El gran dilema de la Corte

Hubo que esperar casi tres años para lograr un fallo que brindara garantías para el andamiaje futuro de la economía, en especial la reestructuración de la deuda, pero al costo de forzar desde lo jurídico una justificación a la pesificación brutal y torpe de enero de 2002. Y sentar así un precedente que colisiona con toda jurisprudencia conocida, aun de la propia Corte.

Este ha sido el gran dilema -y las presiones- que debió atravesar el máximo tribunal en relación con este caso. Los resultados están a la vista: fueron necesarios los votos de los dos jueces impulsados por el presidente Kirchner -Zaffaroni y Highton de Nolasco-, de otro modo el aval a la pesificación naufragaba.

Naturalmente el dilema no es de naturaleza jurídica sino claramente política. Implicó la necesidad de dictar una norma que evitara una nueva catástrofe económica y social y asegurara el éxito de acciones del gobierno que parecen bien encaminadas en cuanto a la negociación con los acreedores.

Apremió una inapelable demanda institucional. Pero desde lo estrictamente jurídico, la Corte ha debido producir una interpretación forzada de la Constitución, que enmascara una violación flagrante del derecho de propiedad, como fue la quita confiscatoria de los depósitos de ahorristas que pudieron haber ido a una moneda fuerte para protegerse.

La verdadera seguridad jurídica, la más confiable, supone que los jueces supremos invariablemente van a resolver en favor de los derechos consagrados por la Constitución, sean cuales fueren las consecuencias. Y eso incluye el impedimento a los gobiernos a que adopten decisiones forzadas que se alejan de esa Constitución.

Se advierte aquí la diferencia de nuestro país con aquellos con sólidas convicciones donde su máximo tribunal resolverá siempre de cara a lo que dicta la Carta Magna, dejando a los gobiernos la resolución de los problemas políticos que hubieren generado, por más complejos que resulten.

En base al respeto jurídico, difícilmente una situación de extrema excepcionalidad de la Nación pueda considerarse por encima de los derechos individuales consagrados.

Nota asociada: El fallo afectará a más de 2.500 personas en la región      

Nota asociada: El fallo afectará a más de 2.500 personas en la región