El fiscal le pidió al juez que tome definiciones
La causa está sin avances. Telleriarte le reclamó a Geloni que defina si los imputados formaban una asociación ilícita
NEUQUEN (AN) y CENTENARIO (ACE)- La fiscalía de Delitos contra la Administración Pública le pidió ayer al juez Daniel Geloni que imprima un avance en la investigación de la banda de los subsidios de Centenario. Mediante un escrito, le solicitó que defina si existió una asociación ilícita integrada por funcionarios municipales y piqueteros-punteros políticos.
La nota del fiscal Pedro Telleriarte se conoce justo cuando el Concejo Deliberante de Centenario decidió devolverles el sueldo a una decena de funcionarios, que había sido separados de sus cargos porque están imputados en la causa penal.
Uno de los argumentos para restituirles los haberes fue que a más de un año de iniciada la investigación, no hubo pronunciamiento judicial sobre la cuestión de fondo.
El expediente avanzó muy poco y una de las cuestiones pendientes de definición es si los imputados cometieron el delito de «asociación ilícita». En marzo pasado, la Cámara Penal ordenó al juez interviniente que se pronuncie respecto de ese punto, algo que hasta ahora no ha sucedido. Por eso el fiscal envió un escrito al juez solicitándole definiciones.
La causa no está estrictamente paralizada porque Geloni dispuso una serie de medidas antes de tomar alguna decisión. El juez está subro
gando a la espera que designen a un titular para que se ocupe del expediente.
En tanto el presidente del Concejo Deliberante, Antonio Fasani, aseguró ayer que no se le devolverán «con retroactividad» los salarios a los funcionarios. Y desde la oposición, la concejal del Frente Grande María Maldonado y el justicialista Alberto Dalla Villa solicitaron que se resguardara una copia del cassette en el que se grabó la sesión del jueves «para asegurarnos una correcta transcripción luego del acta». «Nunca se habló de retroactividad, el pago de los sueldos es a partir del momento en que se aprueba», aseguró ayer Fasani pese a que fuertes versiones ligadas al Ejecutivo e inclusive a las demanda de los imputados en el Deliberante, daban cuenta de que iban a percibir los haberes retenidos desde el 12 de marzo.
Dijo que cobrarán a partir de diciembre.
La mayoría de los integrantes del gabinete del ex intendente Luis Castillo fueron suspendidos con retención de haberes en una sesión con mayoría de la oposición en noviembre del 2002, pero la medida sólo fue efectivizada por el intendente Adrián Cerda el 12 de marzo, cuando fue intimado por el Deliberante. Con el inicio del escándalo en octubre del 2002, la mayoría de los involucrados en la causa se tomó licencia paga; sin embargo a partir de marzo comenzaron a volver a trabajar a la comuna mientras Cerda se aprestaba a reubicarlos.
Allí el Concejo -con un bloque del MPN que estaba en plena interna en contra de Cerda- convalidó la sesión que realizó la oposición y lo intimó a cumplir la suspensión. Fasani destacó que los imputados «ya no cobran como funcionarios, sino con la categoría de revista que tienen en el caso de los empleados de planta», como Gutiérrez, Contreras, Escolese, Lobos y Samuel Bustos.
Sin embargo, Cerda tendrá que decidir «qué va a pasar con los que eran contratados, algunos lo estaban hasta el 10 de diciembre y otros hasta el 30, como Recchioni, Cimolai o Iribarren», dijo Fasani al tiempo que dijo desconocer la condición de Graciela Pérez, aparentemente contratada.
Maldonado y Dalla Villa solicitaron el resguardo de la cinta en la que se grabó la sesión «para que nos remita una copia certificada del acta; porque no sería la primera vez que el acta se cambia. Así ocurrió con la que se hizo para la elección del Defensor del Vecino, que tuvimos que pedir que la arreglaran porque casualmente surgen errores gruesos» en las sesiones polémicas.
NEUQUEN (AN) y CENTENARIO (ACE)- La fiscalía de Delitos contra la Administración Pública le pidió ayer al juez Daniel Geloni que imprima un avance en la investigación de la banda de los subsidios de Centenario. Mediante un escrito, le solicitó que defina si existió una asociación ilícita integrada por funcionarios municipales y piqueteros-punteros políticos.
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