El gobierno apunta a crear nuevos gremios



La medida busca quitar poder de negociación a los “caciques” sindicales.

La Cámara de Diputados comenzará a discutir en la comisión de Legislación del Trabajo un proyecto enviado por el gobierno que facilita la creación de nuevos gremios.

La iniciativa se encuentra en sintonía con la estrategia impulsada por la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, al convocar a renegociar los convenios colectivos de trabajo. (Ver abajo)

El gremialismo entendió la jugada como un desafío frontal a su poder.

Actualmente, los sindicatos nuevos, para acceder a la personería jurídica, deben contar con un 10% más de afiliados que los gremios ya existentes y legalmente reconocidos.

El proyecto enviado la semana pasada por el gobierno a la Cámara de Diputados disminuye el requisito del 10 al 5%.

“Vamos a apoyarlo sin demoras”, afirmó el diputado radical Juan Carlos Passo, presidente de la comisión de Legislación del Trabajo.

El proyecto había sido defendido por Bullrich en la 89 conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Suiza.

Durante el encuentro laboral de Ginebra, la ministra se cruzó duramente con la delegación de sindicalistas, quienes reprochan al gobierno lanzar la negociación de los convenios colectivos en un período de elevado desempleo.

Los gremios entienden que la recesión deja a los trabajadores en una posición muy débil para discutir con los empresarios.

Pero el enojo de los sindicalistas va más allá y consideran que la embestida del gobierno encubre la intención de limar todavía más su poder.

“La andanada de decretos y resoluciones que tienden a atacar a las organizaciones sindicales tratan de individualizar las relaciones laborales con el objetivo de abaratar la mano de obra, porque es diferente si los trabajadores negocian unidos que si lo hacen separados”, aseguró la diputada justicialista Graciela Camaño.

Estrategia

La legisladora, quien expresa la opinión del sindicalismo en el bloque del PJ, encuadró el proyecto girado por el gobierno al Congreso en la misma estrategia que creen ver detrás del llamado a la renegociación de los convenios.

Al igual que Passo, Camaño es integrante de la comisión de Legislación del Trabajo, como otros diputados justicialistas de extracción sindical, tales como Alfredo Atanasof, Oraldo Britos y Saúl Ubaldini.

El contraste entre las opiniones de la UCR y el PJ prometen un difícil trámite para la medida en la comisión.

Sin embargo, el oficialismo es mayoría en Legislación del Trabajo y, por lo tanto, si la Alianza apoya sin fisuras el proyecto irremediablemente llegará a la recinto para su tratamiento.

El principal problema para el gobierno es superar el Senado, donde el PJ es mayoría y tiene fluidos contactos con el sindicalismo.

Sobre el fin de la ultraactividad, Bullrich, consideró que las negociaciones paritarias “de ninguna manera servirán para la baja de salarios” y estimó que permitirán “acompañar” las medidas destinadas a reactivar la economía anunciadas por el gobierno. (DYN e Infosic)

Sigue demorada la regulación de decretos

El Congreso de la Nación sigue demorando, a 7 años de la reforma constitucional, la sanción de una ley que crea una Comisión Bicameral para expedirse sobre la validez de los decretos de necesidad y urgencia, debido a las profundas divergencias que existen en la materia entre la Alianza y el justicialismo.

La Constitución prevé la conformación de una Comisión Bicameral Permanente, pero para ello se requiere una ley reglamentaria en la cual se deberán definir cuando tiene validez o no un decreto de necesidad y urgente y uso de las delegaciones legislativas cedidas al PEN.

La falta de esta ley obligó a los diputados y senadores crear una Comisión Bicameral Especial para monitorear el uso de las facultades legislativas que se cedieron a fines de marzo por un año al Ejecutivo, en base al artículo 76 de la Constitución. Si bien pasaron siete años de que se reformó la Carta Magna, la Alianza y el justicialismo no logran acercar posiciones, y eso impide que pueda votar este proyecto, que necesita en Diputados el respaldo de 129 votos positivos y en el Senado de 37.

En los últimos dos años hubo varios intentos por impulsar el debate de este proyecto de creación de una Comisión Bicameral Permanente, en la cual se definirá cuando tendrá validez o quedará derogado un decreto de necesidad y urgencia, y se establecerá el control del uso de las delegaciones legislativas.

El año pasado, el Senado buscó acelerar el debate del proyecto luego de conocer la decisión del gobierno de rebajar los sueldos estatales por decreto, y el último intento fue hace dos meses en la Cámara de Diputados, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió cinco dictámenes. (Télam)

Polémica por el fin de los convenios colectivos

Buenos Aires (ABA).- En un clima signado por la crisis de Aerolíneas Argentinas y con el fantasma de los sobornos en el Senado de la Nación como telón de fondo, el Ministerio de Trabajo dio los primeros pasos en la instrumentación de la controvertida Ley de Reforma Laboral: puso fin a la vigencia indefinida de los convenios colectivos de trabajo (la ultraactividad) y estableció un cronograma de reuniones donde empresarios y sindicatos deberán discutir y renegociar las condiciones laborales que los unen.

La medida obliga a renovar cerca de 400 convenios que permanecían sin modificaciones desde 1975.

A partir del 23 de julio y hasta el 31 de diciembre, los derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores serán sometidos a mesas de negociación entre sindicatos y empresarios.

El fin de la vigencia indefinida de los convenios colvectivos fue rechazado categóricamente por la mayoría de los gremios, que consideraron que es una forma sutil de reducir los salarios y precarizar las ya desgastadas condiciones laborales.

“Esta clarísimo que es una herramienta para bajar salarios. Y lo que es peor: no sólo van a intentar un recorte salarial, sino que además van a querer quitar los beneficios que los convenios colectivos garantizan a los trabajadores”, planteó a “Río Negro” el Secretario General de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación y vocero de la CGT disidente, Julio Piumato.

Pero esta no es la misma visión que tiene Trabajo. El subsecretario de Relaciones Laborales, Juan Velasco, explicó a este diario que “no tiene sentido pensar que una reducción salarial puede darse ya que en la actualidad las empresas pagan salarios superiores a los estipulados por los convenios”.

“Esa posibilidad es impensable e irreal, y está fundada en comentarios interesados. La última encuesta del Indec de Salario Efectivo muestra que los salarios reales de todos los sectores que tienen convenios ultraactivos son el 50% superiores a lo que marca el convenio. ¿Por qué una empresa que hoy puede pagar 300 pesos por convenio paga 500?, fácil: porque esa es la realidad del mercado”, explicó.

Velasco consideró además que la medida impulsada por Trabajo resultará positiva ya que obligará a empresas y a sindicatos a dinamizar las relaciones laborales.

“Los convenios están desactualizados, tanto desde el punto de vista de las bajas remuneraciones que fijan como de las condiciones de trabajo que establecen. Ahora, todo eso cambiará para beneficio de ambas partes”, dijo. La controversia con respecto a la resolución que pone fin a la ultraactividad no sólo radica en el temor a que se produzca una reducción salarial. Los sindicalistas aseguran que esta medida no puede ser puesta en vigor, ya que la ley a la que responde está cuestionada tanto moral como penal y judicialmente.


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