El gobierno no descarta la tarjeta para transparentar planes sociales 27-12-03
Es una de las alternativas para terminar con la intermediación clientelar. Mantendrán los consejos consultivos.
El gobierno analiza un amplio menú de iniciativas para lograr transparencia en los planes sociales y eliminar el clientelismo, pero centra sus expectativas, más que en la tarjeta magnética para el pago a los beneficiarios, en la masiva constitución de consejos consultivos.
Dichos consejos, integrados centralmente por los gobiernos comunales y redes sociales, están constituidos actualmente en unos 1800 de los 2000 municipios que existen en el país, pero sólo en una cuarta parte -unos 500- incluyen además a organizaciones vinculadas a la Iglesia, los piqueteros y a otras ONGs solidarias.
La inclusión de esos actores, junto a representantes de los gobiernos nacional, provinciales «alejarán la sospecha frecuente de que los municipios usan los planes sociales para fortalecer sus estructuras políticas», dijeron fuentes de las carteras de Desarrollo Social y de Trabajo.
En su afán de terminar rápido con la intermediación clientelar, inicialmente el gobierno parecía inclinado a una rápida bancarización del pago de los 150 pesos dados del Plan Jefes y Jefas de Hogar, que beneficia a unas 2,2 millones de personas.
Una ventaja adicional es que, si se pagara con una tarjeta de débito en caja de ahorro con la que -además de extracciones bancarias- pudiera abonarse las compras en los comercios, por vía del reintegro del IVA se podría dar una mejora del 21 por ciento en las asignaciones, elevándolas de 150 a 180 pesos.
Esta posibilidad resulta tan atractiva que el gobierno mantiene en carpeta la tarjeta magnética y cajas de ahorro para todos los beneficiarios de planes sociales, aún cuando han surgido atendibles argumentos en contra.
La principal dificultad que este mecanismo plantea es que los comercios en donde habitualmente compran los beneficiarios de los planes sociales son pequeños almacenes en los barrios, no bancarizados ni con los dispositivos técnicos -los postnet- para acreditar el pago.
A ello se suma que en esos barrios habitualmente no existen cajeros automáticos. El resultado sería que la bancarización forzaría a los beneficiarios a aprovisionase en centros mayoristas de cierta envergadura, lo que en definitiva implicaría alterar toda la red secundaria de comercialización, generando nuevos problemas sociales.
No obstante, fuentes inobjetables del Ministerio de Desarrollo Social dijeron que en los proyectos oficiales figura la eventual implementación a través del Banco de la Nación Argentina, de modo de aventar sospechas de que lo que se intenta es favorecer a determinados grupos financieros privados.
En su afán de buscar un mecanismo que despeje de sospechas al sistema de planes sociales, el gobierno también analiza el reempadronamiento de los beneficiarios.
El acuerdo inicial para concretar ese paso sufrió sin embargo un traspié luego de los graves episodios ocurridos el mes pasado en Neuquén, donde el gobierno inició un reempadronamiento, además de anunciar la implementación de una tarjeta de débito para pagar los subsidios.
Las medidas fueron rechazadas por grupos piqueteros que bloquearon el estadio el primer día del empadronamiento y chocaron durante horas con la policía, que extendió la represión a los barrios humildes de las inmediaciones. (Télam)
El gobierno analiza un amplio menú de iniciativas para lograr transparencia en los planes sociales y eliminar el clientelismo, pero centra sus expectativas, más que en la tarjeta magnética para el pago a los beneficiarios, en la masiva constitución de consejos consultivos.
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