El huevo

La semana en San Martín de los Andes

Es como una proverbial discusión sobre el huevo o la gallina. Pero es un asunto bastante más utilitario: la coparticipación entre la provincia del Neuquén y los municipios. Como otros intendentes que le precedieron, el sanmartinense Juan Fernández reclamó al gobierno que revise los índices coparticipables. El gobernador Sapag, citándose a sí mismo, ha dicho que antes de discutir una nueva ley de redistribución fiscal hay que pensar en aumentar los recursos y, para eso, hay que negociar lo propio con el gobierno nacional. Ese argumento ya tiene una década de uso y no se gasta. Es un afirmación verdadera, pero acaso no sea la única motivación para mantener pisado el tratamiento de una nueva ley… Sapag, en la misma entrevista, no dudó en anticipar que la provincia asistirá a los municipios que lleguen a fin de año con dificultades, incluso para pagar el aguinaldo. Se trata de una observación tranquilizadora, pero promotora de un quietismo que mantiene prisioneros a los intendentes, y hasta relativiza los esfuerzos del gobernador por poner en caja a las comunas dispendiosas. Desde luego que, en los extremos, hay municipios en virtual inviabilidad económica, y otros dispuestos ahorrarse disgustos evitando los deberes fiscales, porque al final la provincia pone la plata. Pero alguna vez habrá que sentarse a discernir los términos de una nueva ley marco, porque la ausencia de este debate está provocando distorsiones que se profundizan en tiempos de escasez. Mientras tanto, bastaría con aplicar lo que la ley provincial 2148 dice para empezar a corregir el asunto. La norma establece, entre otros parámetros, que el 60 por ciento de los recursos coparticipables a percibir por cada municipio estará en relación directa con su población. Pero la base de ese “60 por ciento” sigue anclada en el censo de 1991. Un municipio como San Martín ha duplicado su población desde entonces. Un estudio realizado durante la malograda gestión de la intendente Luz Sapag, fallecida en un accidente de tránsito en 2010, indicaba que sólo tomando los datos censales del 2001, la ciudad había perdido unos 62 millones de pesos (a precios de entonces) entre 2002 y 2009 por la desactualización del índice y los coeficientes. Luego, si se aplicasen los últimos datos censales el coeficiente de reparto para esta ciudad se incrementaría en más de un 50 por ciento. Conviene recordar que coparticipación y regalías representan la mitad del presupuesto sanmartinense. La 2148 también dice que un 15 por ciento del reparto será establecido por proporcionalidad inversa con el costo salarial municipal por habitante de cada comuna, y otro 10 según la recaudación de cada municipio. Además -y esto es lo más grave- la ley fija los mecanismos de actualización que no se cumplen desde 1996. La norma, como está redactada, en nada impide introducir mecanismos de control del gasto improductivo y mejoramiento de la recaudación propia, que en algunos municipios es poco menos que patética. Eso es lo que se pretendió hacer con los acuerdos de coordinación fiscal, pero ocurre que hay un pecado de origen: si el gobierno no les da a los municipios lo que les corresponde, entonces cómo exigirles del todo que se disciplinen. Sin perjuicio de la necesidad de aumentar los recursos, el gobierno provincial no mueve un dedo para rediscutir la ley de Coparticipación o aplicar la actual a cabalidad, acaso también porque este inmovilismo le conviene, al mantener la relación clientelar con las ciudades, especialmente las del interior. Cuando el agua les llega al cuello, la provincia sale a ponerle plata a las comunas. ¿Hay que hacerlo en la emergencia? Desde luego. Pero lo que no hay que hacer es fomentar esa dependencia por acción u omisión.

Fernando Bravo rionegro@smandes.com.ar