El gobierno analiza la única oferta por Hiparsa

La comisión debate hoy la propuesta original.



VIEDMA (AV)- El gobierno de Río Negro formalizó ayer -finalmente- la apertura de la única propuesta presentada para la explotación del complejo de Hiparsa. La Comisión de Evaluación comenzará hoy el análisis final para avanzar en la adjudicación y el contrato definitivo.

Esa propuesta corresponde A Grade Trading Ltd, que ofreció un desembolso de 6,4 millones de dólares para la provincia y una inversión progresiva que rondará los 25 millones de dólares.

Sin otra propuesta en este proceso de Iniciativa Privada se venció ayer el plazo fijado por el juez Jorge Bustamente, que la semana pasada aceptó un amparo presentado por un segundo grupo chino (Mining Group Material Supply) prorrogó la recepción de propuestas, cuyo cierre estaba programado para el lunes 8 de noviembre.

En el acto de la víspera, Mining Group Supply presentó otra nota -que firma Olegario Conejo Marino- y reiteró su pedido de prórroga de recepción de las ofertas. La comisión reunida en el Salón Gris -que presidió el ministro César Barbeito- rechazó esa solicitud y prosiguió con el proceso, abriendo la única propuesta existente, la correspondiente A Grade Trading Ltd, filial en Estados Unidos de la firma oriental Lingcheng Steel Ltd.

Barbeito -quien convocó a la Comisión para hoy- adelantó que la misma enviará durante esta jornada su dictamen al gobernador Miguel Saiz “con la adjudicación de la propuesta si todo está correcto, y luego se comenzará a trabajar en los términos del contrato con la empresa china”.

También participaron en la reunión de ayer el ministro de la Producción, Juan Accatino, el legislador justicialista Ademar Rodríguez, el secretario de Hacienda, José Luis Collinao, el fiscal de Estado, Alberto Carosio, y el secretario Legal y Técnico, Fabio Rey. Además, entre otros, concurrieron el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren y el presidente de Hiparsa, Ernesto Urcera.

En el inicio, Barbeito formalizó la recepción de la nota de Mining Group y pidió una opinión al fiscal de Estado, quien entendió que la provincia había cumplido con el mandamiento del juez porque la prórroga vencía al mediodía y además informó que no existía apelación por parte de Mining. Así, se siguió con el proceso suspendido el lunes anterior por la resolución de Bustamente.

Luego, en declaraciones a la prensa, Barbeito resaltó que “la intención del gobierno es que se ponga en funcionamiento la explotación del complejo minero lo antes posible, sobre todo por lo que hace al futuro de la comunidad de Sierra Grande”, añadió.

En relación con dichos de representantes de Mining que Barbeito no los había recibido, el ministro advirtió que a él no le corresponde porque “como titular de la Comisión debe evaluar las propuestas”. En cambio, el funcionario afirmó que “tenemos un ministro de Producción que es quien trabaja en traer propuestas y buscar inversores, y fue quien acompañó al grupo chino cuando visitó la mina”.

Una apelación de Saiz por las facultades

VIEDMA (AV)- El gobierno de Miguel Saiz no quiere repetir el antecedente judicial de Hiparsa y entonces apelará “la cuestión de fondo” de la resolución de amparo del juez Jorge Bustamante. Así, lo adelantó el fiscal de Estado, Alberto Carosio.

Días pasados, otro magistrado -en este caso, del Alto Valle- aceptó también un recurso de un empresario de Villa Regina y, en esa ocasión, dispusO la postergación de una licitación para construir un tramo de la pavimentación de la ruta 23.

En diálogo con la prensa, Carosio afirmó que la Fiscalía de Estado apelará la “medida judicial de Bustamante en virtud de algunas cuestiones técnicas de fondo del acto. Queremos dejar establecido cuáles son las facultades que tiene la justicia y cuáles la administración. En realidad, se plantearán los derechos del Poder Ejecutivo y la división de poderes”.

En otra parte, el fiscal reiteró que se deben dejar “establecida las facultades de los jueces”.

Recordó que “existía un procedimiento que fue cumplido según la ley y existe una presunción de legitimidad de los actos administrativos, pero el juez dictó la suspensión de los plazos”.


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