El gobierno dispuso varios cambios en las jubilaciones

El gobierno finalmente sancionó por medio de un decreto de necesidad y urgencia la reforma previsional que contempla:

• una jubilación mínima de 300 pesos

• la suba de la edad de retiro de las mujeres a los 65 años

• mantiene el sistema de reparto y otorga una garantía estatal para trabajadores con salarios de hasta 1950 pesos.

Ahora, los riesgos son los conflictos que se generarán dentro de la propia Alianza y los enfrentamientos con la oposición y el gremialismo por la aplicación de esta polémica medida. Desde el Frepaso y el PJ, distintos dirigentes anunciaron que tratarán de derogar el decreto en el Congreso (Ver “El PJ y el Frepaso”).

El anuncio de la aplicación de la reforma previsional fue formulado ayer en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de la que participaron el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y los ministros José Luis Machinea, Patricia Bullrich, Héctor Lombardo y Jorge De la Rúa. Fue muy llamativa la ausencia de De la Rúa en el acto por los anuncios.

El nuevo sistema contempla el reemplazo de la garantía estatal de 200 pesos denominada Prestación Básica Universal (PBU) que gozan los actuales trabajadores para sus beneficios futuros, por otra prestación suplementaria que alcanza a los sueldos de hasta 1950 pesos.

«La media del salario en la Argentina es de 875 pesos, con lo cual estamos cubriendo al 92% de los trabajadores», expresó Bullrich al fundamentar la medida.

También se decidió mantener el sistema de reparto, que el gobierno había dicho que iba a eliminar cuando anunció su proyecto de reforma, ya que se consideró que el 95% de la gente en la actualidad elige el régimen privado.

La reforma prevé incrementar a 65 años la edad de retiro de las mujeres, quienes podrán optar por una jubilación anticipada (con menor haber) y no podrán ser obligadas por las empresas a adoptar esa modalidad. Bullrich indicó que ninguna AFJP podrá acaparar más del 27,5% del mercado de afiliados previsionales y que las aseguradoras no podrán cobrar comisiones fijas a sus afiliados.

El nuevo esquema garantiza una cobertura de 100 pesos para todas las personas que no accedieron en su edad activa a cobertura social por trabajar en negro o no completar su período de aportes.

No obstante, se fijaron tres bandas de beneficio: para los que no acrediten aportes, 100 pesos; si presentan menos de 10 años, entre 150 y 300, y para el que completó el período de por lo menos 26 años, entre 300 y 3.100 pesos mensuales.

Por otro lado, se decidió estirar de 30 a 60 días el período en el cual el nuevo trabajador puede optar entre alguna de las AFJP del sistema o el mecanismo de reparto.

Colombo consideró, en tanto, que la instrumentación de la reforma previsional por decreto de necesidad y urgencia «no generará una ruptura política» en la Alianza, ante el rechazo que manifiestan los diputados del Frepaso y algunos radicales.

«Nosotros creemos que es un paso adelante dentro de los cambios estructurales para que Argentina empiece a crecer», afirmó en conferencia de prensa.

«Más allá de las distintas visiones en esta Alianza no creemos que esto genere una ruptura política» en la coalición, sostuvo en referencia a la oposición del Frepaso a la implementación de la reforma por decreto.

Por su parte, Machinea explicó que el decreto presenta modificaciones en relación al proyecto de ley que había diseñado el gobierno, aunque dijo que «respeta el espíritu» de la iniciativa original.

En ese sentido, reconoció que varias de las modificaciones introducidas, como el mantenimiento del sistema de reparto y la suba de 800 a 1.950 pesos del límite salarial para percibir la prestación suplementaria, obedecieron a observaciones realizadas por los legisladores. (DYN/AR)

El PJ y el Frepaso quieren derogarlo

El presidente del bloque justicialista del Senado, José Luis Gioja y el diputado socialista Alfredo Bravo no descartaron ayer la posibilidad de que sus bancadas voten en marzo una ley de reforma previsional que contrarreste los alcances del decreto dictado ayer por el Poder Ejecutivo.

