El gobierno reaccionó ante la amenaza del fantasma de las cuasimonedas

Los deterioros de las finanzas provinciales por los incrementos salariales otorgados en la parte final del 2013 y otras complicaciones, más amenazas todavía aisladas de emisiones de cuasimonedas para afrontar tales obligaciones este año, preocuparon a Jorge Capitanich, jefe de Gabinete de Ministros. Por eso convocó el 27 de diciembre a 18 gobernadores para firmar “un acuerdo de refinanciación de deudas”, mediante un sistema de compensación con aportes del Tesoro. El acuerdo por 75.000 millones de pesos incluyó una quita de 19.000 millones en los pasivos de las provincias con la Nación, que vencían en este nuevo año, y fue suscripto por Capitanich con 17 gobernadores –no concurrió De la Sota– y significaría un alivio para los mandatarios que exigían asistencia.

Medidas para impulsar la reactivación, reducir el empleo informal y fomentar el desarrollo –algunas reiteradamente difundidas– fueron comunicadas a empresarios y sindicalistas, cuatro días antes, por Axel Kicillof, ministro de Economía y Finanzas Públicas.

Conviene recordar que los bonos provinciales o “cuasimonedas” comenzaron a emitirse durante la presidencia de Raúl Alfonsín, en la década del 80, y se generalizaron a partir del segundo semestre del 2001. La emisión total llegó al equivalente de 8.535 millones de pesos en agosto del 2002 (ver cuadro).

Los Patacones surgieron más para un ordenamiento monetario que financiero. En la provincia de Buenos Aires, desde octubre del 2001, pagaban intereses del 7% anual hasta su rescate, lo que generó que por momentos cotizara más que el peso. Fueron ampliamente aceptados como un medio de pago.

Casi simultáneamente, la Nación emitió los Lecop para resolver problemas fiscales. No devengaban interés y funcionaron para todo el país como una moneda paralela, con plazo máximo de vencimiento.

Entre los Patacones y los Lecop sumaron el 78% del valor nominal del stock total de las cuasimonedas. Con los Lecor cordobeses, la proporción ascendió al 88%.

Ricardo Colombi, gobernador radical de Corrientes, advirtió el 19 de diciembre que su administración sería “obligada a emitir bonos” para pagar sueldos en marzo próximo, en el caso de que el Poder Ejecutivo nacional siguiera con su modalidad de reparto de la coparticipación federal y hasta pregonó que muchas provincias analizaban tomar deuda. Incluso aseguró que las administraciones del interior “no tienen dinero para responder a las demandas salariales” de los estatales. “No hay recursos, no hay dinero y si la Nación no entiende esto, los bonos no están muy lejos, y no sólo en Corrientes”, afirmó.

Colombi se reunió con Capitanich el 16 de diciembre último y le dijo que “a este ritmo las provincias estamos a un paso de volver a los años 2000 y 2001” cuando emitieron bonos para afrontar obligaciones. Desde el 2010 reclamó a la Nación que dejara de retener el 15% de la coparticipación para destinarla a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Por eso planteó que le refinanciaran la deuda provincial y que resolvieran las acreencias que la Nación mantenía con Corrientes. Él ya había anunciado un plus de 600 pesos mensuales, no remunerativos, para los empleados públicos –se agregarían a la mejora concedida en noviembre–, mientras a sus policías les prometió 8.000 iniciales. Este exradical K, enfrentado con el gobierno central, no brindó precisiones sobre cómo implementaría los pagos con cuasimonedas, para lo cual tendría que contar con la autorización del Banco Central (BCRA). “No podemos aguantar esta situación y más cuando la Nación se está quedando con casi el 77% ó 78% de los recursos. No hay ninguna provincia que sea viable con esta situación”, aseveró. “En Corrientes tenemos un cuello de botella que para marzo va a ser muy difícil aguantar. Por eso, no quedaría otra alternativa que emitir cuasimonedas para pagar sueldos, porque en caso contrario se me incendia la provincia”, alertó el mandatario. Cuando por segunda vez se hizo cargo del gobierno, en diciembre del 2009, recordó que “abonábamos 175 millones de pesos mensuales en salarios y en diciembre del 2013, 590 millones, con la misma planta de 50.000 empleados públicos. Es prácticamente imposible aguantar semejante masa salarial con el nivel de inflación que hay en el país”. El mandatario provincial ya le había planteado al jefe de Gabinete que el gobierno nacional le debía 1.900 millones de pesos a Corrientes, en concepto de coparticipación. “Hasta el momento no hemos tenido respuesta, por eso lo único que nos queda es volver a emitir las cuasimonedas, como en el 2001”.

