El horror vuelve de la mano de Bussi

BUENOS AIRES – El ex conscripto Domingo Jerez ratificó haber visto en 1976 al gobernador Antonio Bussi torturar a prisioneros hasta la muerte y aseguró que está dispuesto a prestar testimonio ante la Justicia, lo mismo que otros compañeros suyos del servicio militar, quienes no lo habían hecho hasta ahora por temor a represalias.

Jerez, según declaraciones que publicó el diario Página/12, aseguró que vio a Bussi, cuando era gobernador de facto de esa provincia, golpear a dos prisioneros «con una manguera negra».

«Mientras les hacía preguntas les iba pegando, pegando, pegando, pegando hasta que los ha muerto», contó Jerez.

Esto, según relató a radio Continental, ocurrió en un campo de exterminio que habría montado el Ejército en la localidad de Caspinchango, en el departamento Monteros, al oeste de la provincia de Tucumán. La existencia de un centro clandestino de detención en ese lugar era hasta ahora desconocida.

Jerez, quien trabaja de taxista, sostuvo que está «dispuesto» a declarar ante la Justicia todo lo que vio en aquellos años y destacó que «conozco todos los lugares» donde fueron enterradas las personas asesinadas en ese centro, muchos de ellos en fosas cavadas en Caspinchango.

Además, señaló que hay muchos testigos de la existencia de ese campo, situado al norte del ingenio Santa Lucía, otro ex centro clandestino de detención, ya que eran unos 200 los conscriptos obligados a prestar servicios en el lugar. «Tengo otros muchachos que están dispuestos a decir lo que han visto», aseguró

Jerez dijo que no había hablado públicamente sobre el tema antes ya que tenía «miedo porque siempre lo penaban a uno para que no hablara. Eran gente muy peligrosa», dijo sin identificar a quienes se refería.

Aseguró, asimismo, que en su temor de hablar y su decisión de guardar silencio tuvo que ver que Bussi gobernara la provincia en los últimos cuatro años.

«Hay muchas cosas que tengo que decir y no puedo decir aquí porque estoy en una comisaría», dijo Jerez a los periodistas que lo entrevistaban en referencia al lugar donde estaba atendiendo el llamado telefónico.

No hubo sobrevivientes

Del campo de exterminio de Caspinchango, reiteró, «ninguna gente he visto sobrevivir» y afirmó haber presenciado la muerte de «como 200» personas, «pero realmente eran más, incluso había un cura» que fue asesinado en el lugar, destacó.

«Los apellidos nunca pudimos saber», agregó al referirse a las víctimas, aunque «los sobrenombres sí, tengo algunos», precisó.

«Había mujeres de encargue, les ponían el fusil en la vagina», además, «había torturas con corriente eléctrica, con agujas en las uñas, golpes, de todo» y «había chicos que sufrían de torturas, pero más han matado gente grande de 70, 60 años», recordó.

Jerez dijo que esos hechos, a más de 20 años de ocurridos, hacen que a veces no pueda dormir a la noche. «Yo esto lo hago por conciencia, porque no puedo más», dijo.

Jerez admitió que los militares que comandaban el campo de exterminio «nos obligaban» a los conscriptos a torturar a secuestrados y reconoció que «a veces» debió participar de los castigos, pero sostuvo que «yo hacía de pegarles, pero no pegaba fuerte como para dañar a la persona».

El ex conscripto dijo que volvió a ver a algunos oficiales de los que participaban de las sesiones de tortura y recordó haber visto «a uno cuando había elecciones, al teniente Silva y al teniente primero Valdivieso», este último, indicó, «me dijeron que está en la frontera, es gendarme».

Finalmente, precisó, a las embarazadas que no asesinaban «las trasladaban a otra parte, no sé a qué lugar» y señaló que en el centro de Caspinchango había secuestrados de Tucumán, «pero de otras partes también».

La política

En tanto, el retorno de Bussi al poder se complica, pero no por cuestiones de derechos humanos.

La legislatura está dispuesta a reactivar un pedido de juicio político para impedir que finalice su mandato. El militar se repone en estos momentos en Buenos Aires de una operación de próstata y quería regresar a Tucumán.

El pedido de enjuiciamiento se encuentra en la Comisión de Juicio Político de la Legislatura desde mayo del '98 por presuntas irregularidades en la concesión de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo.

El propio vicegobernador Raúl Topa –que se abrió hace poco del bussismo– reconoció que existen elementos para enjuiciar al militar. (DyN)