El gobierno será querellante en la causa Gelman

El gobierno presentó una querella penal ante el juez federal Claudio Bonadío por la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman y pidió que se cite a prestar testimonio a un grupo de militares y policías uruguayos que estarían relacionados con el caso.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, informó en Casa de Gobierno que esta causa «tiende a investigar el tramo del secuestro de María Claudia García Irureta Goyena en Argentina y su posterior entrega a militares uruguayos» y se realiza «en el marco de la lucha contra la impunidad del gobierno».

Duhalde aclaró que «no se pretende una injerencia sobre hechos ocurridos en Uruguay», al recordar que el caso del secuestro de la nuera de Gelman comenzó en Argentina pero tuvo consecuencias fuera del país.

María Claudia, embarazada de siete meses, y su esposo Marcelo Gelman fueron secuestrados por un comando de la SIDE en 1976 y llevados al centro clandestino de detención «Automotores Orletti». La nuera del poeta Gelman fue trasladada, posteriormente, a Uruguay como detenida-desaparecida al Servicio de Información y Defensa (SID) y luego a un centro clandestino, donde dio a luz a una beba en noviembre de 1976.

La nena fue dada en adopción a una familia que vive en Montevideo y que la anotó como hija propia y hace cuatro años se estableció su verdadera identidad.

Como parte de la causa, el secretario de Derechos Humanos dijo que se le solicitó al juez Bonadío que cite a prestar declaración testimonial a un grupo de militares y policiales uruguayos sospechados de haber participado en el traslado de María Claudia y la entrega de su hija.

En la nómina elevada al magistrado figuran el teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti y el capitán José Arab, quienes habrían sacado a María Claudia y a su beba del SID; y el oficial Jorge Silveira y el policía Ricardo Medina Blanco, quienes la habrían abandonado en el domicilio de quienes la inscribieron como hija propia.

También se pidió a Bonadío que cite a declarar al mayor José Nino Gavazzo Pereira, sindicado como a cargo de las fuerzas conjuntas del Uruguay que operaba en «Automotores Orletti»; al mayor Manuel Cordero, a los oficiales León Tabaré Pérez y Gilberto Vázquez; y al coronel Ernesto Rama, de quienes se sospecha «podrían haber dispuesto y/o participado del asesinato de María Claudia». El jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, indicó que también se le solicitó al juez que escuche las declaraciones del poeta Juan Gelman y su esposa, Mara Lamadrid, y a los periodistas del diario uruguayo La República que investigaron sobre el caso.