El gobierno espera la peor respuesta del Vaticano

El gobierno esperaba por estas horas en silencio una casi segura declaración de la Santa Sede con críticas al decreto presidencial que destituye a monseñor Antonio Baseotto, mientras que varios voces eclesiásticas exigieron que se especifique por escrito los alcances de la resolución gubernamental.

La notificación vaticana advertirá que el documento oficial rescinde «unilateral» del Concordato suscripto entre ambos estados en 1957, y declarará «sede impedida» al obispado castrense por condicionar el accionar pastoral de un obispo «legítimamente» elegido.

A su vez, reclamará al Ejecutivo nacional que rectifique su posición para evitar que la Argentina violente la «libertad religiosa». (Ver análisis)

La comunicación oficial -según pudo saber DyN- lleva la firma del secretario de Estado, cardenal Angelo Sodano, y ya está en manos del nuncio apostólico, monseñor Adriano Bernardini, quien se la entregará «en breve» al canciller Rafael Bielsa.

Por su parte, el vocero del arzobispado de Buenos Aires, presbítero Guillermo Marcó, explicó que «lo que no entiende la Santa Sede es por qué un gobierno del mismo partido» que el del ex presidente Eduardo Duhalde, quien firmó el acuerdo para la designación de Baseotto, «ahora pide la suspensión del obispo».

El vocero arzobispal sostuvo que es «contradictorio» el comportamiento del Gobierno, dado que lo escrito no condice con las declaraciones de sus funcionarios.

«Lo que está escrito le impide a monseñor Baseotto el ejercicio de su ministerio, con lo cual se rompe en forma unilateral un tratado que tiene rango internacional, que es el Concordato con la Santa Sede», certificó el sacerdote porteño.

Indicó en este sentido que, por el contrario, «el canciller (Rafael Bielsa) sale a decir que Baseotto puede ejercer su ministerio. Entonces esto es contradictorio, por eso se está pidiendo que lo deje sentado por escrito».

«La realidad es que es una potestad de la Santa Sede el hecho de removerlo, de quitarlo o trasladarlo y el Estado argentino no tiene atribución para impedir el ejercicio de su ministerio», precisó Marcó.

Por su parte, el obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto, coincidió en la necesidad de que haya un escrito que aclare la situación de monseñor Baseotto, pero opinó que considerar a la Argentina como un país donde no existe la libertad religiosa «sería tan exagerado como impedirle a un obispo ejercer su ministerio».

«También sería exagerado de parte del Estado (argentino) si esto fuera así», subrayó.

El prelado sanisidrense pidió que en éste como en otros temas «es importante que haya diálogo». «En todo esto, ya lo dijo muy bien el Episcopado, desde el principio faltó prudencia, faltó diálogo. Entonces tenemos que abogar por el diálogo que es fundamental en la democracia y en la vida de la Iglesia», sentenció.

Las posturas de uno y otro parecen abrir una fisura dentro de la Iglesia a partir del conflicto abierto por la decisión del gobierno de separar del cargo al obispo castrense, Antonio Baseotto, quien, sin embargo, puede continuar dando misa.

El titular de Cáritas evaluó que «hay que dejar que se resuelva entre la Santa Sede y el Gobierno» el diferendo».

La postura de Marcó fue más crítica cuando cuestionó que «una cosa es lo que dice el canciller (Rafael) Bielsa acerca de que el obispo no está impedido de ejercitar su tarea y otra cosa es lo que dice el decreto, que dice que

Nota asociada: Anàlisis: ¿Un país sin libertad religiosa?  

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