El hermano de Oscar pidió que no liberen al imputado

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BARILOCHE

BARILOCHE (AB).- Alberto Juárez se enteró ayer del fallo de la Cámara Criminal Segunda de esta ciudad que declaró la nulidad de los procesamientos que el juez Marcos Burgos había dictado contra Javier Martínez y dos adolescentes sospechados de ser los autores del crimen de su hermano, Oscar Juárez. “No sé qué hacer, siento una impotencia terrible”, expresó Alberto, conmovido por la sentencia que obliga a reencauzar la investigación.

Alberto es el hermano mayor de Oscar, que murió el 8 de agosto pasado como consecuencia de las graves lesiones cerebrales causadas por un traumatismo de cráneo que sufrió durante un brutal ataque perpetrado por los tres imputados tras una persecución por el centro de Bariloche. El hecho ocurrió la madrugada del 27 de julio pasado en el centro.

“Si quedan libres para mí sería una vergüenza”, sostuvo, sorprendido, Alberto. Si bien el fallo anuló además la prisión preventiva que Burgos había impuesto contra Martínez, el imputado seguirá detenido porque continúa involucrado en el hecho. Los adolescentes sospechados están libres con tratamiento tutelar porque son menores de edad.

“La verdad, no sé qué hacer, toda esta situación me desespera”, admitió Alberto en diálogo con “Río Negro”. “Cuando escucho que les van a pagar a los presos te da una impotencia”, reconoció.

“Tienen que pagar, no pueden andar libres como si nada. El Negro (por Oscar) no era un perro, era una persona y ni a un animal se lo puede matar así”, afirmó.

Los jueces César Lanfranchi, Héctor Leguizamón Pondal y Gregor Joos revisaron los recursos de apelación de los defensores de los imputados. Burgos los había procesado por homicidio agravado por la participación premeditada de más personas. El Código Penal impone prisión perpetua por ese delito.

Lanfranchi sostuvo que Burgos entendió relevante “para la resolución del caso” en esta etapa del proceso, modificar la demanda del fiscal Eduardo Fernández. Indicó que el juez Burgos les atribuye a los imputados la premeditación como agravante, que el fiscal no había incluido al fijar el hecho. En consecuencia, se vulneró el principio de congruencia.

Esta diferencia entre el pedido fiscal y la decisión del juez “pone de relieve cierto desajuste que impide tener al procesamiento por formalmente válido”, advirtió Lanfranchi. La Cámara dispuso que el expediente vuelva al fiscal para que ajuste el hecho y pida las medidas pertinentes para que vuelven a ser indagados los imputados.