El fiscal suma unos 50 imputados y ya desconfía de Bonafini
Di Lello no especificó si la citación de Bonafini es como testigo o acusada para que de información sobre datos que faltan, como la integración del Consejo de Administración, la lista de 16 despedidos y en qué consiste la auditoría anunciada.
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El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ampliar la investigación a unas 50 personas que integrarían empresas y financieras vinculadas a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el presunto uso de fondos públicos, mientras crecen las versiones de una creciente desconfianza judicial hacia el rol que cumplió la titular de la organización, Hebe de Bonafini, en la investigación de la causa
El fiscal le solició el viernes al juez Norberto Oyarbide que proceda a allanar varias compañías sospechadas de participar de la “ruta del dinero” desviado de los fondos oficiales destinados a viviendas sociales y que terminaron en desinos muy diferentes.
Di Lello amplió las imputaciones a unas 50 personas, presuntos integrantes de las sociedades que formó Schoklender y las “cuevas” financieras donde se cambiaban los cheques para pagar la construcción de las viviendas que las Madres hacían en su proyecto Sueños Compartidos.
Entre los nuevos imputados figuran el financista Fernando Caparrós Gómez, que maneja los destinos de la firma Monetización, una mesa de dinero que manejó los dineros de la FundacionMadres y de buenos vínculos con la farándula. También alcanzó a la esposa de Schoklender, Viviana Sala, por ser parte de una sociedad que integra Enrique Rodríguez, el ex ministro de Trabajo menemista.
Rodríguez figura como socio de una constructora vinculada a Hugo Gallardo -hombre de Schoklender- también imputado en la causa, que quedó a cargo de la Fundación cuando Hebe de Bonafini echó a los hermanos.
A su vez, los pedidos de Di Lello alcazaron a la mujer del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la escribana Marta Amelia Cascales, que firmó la escritura de creación de Meldorek y otras 44 sociedades, informó el matutino.
También el presidente de Meldorek, Gotkin, su mujer, Marcela Zlotogorski; Daniel Laurenti, accionista de Meldorek, antes de que fuera adquirida por Sergio Schoklender, y su socio y piloto, Gustavo Serventich.
De este modo, el fiscal se pronunció sobre la denuncia que presentaron la semana pasada los diputados de la Coalición Cívica Elsa Quiroz, Maricel Etchecoin Moro y Fernando Sánchez. Este pedido también se basó en nuevas pruebas que produjo el fiscal antilavado Raúl Pleé, quien colabora con Di Lello en la causa.
El segundo requerimiento del fiscal federal reflejó también un creciente distanciamiento respecto de rol de la titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, en la causa. El 3 de junio, cuando presentó su primer pedido de allanamientos y otras medidas, aclaró que tanto el Estado como la Fundación Madres de Plaza de Mayo eran “damnificados” de la supuesta administración fraudulenta y asociación ilícita comandada por Sergio Schoklender.
Sin embargo, en el escrito del viernes, el fiscal modificó esa situación y dejó en claro que el Estado es el damnificado de Schoklender y sus socios, y las Madres y a Bonafini como “eventualmente damnificadas”.
“Hay varias cuestiones que generaron este cambio de situación para Bonafini – según uno de los investigadores del caso en la Justicia–. En primer lugar, todavía estamos esperando la lista de las 16 personas del entorno de Schoklender que Bonafini despidió de la Fundación hace dos semanas y dijo que iba a aportar al juzgado”. Además, dijo la fuente, “puso a Gallardo – Hugo Gallardo, uno de los imputados en el expediente– y a su hija (Alejandra Bonafini) en el lugar de Schoklender, y le dio a Oyarbide las llaves de una oficina de Pablo Schoklender pero cuando llegó la policía no encontró nada”, publicó ayer el diario Perfil.
Oyarbide debe resolver si acepta a la Fundación Madres como querellante y si cita a declarar, a pedido del fiscal, a de Bonafini. Di Lello no especificó si la citación de Bonafini debía ser como testigo o acusada para que brinde información sobre datos que faltan, como la integración del Consejo de Administración de la entidad y en qué consiste la auditoría que anunció .
Oyarbide debe definir si acepta a Madres como querellantes, pero el fiscal tiene dudas por las demoras y evasivas para dar información.
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