El gobierno busca imponer su reforma judicial

La Corte retiene el manejo de fondos. La oposición sigue rechazando los proyectos.



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DyN

La diputada ultra-K Diana Conti fue la encargada de leer la carta enviada por los magistrados y anunció los dos cambios al texto original. No conformó a la oposición.

El oficialismo se encamina a concretar hoy el trámite en la Cámara de Diputados de los tres proyectos más polémicos de la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo, en medio de protestas lideradas por la oposición y diversas organizaciones en la zona del Congreso, que denuncian un intento del gobierno para controlar el Poder Judicial, avasallando la división de poderes.

A última hora, el oficialismo concedió a la Corte Suprema el manejo del presupuesto del Poder Judicial y admitió que los magistrados puedan designar, sin concurso, los cargos de mayor jerarquía, en las dos modificaciones que habilitó al kirchnerismo luego del reclamo de los jueces de todo el país.

Sin embargo, los aspectos más resistidos, como la elección por votación popular de integrantes del Consejo de la Magistratura, la limitación de las medidas cautelares contra el Estado y la creación de nuevas Cámaras de Casación, se mantienen intactos, lo que motivó el rechazo de los diputados opositores y expertos que intervinieron ayer en la reunión conjunta de comisiones realizadas ayer en ambas cámaras.

La sesión en Diputados está convocada para las 11.45 y el gobierno asegura tener tanto el quórum como los votos necesarios para aprobar las iniciativas, aunque hay dudas sobre el voto de una docena de legisladores . El oficialismo precisa 129 votos, la mitad más uno de los diputados, para aprobar la reforma del Consejo de la Magistratura, y una mayoría simple para las otras dos.

En sendos plenarios de comisiones, en la Cámara Baja se analizaron ayer los tres polémicos proyectos que hoy se discutirán en la sesión, en tanto en el Senado se debatieron los textos de ingreso democrático de empleados al Poder Judicial, la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos vía Internet y de las causas judiciales por el mismo medio. De aprobarse las modificaciones en los respectivos recintos, los proyectos en cuestión deberán volver a la Cámara de inicio de su tratamiento: la Reforma del Consejo, a la Cámara Alta, y la ley de ingreso al Poder Judicial a Diputados. El Senado trataría todo lo que resta de la reforma el jueves 8 de mayo.

En tanto, hoy a las 10 los diputados de la oposición volverán a reunirse en la “Carpa por la Justicia Independiente” en la Plaza de los Dos Congresos, antes de la sesión. A la tarde realizarán una protesta la CGT opositora de Hugo Moyano y la CTA disidente de Pablo Micheli; mientras que la UCR, la Coalición Cívica, Libres del Sur y otros convocaron a movilizarse a las 17.30, con lo que las manifestaciones confluirán durante la sesión. (Ver aparte)

Una de las dos modificaciones principales, la del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, deja que continúe en manos de la Corte Suprema el manejo del Presupuesto del Poder Judicial, que será controlado por la Auditoría General de la Nación (AGN), y la selección de personal. En tanto el otro cambio, que vino desde el Senado donde se corrigió la “ley de ingreso democrático e igualitario de empleados a la Justicia” para permitir que los magistrados puedan designar, sin concurso, un relator, un secretario y dos letrados.

Anoche, en una reunión mantenida en Casa Rosada entre la presidenta Cristina Fernández; el secretario general de la Presidencia, Carlos Zannini, y los diputados Julián Domínguez, Agustín Rossi, Diana Conti y Jorge Landau, se decidió aceptar algunas modificaciones a la reforma, luego que el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, acercara a la mandataria una carta con los reclamos de los magistrados de todo el país .

Al inició del plenario en Diputados, la ultrakirchnerista Conti reconoció la existencia del reclamo judicial en forma de carta al señalar: “Es nuestra intención tomar algunas de las sugerencias de nuestros jueces”. Pese a los cambios anunciados, fueron varias las voces de oposición que se continuaron alzando contra la reforma como la de Elisa Carrió, quien denunció la existencia de “un acuerdo espurio” entre Lorenzetti, y la presidenta. (Ver aparte) Su par de Unidad Popular Liliana Parada, en tanto, reconoció que es necesario “una reforma judicial” pero señaló que el inter-bloque FAP busca “una reforma que le dé a la ciudadanía una efectiva participación en las decisiones y no una propuesta de partidización como la propuesta por el Ejecutivo”. El radical Ricardo Gil Lavedra cuestionó la creación de tres nuevas cámaras de Casación: “Da vergüenza que digan que es para acelerar” el funcionamiento de la Justicia, dijo.

Polémica “democratización”


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