El gobierno insistirá en la reforma del Estado, vetada en Diputados

Decidieron enviar un proyecto de ley al Congreso.Prevé la supresión de organismos estatales.

No bien aterrizó en Argentina, el presidente De la Rúa se dispuso, luego de casi dos meses, a encabezar una reunión de gabinete. Sin dudas un encuentro crucial, luego de los ardores de la semana que pasó y las expectativas que se lanzan sobre la próxima.

El encuentro fue febril. La firma al decreto de desregulación de las obras sociales (ver aparte), la marcha del Presupuesto con la misión auditora del FMI insuflando presión, y la Reforma Previsional, los presos de la Tablada (ver pág. 28) y el aumento en el transporte fueron los ejes centrales de la reunión.

Pero la primer sorpresa en la mañana fue la decisión del gobierno de insistir con la suerte del artículo 58, batalla que perdió en diputados durante el debate para aprobar el Presupuesto 2001. El gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para «insistir» con la reforma del Estado contenida en el polémico artículo.

«Vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso, vamos a insistir con una ley porque estamos convencidos que es necesario reformar el Estado y vamos a tratar de enviarlo en el transcurso de las sesiones extraordinarias», dijo Machinea al término de la reunión de gabinete .

El ministro de Economía y el jefe de gabinete fueron los miembros del elenco ministerial encargados de defender ante la prensa la iniciativa de reforma del Estado y expresar el malestar por la no aprobación del proyecto.

Para el ministro de Economía, «que se haya rechazado el artículo 58 de la Ley de Presupuesto no quiere decir que nosotros no podamos avanzar en la reforma del Estado». La iniciativa contemplaba que el gobierno podía suprimir organismos del Estado en el marco de la reforma de las entidades públicas, entre otras cuestiones (Ver pág. 28).

«De hecho -subrayó- los instrumentos legales están, pero desde el punto de vista de la sociedad lo que hicieron el PJ y los partidos provinciales en rechazarla es generar una mala señal».

Machinea acusó a los diputados provinciales por reclamar una reforma del Estado y «luego no votarla» y agregó que «hubo muy pocos del Frepaso que se opusieron, pero el PJ votó en bloque», tras señalar que muchos diputados se opusieron porque la reforma no estaba incluida en una ley específica, sino dentro del Presupuesto.»Eso fue una excusa para no votarla», dijo.

Por su parte, Colombo afirmó que la decisión de los diputados opositores de rechazar el artículo fue «un serio error, una mala decisión» y recordó que sin este punto la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Justicia emprenderán la reforma del Estado en el Poder Judicial. «La reforma puede seguir adelante en el ámbito del Ejecutivo porque así lo permite la ley de emergencia económica», aseguró .

Colombo dijo que «lo lamentable» del rechazo al artículo «es que se perjudica así a los trabajadores, porque decía que el 70 % del ahorro de cada área fuera destinado al aumento de salarios y contemplaba una comisión mixta con sindicatos. A esta altura del partido, estar en contra de una modernización del Estado no parece la mejor decisión», aunque negó que la no aprobación del artículo ponga en riesgo el blindaje financiero que organismos de crédito internacionales otorgaron a Argentina.

Al ser consultado sobre si la reforma abría la puerta de los despidos masivos en el Estado, luego de reducir entre 10 y 12 % el salario estatal, respondió: «Eso es demagogia pura de muchos sectores de partidos provinciales, que ponen por delante de los intereses de la gente, el poder figurar en los diarios». (DyN, AR)

«No hay blindaje sin presupuesto»

El viceministro de Economía, Mario Vicens, aseguró ayer que «va a ser difícil, casi imposible», que el FMI otorgue el blindaje financiero si no se ratifica el pacto fiscal federal y se aprueba el presupuesto.

Asimismo, Vicens estimó que si el gobierno obtiene la asistencia del FMI y otros organismos crediticios internacionales, las tasas «comenzarían a bajar en el primer trimestre» del año que viene.

Consultado sobre si el acuerdo con el FMI se cierra la semana próxima , precisó que «depende de que se termine la negociación con este organismo y con otros participantes de esta operación financiera, se ratifique el acuerdo fiscal con las provincias y se apruebe el presupuesto».

Mientras tanto, el gobierno instó a la pronta aprobación del Presupuesto en Cámara Alta, al tiempo que consideró que en sesiones extraordinarias se tratarán los siguientes proyectos: Reforma Previsional, Presupuesto, Ley de Medicinas Prepagas, presos de la Tablada, Ley de Hidrocarburos y de Inversión Minera.

(DyN)

Economía defendió suba de tarifas porque «protege al usuario»

El ministro de Economía, José Luis Machinea, afirmó ayer que «nunca es momento para aumentar tarifas», pero justificó la suba en el transporte público, al sostener que los colectivos debieron soportar un fuerte incremento del gasoil y los trenes y los subtes tenían autorización de ajuste por contratos negociados durante el gobierno de Carlos Menem.

No obstante, el titular del Palacio de Hacienda puso de relieve que «el aumento negociado con las concesionarias fue el menor posible».

Por su parte, el viceministro de Economía, Mario Vicens, sostuvo ayer que el aumento de tarifas»protege al pasajero, porque le garantiza un mejor servicio», en tanto que los organismos que defienden a los usuarios aseguraron que el lunes realizarán presentaciones judiciales para frenar las subas.

El jefe del equipo económico puntualizó, al salir de la reunión de gabinete realizada ayer en Olivos con ministros y legisladores de la Alianza, les explicó a los concurrentes el «por qué del aumento y las características».

En tanto, de manera curiosa, el número dos del Palacio de Hacienda también justificó la suba autorizada de 10 centavos en trenes, colectivos y subtes, que comenzará a regir a partir del primer minuto de hoy, en tanto que, además, consideró que «no hay motivos para que los reclamos judiciales prosperen. Hoy todo el sistema está con pérdidas y así no puede sobrevivir», indicó Vicens, quien advirtió que si no se aplica el aumento, «en poco tiempo más no habrá ómnibus en la calle que ande como corresponde ni pago de seguros, y por lo tanto no habrá seguridad».

En ese sentido, el secretario de Hacienda explicó que «lo que se trata, justamente, es de crear las condiciones para que el sistema siga sirviendo», y aseguró que «lo que se hace es proteger al usuario para que siga contando con el servicio».

Consultado sobre el anuncio de las entidades de defensa de consumidores que recurrirán a la Justicia para frenar los incrementos, el funcionario sostuvo que «el aumento tiene total razonabilidad», y añadió que esta decisión «se ha discutido y analizado mucho». Por lo tanto, estimó que «no hay razones para que prospere ningún reclamo judicial», y señaló que «si prospera, se va a apelar».

Generalizado rechazo

Por su parte, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, indicó que un aumento de tarifa «tiene que ser fruto de un análisis muy particular, porque ha habido informes muy duros respecto a la falta de cumplimiento en inversiones» en el transporte público. «Permanentemente los análisis de costos que hace el Estado están basados en informes de las propias empresas», destacó el ombudsman nacional.

En la misma línea, se manifestaron la titular de la Asociación de Consumidores Argentinos, Patricia Vaca Narvaja, la Asociación de Defensa del Consumidor, Consumidores Libres, gremialistas y legisladores.

El ajuste implicará una suba de entre el 15 y el 25 % en el valor de los boletos mínimos de colectivos, trenes y subtes. (Infosic, DyN)


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