El gobierno ahora culpa de la inseguridad a los

Beliz: "Financian sus campañas con corrupción".





El gobierno nacional salió ayer a redoblar el reclamo efectuado el viernes por el presidente Néstor Kirchner para que se avance en una depuración «a fondo» en la policía bonaerense y atribuyó el problema de la inseguridad a «políticos ladrones» que «financian sus campañas» con dinero de la corrupción policial. Las fuertes declaraciones se escucharon un día después de que los cacerolazos volvieran a sonar en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, ahora por la in

seguridad que genera la catarata de secuestros extorsivos.

Mientras el ministro del Interior, Aníbal Fernández instó ayer a «meter el cuchillo a fondo» para «extirpar» la corrupción en las fuerzas de seguridad, el titular de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, denunció que «la pata política es clave» en el delito. «El problema de todo esto es que los cuerpos policiales se han corrompido porque han tenido políticos ladrones que han pactado con ellos y no han sido capaces de una depuración a fondo» de las fuerzas de seguridad, señaló Beliz.

El ministro dijo que para solucionar el problema de la inseguridad «hay que tener funcionarios honestos que tengan autoridad moral para conducir a la policía mejor». En ese marco, Beliz denunció la existencia de «políticos de turno» que «pactan» y «financian» sus campañas con «valijas de recaudación» policial, aunque evitó mencionar a qué sectores o dirigentes políticos se refería.

Con Beliz coincidió el ministro del Interior, quien admitió que a esta situación de corrupción policial se llegó tras 40 años de «complicidad del poder político», aunque ante esas acusaciones Fernández salió a defender al ministro de Seguridad bonaerense, Juan José Alvarez.

A su turno, Fernández pidió que al encargado de la conducción de la bonaerense «tampoco le pidan magia» porque «hay mucho para trabajar» en ese tema y recordó que «Juan José Alvarez (cuando fue ministro de Seguridad nacional, en el anterior gobierno de Eduardo Duhalde) ha demostrado fuertemente en la Nación, haber tomado las riendas de una fuerza de seguridad muy importante».

Beliz y Fernández formularon estos conceptos, horas después de que el presidente Néstor Kirchner ayer desde Chubut, reclamara una «depuración» a fondo de la policía bonaerense, por la vinculación de muchos de sus integrantes con hechos delictivos, entre ellos, la ola de secuestros.

Pese a los conceptos formulados por Kirchner y sus ministros, desde la provincia, ni el gobernador Solá ni su ministro de Seguridad, Alvarez, salieron a contestar ayer las críticas recibidas. Alvarez, ex intendente de Hurlingham y vinculado políticamente al ex presidente Eduardo Duhalde, fue también el antecesor de Beliz en el Ministerio de Justicia de la Nación. Por su parte, también se refirió al tema el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien desligó de la responsabilidad por la inseguridad bonaerense al gobierno nacional. Fernández atribuyó el problema de los secuestros y la inseguridad en la provincia gobernada por Felipe Solá a «un problema de incapacidad de reacción de las fuerzas policiales». (DyN/Télam)

Funcionarios del Gobierno nacional y del Ejecutivo porteño reconocieron ayer la legitimidad de la protesta contra la inseguridad que el viernes se tradujo en un cacerolazo espontáneo en distintos puntos de la Capital y del Gran Buenos Aires, y consideraron que se trató de una expresión de «bronca genuina».

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, admitió que la manifestación callejera «ha sido una queja objetivamente legítima» y aceptó que «los sectores medios de la sociedad reclaman una acción más decidida para terminar con el tema de la delincuencia».

Por su parte, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, no dudó en justificar la protesta y evaluó que fue una entendible expresión de «bronca» por parte de una población temerosa ante la creciente ola de secuestros y hechos de violencia de los últimos tiempos. A su turno, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, reflexionó que el cacerolazo se apoyó «en estadísticas y una realidad que no puede discutirse» y estimó que el reclamo estuvo dirigido a «todos los que tenemos responsabilidad» de gestión.


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