El gobierno levanta secreto sobre decretos oficiales

El gobierno dejó sin efecto el carácter secreto de decretos oficiales y decisiones administrativas, salvo de los relacionados con la seguridad, según publicó ayer el Boletín Oficial. “Déjase sin efecto el carácter secreto o reservado de los Decretos y Decisiones Administrativas dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y por el jefe de Gabinete de Ministros, respectivamente, con anterioridad a la vigencia de la presente medida”, señaló la resolución firmada por la presidenta Cristina Kirchner. De la norma se exceptúan los decretos que “ameriten mantener dicha clasificación de seguridad nacional por razones de defensa nacional, seguridad interior o política exterior”, señaló la resolución oficial. También quedan afuera de la nueva disposición los decretos relacionados con “el conflicto bélico del Atlántico Sur”, en referencia a la guerra de las Islas Malvinas con Gran Bretaña en 1982, y “cualquier otro conflicto interestatal”. El gobierno fundamentó la decisión en que “el libre acceso a la información genera transparencia en la gestión de gobierno que redunda en beneficio de una mejor imagen de las instituciones democráticas”. En el 2006, el entonces gobierno del fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de la actual mandataria, levantó el carácter secreto o reservado de las leyes sancionadas en esa condición. Cuatro años después, un decreto de la presidenta Kirchner relevó de la clasificación de seguridad la información y documentación vinculada con la actuación de la última dictadura (1976-83), recordó el sitio web del gobierno. Entre los considerandos de la medida se menciona que la Constitución “a través de los artículos 1, 33 y concordantes, garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública” y que “el libre acceso a la información genera transparencia en la gestión de gobierno”. Por tanto, sentenció el texto que “debe darse un lugar primordial a los mecanismos que incrementen la transparencia de los actos de gobierno permitiendo un acceso igualitario a la información”. No obstante, se aclara que “existen aspectos en los cuales la propia subsistencia del Estado y la necesidad de evitar o disminuir riesgos a que puede estar sujeto imponen la necesidad de restringir su conocimiento en materias relacionadas con defensa nacional, seguridad interior o política exterior”. (DyN y AFP)