“El Ejecutivo se ha aferrado al uso enviciado de algunas mañas, y en este sentido el decreto más complicado es el de la reforma previsional”, sentenció anoche Gioja.

En tanto, Bravo subrayó que tras el decreto no está sólo el impulso del FMI sino que “en ese mar de negocios, aparece el establishment local”.

El socialista, además, cargó contra el gobierno de Fernando de la Rúa al remarcar que “parece como si en lugar de él, estuviera Carlos Menem en el poder”.

En sus críticas a la administración central, Bravo se quejó que, “según la mentalidad del presidente, es mucho más fructífero cumplir con los organismos internacionales que con los ciudadanos argentinos”.

A su vez, la diputada aliancista María América González adelantó que tratarán de derogar en febrero el decreto. Afirmó que se siente “acompañada por todo el Frepaso y por muchísima gente del radicalismo” para conseguir el rechazo parlamentario de la reforma previsional. (DYN)

Colombo reconoce

“los costos”

El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro de Economía, José Luis Machinea, aseguraron que los decretos están orientados a garantizar el crecimiento de la economía para el año próximo y rechazaron las resistencias que genera especialmente la reforma previsional.

“Acá no se puede ser beneficiario de los éxitos sin pagar los costos de cada una de las medidas”, admitió Colombo, aunque inmediatamente agregó que la evaluación realizada “no tiende a cuestiones partidarias ni electorales” sino a garantizar “el crecimiento, el empleo y las inversiones”.

Al defender los decretos, el ministro coordinador también negó que las nuevas medidas vayan en contra de las propuestas electorales de la Alianza, al subrayar que están enfocadas “fundamentalmente al crecimiento económico que es la mejor forma de ir saldando la deuda social” del país.

El decreto de la reforma previsional es la medida que más polémica genera para el gobierno, ya que no sólo el justicialismo anticipó su rechazo sino también el Frepaso, con lo que se corre el riesgo de una nueva crisis interna en el seno de la Alianza.

La desregulación de las obras sociales, en tanto, plantea un foco de conflicto con el sector gremial y la CGT oficial de Rodolfo Daer ya anunció un nuevo paro de actividades para el 1 de marzo.

(DYN)

Se viene la libre competencia para las obras sociales

El gobierno reglamentó el nuevo Sistema Nacional de Seguro de Salud que entrará en vigencia a partir del primero de enero y permitirá la libre competencia entre las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.

El ministro de Salud, Héctor Lombardo, aseguró que “el primero de enero se abre el sistema” para que puedan competir las obras sociales sindicales y las empresas privadas, las que deberán inscribirse en un registro especial.

La respuesta al nuevo sistema por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), dada a conocer ayer por Rodolfo Daer, fue una convocatoria a un paro de 36 horas el 1ro y el 2 de marzo del 2001.

La reglamentación salió por la vía de un decreto común que contiene las pautas que deberán respetar los agentes del sistema, entre las que figuran la posibilidad de que los nuevos trabajadores puedan elegir obra social desde el primer día de empleo.

Según informó el Ministerio de Trabajo, el nuevo esquema “incrementa el universo de elección de los beneficiarios al permitirles la libre elección y traspaso entre obras sociales sindicales, de personal de dirección y las empresas que adhieran al sistema”.

Se destaca que “los agentes del Seguro de Salud no pueden rechazar ninguna solicitud de incorporación”.

El esquema garantiza a cada trabajador afiliado y a su grupo a cargo una cápita de 20 pesos, con la cual tendrá todas las coberturas establecidas en la Prestación Mínima Obligatoria, que será igual para todos los agentes.

