El gobierno denunció presuntas irregularidades en el Ipross

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VIEDMA (AV).- Tres denuncias formalizó ayer la actual administración del Ipross por expedientes de la conducción anterior, a cargo de Alcides Pinazo. La documentación entregada en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se concentraría en los excesivos precios abonados por prótesis y por material descartable, y también en un presunto pago irregular de más de 550 mil pesos a una operadora de telefonía celular. Las presentaciones fueron realizadas ante el fiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone, por el asesor legal de la obra social, Julián Fernández Eguía. Un escrito consiste en la revisión de valores en prótesis y en material descartable adquiridos, con costos perjudiciales -según el análisis gubernamental- para las arcas de la obra social. Otro expediente se trataría de un hecho particular con una prestación de Río Colorado. En cambio, el tercer caso comprendería débitos bancarios por parte de Claro de cuentas del Ipross por unos 550 mil pesos en servicios que no fueron prestados. Las autoridades del Ipross -que conduce Fabian Zgaib- atesoran expedientes de la gestión de Pinazo y, reiteradamente, hablaron de irregularidades aunque, hasta ahora, no se habían formalizado ninguna. Estas presentaciones constituyen las primeras denuncias reales, centradas en prótesis, y materiales descartables. La información de la denuncia del contrato con Claro fue publicada por Lo Principal, precisando que la firma de comunicación debitó, desde el 2008, montos de una cuenta bancaria del Ipross por algo más de 550.000 pesos. La obra social habría realizado esa operación en forma directa y, aparentemente, Pinazo “habría querido blanquear los pagos entre el 2008 y 2009 con documentación engorrosa”. Claro efectúo los débitos bancarios sobre la cuenta N° 900001477 que el Ipross tiene en el Banco Patagonia. Las retenciones habrían continuado, por lo que el asesor de la obra social presentó en la Justicia rionegrina una medida cautelar para evitar nuevos débitos y finalizar con la contratación, siempre considerando que el Estado estaría pagando por un servicio que la compañía no estaría prestando. Anoche, el gobierno informó de la denuncia por Claro. En gacetilla, Fernández dijo que “la contratación fue irregular” porque “se hizo sin cumplir ninguna de las leyes vigentes”, que fue una “contratación personal” efectuada por Pinazo, pero “se autorizó el débito de una cuenta del Ipross”. Afirmó que “hay sucesivas notas dentro del expediente donde se intenta suspender el pago, pero no lo logran. Eso es lo que nos lleva a hacer una denuncia penal con el planteo de una medida cautelar para que el juez o el fiscal ordenen la suspensión de los débitos”, especificó. La situación de Pinazo es complicada. Está procesado -con dos funcionarios- por el juez Carlos Reussi por el delito de Administración infiel en perjuicio del erario público por una causa de pago de presuntos sobreprecios en material descartable para una paciente crónica de Bariloche.

La denuncia la hizo el asesor legal de la obra social, Julián Fernández Eguía.