El golpe de Baseotto

El golpe de Baseotto Por Jorge Gadano Cada 24 de marzo en la Argentina, a la vez que se repudia el golpe de Estado de 1976, se recuerda a las víctimas de la dictadura militar y se convoca a continuar la lucha por la verdad y la justicia. ¿Qué es hoy aquella dictadura? Unos ex generales como Videla, Bussi y Menéndez en prisión domiciliaria, procesados por crímenes repugnantes; un ex almirante dementizado que quiso ser el heredero político de aquella “Reorganización Nacional”; un campo de concentración, la ESMA, que como Auschwitz se convertirá en un museo. ¿Sólo quedan cenizas? ¿Acaso los argentinos podemos descansar sobre el “nunca más”? ¿Acaso ahora, después de que muchos aplaudieron y otros muchos consintieron la irrupción militar, somos todos firmes defensores de la Constitución, la democracia, las libertades públicas y los derechos humanos? Sería muy bueno decirnos que ya, por fin, llegó la hora de descansar. Pero no. Por varias razones. En primer lugar, porque la violación de los derechos humanos no se produce, solamente, a raíz de que una dictadura militar emprende una política genocida para preservar la civilización occidental y cristiana. El hambre y el desempleo masivos, las torturas en cárceles y comisarías, las amenazas contra luchadores sociales y funcionarios judiciales honestos, las restricciones a la labor periodística, son también políticas que atentan contra los derechos del hombre consagrados en numerosos acuerdos internacionales, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, en adelante. Pasado más de un cuarto de siglo desde que el golpe desplazó a un régimen que nadie -mucho menos los peronistas- debería olvidar y a pocos años de un gobierno como el de Carlos Menem, que hizo de la corrupción una política, se están levantando algunas voces que nos recuerdan el proverbio “A Dios rogando y con el mazo dando”. Una de esas voces es la de Antonio Baseotto, que habla por muchos. El gobierno hizo lo que debía para desprenderse de un clérigo rentado que hizo público su deseo de que a un ministro, el de Salud, partidario de la despenalización del aborto, lo tiren al mar (con una piedra atada al cuello para asegurar que se ahogue). En realidad debió hacer más, porque lo indicado sería la eliminación del obispado castrense, que privilegia a la religión católica por encima de las demás (ya que las discrimina), y a los militares católicos, al asignarles un privilegio personal entre el conjunto de los ciudadanos que sirven a la administración estatal. El diputado socialista Héctor Polino planteó esa iniciativa, pero no tuvo eco. La todavía frágil democracia argentina no puede desprenderse de una institución creada por una dictadura militar y consolidada por otra, en ambos casos con dichoso acuerdo vaticano. A pesar de que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, proclamó que él tiene con Baseotto “una relación muy buena”, el conflicto continúa. El gobierno quiere enfriarlo, pero tanto el Vaticano como buena parte de la clerigalla nacional demandan garantías de que no se afectará “la libertad religiosa”. En otras palabras, que Baseotto podrá seguir ingresando a los cuarteles para continuar con su prédica antidemocrática y racista. Porque si para algo ha servido la polémica, es para enterarnos de que el pensamiento de este obispo es cerradamente autoritario y antisemita. Tal como el de otros obispos, entre los que sobresale el de La Plata, Héctor Aguer. En el capítulo titulado “la libertad religiosa” de su “Manual de la Constitución Reformada”, Germán Bidart Campos señala que en la Argentina hay libertad de cultos sin igualdad de cultos “en cuanto hay un culto y una iglesia que tienen preeminencia sobre las demás confesiones y obtienen un reconocimiento preferente. Se trata -precisa- del culto católico y de la Iglesia respectiva”. La “desigualdad” está legislada en el artículo 2º de la Constitución, que sobrevivió a la reforma de 1994. Esa norma establece que “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Si bien los constitucionalistas no se han puesto de acuerdo en lo que el verbo “sostiene” quiere significar, lo cierto es que ese artículo privilegia a una confesión por sobre las otras. Y lo que cabe preguntar es si ese trato desigual no afecta también a la libertad, porque, en el caso de los militares, los pastores de otras confesiones no cuentan con la libertad que el castrense católico tiene para moverse dentro de los cuarteles. No puede, por ejemplo, hacerlo un rabino, para defender a los judíos contra las mentiras de Baseotto. De modo que lo que el Vaticano y los obispos argentinos defienden no es la libertad, sino el monopolio de la palabra. Para peor, en el caso del obispo militar no se trata de una palabra humanista y de paz, sino de una convocatoria a la violencia. La designación del obispo castrense, como la de todos los obispos, es un derecho del Vaticano, que el Estado consiente si no objeta el nombramiento dentro de los 30 días de notificado. La remoción, por lo tanto, también corresponde al Vaticano, pero siempre que el funcionario en cuestión no asuma el comportamiento de un energúmeno. Y de eso se trata.