El futuro del cerro Catedral, un dilema de difícil solución

La provincia está decidida a ampliar la concesión de CAPSA.



SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Si alguien por estos días quisiera poner en ridículo a los brujos y videntes más esclarecidos podría proponerles el desafío de vaticinar quién estará administrando en un par de años el cerro Catedral, bajo qué condiciones y con cuánto consenso de la comunidad.

La actual concesionaria de los medios de elevación en el sector Norte del cerro, Catedral Alta Patagonia (CAPSA), reclama sus derechos para extender su área de explotación en la ladera sur.

Pero a su vez arrastra el pesado estigma de ser deudora del Estado, incumplidora del contrato y está en convocatoria de acreedores desde hace más de dos años.

Aún así el gobierno provincial está decidido a firmar la “readecuación con

tractual” con CAPSA para cederle la explotación total del cerro hasta 2024.

La decisión cuenta con el apoyo expreso del intendente Alberto Icare pero generó críticas de todo calibre entre políticos, empresarios y vecinos de la ciudad.

A su vez, la controversia está teñida por el reclamo de una inmediata municipalización del cerro, incluido el poder concedente, que la provincia pretende retener al menos dos años más.

Después de escuchar todos estos datos, es probable que el adivino quede mareado e impedido de articular palabra.

La pelea instalada por estos días tiene actores de los más diversos, a los que se suma el calendario, que avanza inexorable e impone definir cuanto antes quién operará el cerro el próximo invierno.

El gobernador Miguel Saiz es consciente de que avanza sobre campo minado y su dilema es que cualquier decisión que tome tendrá consecuencias no deseadas. El riesgo que enfrenta es el de imponer una medida impopular que puede condicionar por años su relación con Bariloche.

El gobierno radical percibe que si no construye consenso en torno de la readecuación del contrato con CAPSA, su relación con esta ciudad puede entrar en crisis, pese al interés del intendente Icare por fortalecer ese lazo.

Un gesto que no pasó inadvertido es la poca predisposición de Saiz para viajar a Bariloche a conocer opiniones de primera mano, lo cual contrasta con

las visitas semanales que realizaba durante la campaña.

De todos modos, el borrador del contrato ya está en plena discusión y los representantes locales acordaron establecer que el canon anual a pagar por la empresa será de 12.500 pesos pases diarios (alrededor de 1 millón de pesos) e incluyeron cláusulas severas de penalización y control que hasta ahora no existían.

Los colaboradores de Saiz se empeñan en aclaran cada vez que pueden que en el tema Catedral “el gobierno rionegrino no tomará ninguna decisión de espaldas a los barilochenses”, pero luego el secretario de Turismo, Germán Jalabert, cierra todas las puertas al asegurar que si no se firma el contrato con CAPSA él renuncia al cargo.

La mayor cuota de rispidez la puso el fiscal de Estado, Alberto Carosio, cuando confirmó que el gobierno pretende modificar la ley de contrataciones para saltar el muro que le impide contratar con CAPSA.

La idea de la provincia es adherir a la nueva ley nacional de Quiebras, que permite contratar con el Estado a las empresas que entraron en concurso de acreedores como consecuencia de la devaluación y pesificación de enero de 2002.

Pero en ámbitos políticos y empresarios sobran los críticos de ese atajo, quienes se apuraron a recordar que CAPSA entró en convocatoria varios meses antes de la crisis que terminó con el gobierno de De la Rúa.

Cualquier indagación sobre el punto obliga también a considerar que el socio principal y cabeza visible de CAPSA es Alberto Lamota, el mismo empresario que durante años manejó el transporte lacustre de Bariloche con la empresa Turisur y a quien muchos acusan de la postración que sufre hoy ese segmento.

A propósito de una licitación que lanzará el municipio, hace pocos días Parques Nacionales advirtió que Lamota y sus empresas están inhibidas de prestar cualquier servicio de navegación en el lago Nahuel Huapi a raíz de los juicios que mantiene con ese organismo.

El ex legislador y actual asesor del bloque del PJ, Juan Bolonci, consideró que allí reside un punto clave del conflicto. “Cómo puede ser que Lamota prometa nuevas inversiones millonarias y no levante el concurso de acreedores”, se preguntó el dirigente.

En el mismo partido, no obstante, es posible escuchar voces muy distintas. El secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio, Walter Cortés, recordó que están en juego los puestos de 450 trabajadores y consideró razonable “que el cerro quede a cargo de una empresa con experiencia como CAPSA”.

En otro orden, la oposición política pretende que el gobernador tome en cuenta el dictamen firmado en octubre pasado por el entonces fiscal de Estado Jorge Ceci, según el cual la empresa CAPSA tiene derecho a sumar la ladera Sur del cerro a su jurisdicción sólo si “se coloca en condiciones jurídicas de contratar razonablemente con la provincia”. Esto es, si ordena su pasivo y levanta la convocatoria.

Pero de inmediato ofrece como “plan B” la adhesión por decreto del Ejecutivo a la nueva ley de quiebras, modificando el régimen de contrataciones para salvar el impedimento que pesa sobre CAPSA.

El dinero en juego no es poca cosa, ya que los conocedores del negocio del esquí aseguran que -de operar todo el cerro- la empresa concesionaria podría obtener como mínimo una utilidad neta de entre 3 y 4 millones de pesos anuales.

Nota asociada: Una larga historia de desaciertos y abandono El plebiscito, una salida que muchos ya están propiciando La postura de los empresarios La incómoda posición de Icare

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