El futuro desarrollo minero

Héctor Ciapuscio (*)

Entre críticas desde sectores que visualizan realidades o riesgos preocupantes y alabanzas de otros que se ilusionan con un desarrollo económico-social inédito, la minería avanza en el país con frecuentes anuncios de grandes inversiones extranjeras en provincias cordilleranas. La decisión política del gobierno nacional en el sentido de la continuidad de tales inversiones tuvo una confirmación relevante semanas atrás en oportunidad de realizarse en Canadá la Cumbre del G20. Declaró la presidenta, en reunión con Peter Munck de Barrick Gold, el ministro de Economía y los gobernadores de Salta, San Juan, Jujuy, Santiago del Estero y La Rioja, que nuestro país tiene la voluntad política de profundizar su apertura a la tecnología minera y la inversión proveniente del exterior. Manifestó: “Siempre nos dicen que Chile es el ejemplo de la región. Bueno, Chile tiene su gran fuente de ingresos en la minería y nosotros pretendemos ir en esa dirección”. La referencia al país vecino tiene clara explicación. Chile, con el liderazgo de la estatal Codelco, es el primer exportador mundial de cobre, el sexto internacional de oro y sus exportaciones vinculadas a la actividad minera representaron el año pasado 31.000 millones de dólares, el 56,8% de sus ventas al exterior. (Recordemos que en 1971, con Salvador Allende en el gobierno, nacionalizó las empresas de la Gran Minería iniciadas por el grupo Guggenheim para Chuquicamata en 1916). A partir de la sanción en los 90 de una legislación ampliamente favorable para los negocios de la gran minería en nuestro país –el yacimiento La Alumbrera en Catamarca hizo punta ya en ese decenio– comenzó una serie de anuncios indicativos del despegue de esa actividad industrial históricamente relegada. Circulan en la prensa especializada nombres de emprendimientos que totalizan inversiones de muchos miles de millones de dólares y en cuya virtud varias provincias están ahora en la esperanza de una verdadera revolución productiva. Proyectos de gran magnitud en San Juan, Catamarca, La Rioja y Mendoza, además de algunos menores que están en estudio o ya comenzaron en provincias patagónicas, dan pasto a expectativas de transformaciones profundas. Jorge Mayoral, secretario de Minería, ha venido insistiendo en la necesidad de complementar, con el minero, el modelo agroexportador que ha generado exclusión social en las provincias de fuera de la Pampa Húmeda y declaró hace unos días que “la minería se ha convertido en los últimos años en una concreta alternativa de desarrollo económico y social para el país”. Quizá San Juan sea la jurisdicción que mejor sirve como ejemplo. Es la de mayor activismo político y la que trabaja con más convicción gracias quizá a una fuerte vocación minera y a una capacidad técnica fundamentada por su tradicional instituto de minería. Es también la que exhibe los números más positivos en cuanto a resultados económicos de esa actividad. El yacimiento aurífero Cerro Veladero, ubicado a más de 4.000 metros de altura, entró en actividad a fines del 2005 y ya supera una producción anual de 530.000 onzas de oro. El cuprífero El Pachón, un proyecto que fue objeto de un tratado de integración minera con Chile por estar ubicado en zona limítrofe entre los dos países, significará una inversión de 3.000 millones de dólares y comenzará a implementarse en el 2012. De parecida magnitud en cuanto a la inversión y la complejidad es el proyecto Pascua Lama, ubicado en la frontera entre San Juan y la provincia chilena de Huayco, que entraría en producción –de superarse cuestionamientos públicos relativos a problemas de afectación de glaciares presentados por políticos y grupos ambientalistas– a principios del 2013. Un proyecto representativo de nuevos tipos de desarrollos y emergentes mineros es el Potasio Río Colorado (PRC), que se refiere a la explotación de un gran yacimiento ubicado en Malargüe, al sur de Mendoza, y señala una de las mayores inversiones anunciadas en el país hasta el momento. Descubierto por YPF buscando petróleo en 1995, fue llevado adelante en los primeros años por la argentina Minera Tea y perfeccionado luego por la inglesa Río Tinto hasta su adquisición final por la brasileña Vale do Rio Doce (la empresa más grande de su país, superando a Petrobras, y empeñada en la disposición de potasio, fertilizante clave para la agricultura). La novedosa tecnología a emplearse en el PRC –no afectada por la norma legal mendocina que inhibe el empleo de ciertos químicos en procesos mineros– es la de inyección de agua caliente para disolución del cloruro de potasio que está a 1.000 metros de profundidad. El problema es que por cada tonelada de potasio que se extrae se generan 1,2 toneladas de cloruro de sodio (sal común) y la propuesta de su disposición cerca de la mina recibió fuertes objeciones vecinales e institucionales, de Coirco en particular. Se debió acudir a la elaboración de un proyecto corrector. A mediados del 2008, analizado éste por una comisión evaluadora interdisciplinaria y por diversas instancias universitarias e institucionales (16 organismos más varias ONG), se estableció la modificación de un aspecto básico –decisivo por la cultura productiva de Mendoza–: el alejamiento de las futuras pilas de sal 18 kilómetros al norte del Río Colorado. Así, el proyecto fue aprobado en el 2009 y a principios de agosto del 2010 el Senado provincial, con pautas de superación sobre el “compre mendocino” y contratación de servicios locales, dio luz verde a la empresa brasileña para la iniciación de los trabajos. La información periodística refiere que las obras de infraestructura (comprendidos un ferrocarril y un puerto en Bahía Blanca) insumirán dos años, que la producción de 2,4 millones de toneladas arrancará en el primer trimestre del 2012, originará 1.170 empleos directos y 10.600 indirectos. Concluyendo, creemos que el país está, tal como se sostiene desde el sector y dado el potencial que se aprecia, ante la posibilidad no lejana de un fuerte desarrollo minero. En nuestra opinión, sin embargo, quedan para un desarrollismo adulto varias tareas correctoras y amplificatorias. Tales, el ajuste metódico de aspectos de la legislación demasiado favorables a las empresas inversoras, la introducción de valor agregado en la producción y el control participativo en las garantías ambientales. Culturalmente, la capacitación técnica del personal argentino, la intervención sistemática de los organismos nacionales tecnológicamente competentes y la superación educativa de visiones radicalizadas sobre procesos, de tabúes, teorías conspirativas y “pozos de ignorancia” (imperdonables en políticos) que se exhiben popularmente en torno a la materia (el prejuicio sobre la utilización de cianuro o el rechazo a yacimientos “de tajo abierto”, por ejemplo). En todo esto deberíamos también mirarnos en el espejo de la madura experiencia histórica de nuestros vecinos de allende la cordillera. (*) Doctor en Filosofía