fiscalía corresponde “denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados como presuntos delitos, notificándolos a la Fiscalía de Estado. En tales casos, la actuación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas tendrá valor de prevención sumaria y el ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los Fiscales de Primera Instancia de Turno, ante el Tribunal donde quedará radicada la denuncia”. El fiscal de Investigación sólo derivó el expediente a la Legislatura.

Bartorelli llegó en el 2011 a la Legislatura por su fidelidad al gobernador Carlos Soria. Después, tras su muerte, se mantuvo ligado al grupo roquense pero, finalmente, se distanció por diferencias con el intendente Martín Soria. Hoy, el legislador está alineado al sector de Weretilneck y esa condición no será menor para él porque la garantizará cobertura frente la Comisión Acusadora, que preside Tania Lastra.

En su investigación, la Fiscalía precisó que en la Auditoría se describe que el legislador percibió ingresos en el 2012 por un total de 613.965,15 $, distribuidos 329.520,07 $ por su cargo de legislador y 284.445,08 $ por “otros ingresos” mientras que en el 2013 declaró 681.531,52 $, de los cuales, 424.742,98 $ fueron por legislador y 256.788,54 $ por “otros ingresos”. A mayo del 2014, informó un total de 309.027,93 $(192.429,52 $ como legislador y $ 116.598,41 $ por otros conceptos).

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