El gobierno busca suavizar relación con piqueteros

El gobierno reafirmó ayer que su política respecto de las organizaciones piqueteras es «evitar el choque» y volvió a negar la creación de una brigada antipiquetera, mientras que los piqueteros denunciados ratificaron que el Ejecutivo busca «desarticular el movimiento» por medio de una política represiva. «La política del gobierno sigue siendo la misma: evitar el choque con estos sectores y buscar la disuasión», aseguró el jefe del Gabinete, Alberto Fernández.

La supuesta creación de una brigada contra los piqueteros también fue desmentida ayer por el propio Kirchner en un encuentro con la Asociación Madres de Playa de Mayo, que preside Hebe de Bonafini, quienes se reunieron con el jefe de Estado para pedirle el desprocesamiento de unos 3.000 piqueteros.

Por otra parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, decidió hacer uso de su derecho a declarar por escrito en la causa promovida por el Gobierno contra piqueteros, cuyos representantes serán recibidos hoy por el juez federal Norberto Oyarbide.

«El ministro Tomada se comunicó telefónicamente con el tribunal para informar que no concurrirá mañana (por hoy) a la audiencia porque contestará por oficio. Consecuentemente, se le enviará el cuestionario correspondiente», contó el juez Oyarbide. El magistrado investiga si un grupo de piqueteros bloqueó el 22 de octubre último los accesos del Ministerio de Trabajo e impidió así que Tomada y sus colaboradores en la cartera laboral egresaran del edificio.

La fiscalía requirió la acción penal por posible privación ilegítima de la libertad al dar luz verde a una denuncia penal radicada por el Gobierno de Kirchner. El juez fijó para hoy a las 11 la audiencia destinada a interrogar a Tomada, en calidad de testigo, pero el ministro optó por declarar por escrito.

Debido a que la audiencia quedó suspendida por la decisión de Tomada, Oyarbide concedió para hoy a las 11 una entrevista a representantes de agrupaciones piqueteras que se contactaron co el juez para interiorizarse sobre la causa. La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y letrados de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y la Comisión por la Libertad de los Presos Políticos asistirán a la audiencia con Oyarbide.

Ayer, el fiscal federal Luis Comparatore diferenció la acusación promovida contra piqueteros -aún no individualizados- del delito de «secuestro». «El secuestro tiene otras características afines pero no es secuestro…», dijo Comparatore, que tipificó la conducta de los piqueteros como posible privación ilegítima de la libertad. (Télam/DyN)

Raúl Afonsín: calificó este tipo de medidas como «una lucha antisistema», aunque reconoció la legitimidad de algunos de los reclamos.

Ricardo López Murphy: «la privación ilegítima de la libertad no es una forma de protesta» y que «la privación ilegítima de la libertad es un delito penal. que, como tal, debe ser sancionado y repelido». «Una cosa es la protesta que es una cuestión legítima, la protesta no requiere que yo lo prive a usted ilegítimamente de la libertad».

BUENOS AIRES (ABA).- El primer conflicto entre ministros, con un presidente reprendiendo a todos, tuvo a maltraer al gobierno a raíz de las discrepancias y las idas y vueltas para reprimir a los piqueteros más duros, algunos de los cuales tuvieron retenido en su despacho al titular de Trabajo, el ex rugbier Carlos Tomada.

«Este es el límite», sentenció Tomada en distintas entrevistas concedidas el fin de semana pasada, luego de que el jefe de gabinete Alberto Fernández, diera aliento a la creación de una «brigada antipiquetera», contrariando al ministro de Justicia Gustavo Beliz, quien hizo saber que ya existe un cuerpo de seguridad urbana de la policía federal, encargada de disuadir sin armas de fuego a los desocupados más violentos.

El propio Kirchner percibió que haber impulsado una denuncia penal contra los piqueteros que retuvieron ilegalmente a Tomada, no hacía más que dar entidad a un pequeño grupo de revoltosos que, a partir de esa circunstancia, empezó a tomar relevancia y a programar una movilización nacional para la semana próxima.

De allí que Kirchner relativizó ante Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa, la ofensiva oficial y ordenó al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, un hombre de escaso contacto con el periodismo de los medios porteños, a salir a hablar por todas las radios y diarios: no habrá confrontación, aclaró el neuquino.

«Hasta ahora con la policía no hemos tenido inconvenientes graves», rezongó Beliz ante Kirchner. Y el patagónico, que se brota con facilidad, ordenó a Tomada y Fernández que dejaran de hacer manifestaciones Kirchner se encontró en una encrucijada de la que no sabe como salir, aún manteniendo la idea de reconvertir los planes para jefes y jefas de hogar en programas productivos y de excluir de esos beneficios a los piqueteros que transitan por la marginalidad.

La protesta social a través del fenómeno callejero le sirve, por otra parte, al gobierno para presionar, en la también áspera negociación, a las empresas privatizadas de servicios públicos de origen europeo y norteamericano.