El gobierno español suprime su financiación directa a la Iglesia

El gobierno español anunció ayer que suprimiría su contribución tributaria directa a la Iglesia Católica, aunque aumentará el porcentaje de financiamiento que ofrece a los contribuyentes la posibilidad de cotizar para la Iglesia a través del impuesto de la renta.

La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, anunció tras la reunión del Consejo de ministros que se había logrado un acuerdo «entre ambas partes en las últimas horas».

La Conferencia episcopal española rechazó no obstante comentar estas informaciones, y afirmó que aún no recibió el texto del proyecto que el gobierno prevé integrar a su ley de presupuesto de 2007.

Fernández de la Vega explicó que el Ejecutivo suprimiría el desembolso directo que hacía hasta ahora a la Iglesia católica, que representa unos 30 millones de euros por año.

En contrapartida, el gobierno aceptó a pedido de la jerarquía católica española aumentar de 0,52% a 0,70% el porcentaje del impuesto sobre la renta que otorgan a la Iglesia los españoles que así lo deseen, al realizar su declaración anual de impuestos.

«Este es un acuerdo muy importante que sienta las bases definitivas para avanzar en el camino de la autofinanciación de la Iglesia católica en España», subrayó la vicepresidenta.

El inesperado acuerdo llega tras cuatro meses de negociaciones entre el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la cúpula de la Conferencia Episcopal Española (CEE), activa opositora a las políticas progresistas del Ejecutivo.

Zapatero dio ayer su «plena compresión y respaldo» al Papa Benedicto XVI en la polémica que se desató por sus palabras sobre el Islam que ofendieron al mundo musulmán, un gesto que fue agradecido desde la CEE.

El punto más álgido de la relación entre el gobierno español y la Iglesia católica se vivió el año pasado, cuando la institución religiosa se opuso a la reforma del Código Civil que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo y luego a la Ley Oficial de Educación (LOE), percibida como un ataque a su mayor reducto de poder. Esta postura militante de la Iglesia reavivó el debate sobre el modelo de financiación y fue en ese marco que la vicepresidenta Fernández de la Vega afirmó hace casi un año, que «los generosos aportes» económicos oficiales a la institución debían disminuir.

La asignación voluntaria que los contribuyentes hacen a través del Impuesto sobre la Renta -que se fijaba por adelantado en los Presupuestos del Estado- siempre es superior a la recaudación que finalmente obtiene la Iglesia con el mencionado porcentaje de renta.