También establece una nueva escala de tipo progresivo para los aportes de los trabajados al Fondo Solidario de Redistribución, en la cual los salarios más altos contribuyen en mayor proporción. Dicho fondo servirá para subsidiar las prestaciones de las personas de menores ingresos y financiar los tratamientos de alta complejidad.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, el fondo pasará a contar con 540 millones de dólares anuales, lo cual implica una suba del 64% sobre los 360 millones que maneja en la actualidad.

El esquema brindará cobertura a aproximadamente 12 millones de personas y operará en un mercado en el que se manejan alrededor de 4.000 millones de pesos anuales. (DYN)

Frenaron la restitución salarial a estatales

El Ejecutivo vetó parcialmente ayer el artículo 18 del Presupuesto 2001 que el Senado había modificado, dejando así en pie las rebajas salariales de hasta 12% para los empleados públicos.

El ministro de Economía, José Luis Machinea, destacó que además se vetaron varios artículos que significaban un incremento del gasto público o del déficit fiscal, entre los que se encuentra el vinculado al Fondo del Tabaco.

“Hemos dispuesto un veto parcial al artículo 18 porque esa no es la forma que estaba prevista para producir un aumento en los salarios del sector público, y los otros están relacionados con aumento del gasto público y del déficit fiscal por arriba de lo previsto”.

El artículo 18 faculta al Poder Ejecutivo a restituir a los empleados públicos las rebajas de entre 10 y 12% para los sueldos que superen los 1.000 pesos mensuales, aplicada en junio a través del decreto 430.

Sin embargo, Machinea confirmó que el Gobierno está “trabajando en algún tipo de mecanismo, probablemente un proyecto de ley, para avanzar en el tema de reforma y modernización del Estado”. Según estimó, esta iniciativa se podría empezar a discutir “en los primeros meses del próximo año”.

El Senado había incorporado al proyecto del Ejecutivo una cláusula que insta a todas las reparticiones del Estado a elevar antes del próximo 30 de abril un plan de ahorro para destinar los fondos de ese programa a devolver gradualmente a estatales el recorte salarial.

“El Ejecutivo ya había anticipado que iba a vetar este artículo porque no es la manera como estaba previsto intentar producir un aumento de salarios del sector público, ya que ahorros en bienes y servicios pueden generar grandes ineficiencias en el sector público y tenemos áreas que ya tienen problemas operativos y no es ahorrando en el corto plazo en bienes y servicios que podemos reponer este aumento de salarios”, argumentó Machinea.

Retoques a la ley de Riesgos de Trabajo

El gobierno modificó ayer mediante un decreto de necesidad y urgencia la ley de Riesgos del Trabajo de manera de elevar a 180 mil pesos las indemnizaciones por accidentes laborales y ampliar la lista de coberturas de enfermedades profesionales.

Entre los fundamentos de la norma se admite que la modificación obedece al objetivo de poner límites al incremento de demandas judiciales por accidentes en el ámbito de trabajo.

“Ciertos reclamos han tenido acogida en tribunales de diversas jurisdicciones del país, cuyas sentencias particulares han puesto en entredicho la concordancia de algunos preceptos de la ley citada con garantías constitucionales”, expresa en los considerandos el decreto que lleva el número 1278.

Además se afirma que “un incremento del monto de las prestaciones dinerarias,… no afectará significativamente la solvencia económica financiera general del sistema, ni generará un incremento indiscriminado en el valor de las alícuotas a cargo de los empleadores”.

Entre los puntos más importantes que se modifican en relación a la ley 24.557 se destaca:

* Los topes para incapacidades parciales, totales y muerte se elevan a 180 mil pesos.

* Se incrementa de 43 a 53 veces el multiplicador de valor mensual de ingreso base, necesario para el cálculo de las indemnizaciones.

* En caso de muerte o incapacidad permanente superior al 50 por ciento, se refuerzan todas las prestaciones dinerarias con un importe de pago único complementario a la percepción de la prestación de pago periódico vigente (30 mil para incapacidad parcial grave, 40 mil para totales y 50 mil para muerte).