Capitanich consideró “un exabrupto y una exageración” que se evaluara la emisión de bonos y señaló que los cálculos presentados se difundieron como si la Nación no fuera a realizar “ninguna transferencia en enero, febrero y marzo” del 2014. Sostuvo que las declaraciones de Colombi “no pueden alentar inconvenientes cuando no lo hay” y que “del volumen de recaudación nacional, equivalente a 856.744 millones de pesos para todo 2013, el 74% se destinó a las provincias”. Sin embargo, hubo gobernadores que argumentaron que el Estado nacional disminuyó la participación de las provincias en la distribución de las transferencias de recursos fiscales. Y aunque no debería ser inferior al 34% de la recaudación tributaria nacional, últimamente las jurisdicciones subnacionales percibirían el 22% o 23%.

Buenos Aires y Córdoba insistieron, a su vez, acerca del desequilibrio en el reparto de los recursos federales. Con problemas financieros similares y ahogadas por los retaceos de fondos de la Nación, hace alrededor de un año funcionarios de ambas provincias comenzaron a buscar soluciones. Los gobernadores Daniel Scioli y José Manuel de la Sota trataron, a fines de abril de 2012, la posibilidad de lanzar una cuasimoneda común, pero el proyecto no avanzó. No faltaron consultores que coincidieron en que cuando no se tienen recursos propios o transferencias de la Nación para abonar los gastos corrientes, primero hay que buscar financiamientos externos o internos; luego recortar los gastos y, en última instancia, emitir cuasimonedas. Incluso subrayaron la inconveniencia de una emisión común de las dos provincias, “porque eso haría perder la potestad sobre ese papel, que en determinado momento tendría que ser canjeado por dinero”.

Intendentes cordobeses advirtieron que una nueva caída de la coparticipación impediría pagar los haberes y que aceptarían bonos, no sólo para pagar los sueldos sino, también, cancelar deudas con proveedores.

De la Sota enfrentó al Poder Ejecutivo nacional y se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar 1.000 millones que –aseguró– la Anses le debía a Córdoba. No tuvo buena suerte en las tratativas para sanear la caja de jubilaciones provincial, que perdía 133 millones de pesos mensuales. Mediante el decreto 277 creó un programa de emisión de deuda por hasta 200 millones de dólares y puso como garantía los ingresos por coparticipación.

Scioli reiteró que no pediría ayuda a la Nación y prefirió elevar la recaudación y la deuda. Pidió a la Legislatura provincial que aprobara un endeudamiento de 2.000 millones de pesos y una reforma tributaria.

En junio de aquel 2012, la falta de fondos también puso tensión al vínculo con la Casa Rosada de José Alperovich, gobernador de Tucumán.

La consultora Finsoport recordó que “después del canje de las cuasimonedas”, tras el fin de la convertibilidad, “poco se hizo” para reordenar las finanzas provinciales. Evocó que la descentralización de los servicios de salud y de educación en la década del ‘90 se encaró “sin un cambio profundo en el régimen de coparticipación federal de impuestos”, por lo que “la Nación se sacó de encima cargas de personal que pasaron a las provincias y, desde entonces, se manejó bastante anárquicamente”. Los empleos públicos representaban cargas del 50% en las erogaciones totales de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. “Mientras a nivel nacional esos gastos rozaban el 13% de los totales, en los cinco principales distritos (ciudad de Buenos Aires y provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) oscilaban entre el 47% y el 61%”.

Según el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea, desde las rebeliones policiales cambiaron las políticas salariales en 20 de las 24 jurisdicciones. Si la situación se extendiera al resto de los estatales, “el impacto fiscal sería más significativo, ya que las remuneraciones representaron el 48,3% de los gastos primarios de las provincias”.

Ante un escenario fiscal complicado para este año, la emisión de cuasimonedas será una opción más en el menú de fuentes de financiamiento.

Desde el 2011, 22 de las 24 provincias argentinas exhibieron déficits antes de los pagos de intereses, que continuaron aumentando por la inflación y el estancamiento económico. Al mismo tiempo, el gobierno nacional disminuyó las transferencias a los distritos de fondos discrecionales, es decir, aquellos no regulados por el régimen de coparticipación.

Miguel Ángel Fuks – miguelangelfuks@yahoo.com.ar

Agobiante situación financiera padecida por las provincias