El Impuesto a los Sellos trajo el primer roce entre Sobisch y Nación

El gobernador dijo que el dictamen técnico del gobierno nacional "es un disparate".



NEUQUEN (AN).- Jorge Sobisch dijo que el aval técnico dado por Nación a las empresas que litigan contra Neuquén por la aplicación del impuesto a los Sellos constituye “un disparate” y una “invasión a la seguridad jurídica” de los estados provinciales. El mandatario desnudó ayer el primer cortocircuito entre su gobierno y la cartera económica nacional y expresó su rechazo al dictamen favorable a las compañías del sector energético y petrolero que se niegan a pagar ese tributo.

Sobisch consideró que “esta actitud nos obliga a pensar que con Economía no se puede hablar: hay que entablar un juicio y después sentarse a discutir”.

La provincia enfrenta dos causas sometidas a arbitraje internacional, siete en la Corte Suprema de Justicia y “una decena de recursos administrativos”, dijo el subsecretario de Ingresos Públicos, Marcelo Raimondo.

Las causas contra el impuesto de sellos, que grava los contratos de compraventa de servicios o bienes con una tasa de 14 al 28 por mil sobre el total, exigen de los operadores del gobierno “una estrategia distinta” según el caso.

Endesa y Enron se presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, Ciadi -un tribunal arbitral del Banco Mundial con sede en Washington- con reclamos similares. En febrero, negociadores del gobierno neuquino consiguieron una suspensión por tres meses del litigio iniciado por Endesa, operadora de la central de El Chocón contra el Estado nacional que es garante de la estabilidad fiscal en el país.

Enron lo hizo en su carácter de propietaria de Transportadora Gas del Sur, también por el impuesto a los Sellos.

Raimondo dijo que la provincia “está dispuesta a revisar” la alícuota pero “no a derogar el impuesto”. Aceptó que, por su carácter “distorsivo”, el gravamen resulta “difícil de afrontar por parte de las empresas, ya que cae sobre el total del volumen del contrato”.

Reconoció que la alícuota es “muy alta”, especialmente porque debe hacerse en “un solo pago, sin ninguna clase de plazos”. En consecuencia, el gobierno propondrá una reducción gradual hasta llegar a un nivel considerado “accesible, de alrededor del tres o cuatro por mil”.

El gobierno provincial se enfrenta a una estrategia simultánea y “en todos los frentes” por parte de los abogados de las empresas, tanto en el Ciadi como en la Corte Suprema de Justicia.

Raimondo dijo que no existe diferencia entre el gobierno de Carlos Menem y el actual de Fernando de la Rúa al respecto, ya que ambos fallaron en contra de las provincias. Los sucesivos pactos fiscales y la ley de coparticipación federal de impuestos establecieron la supresión de estos tributos -también el que grava los Ingresos Brutos-.

A cambio, la Nación debía instrumentar beneficios para las provincias -rebaja de aportes patronales, por ejemplo- que no se cumplieron. Por lo tanto, las provincias comenzaron a demandar “flexibilizaciones” de las cláusulas de los acuerdos a fin de compensar los ingresos.

Además de Neuquén, las grandes compañías llevaron a los estrados a Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut. Por la parte empresaria también protestaron Shell, Esso, Pérez Companc, Petrolera Pérez Companc, Pluspetrol y Pan American.

Con Endesa se obtuvo en febrero pasado un paréntesis de tres meses de suspensión de acciones y con Enron rige uno de seis meses.

Los argumentos de los negociadores neuquinos -Raimondo participó de las reuniones junto con el fiscal de Estado, Raúl Gaitán- son los fallos favorables del Tribunal Superior de Justicia provincial y de la Corte Suprema de Justicia, además del dictamen elaborado por la Comisión Federal de Impuestos, un organismo supraprovincial que reconoció en dos casos similares la legitimidad del cobro y aplicación del impuesto a los Sellos.

Con este equipaje jurídico, Raimondo consideró que si la provincia desconoce el arbitraje en caso de serle contrario, el Estado nacional “corre el riesgo de tener que hacerse cargo del reclamo” de las empresas. Enron le reclamó unos 500 millones de dólares a Santa Cruz y Neuquén.

Además, el impuesto a los Sellos reporta un recurso anual que oscila entre los 20 y 25 millones de pesos, dijo Raimondo. En 1998 y 1999 se registraron ingresos extraordinarios por el acuerdo que logró Felipe Sapag con las compañías petroleras -en especial YPF, Pérez Companc y Petrolera San Jorge, ahora en poder de Chevron-.

El consenso tuvo como contrapartida un decreto especial del ex mandatario que reducía la alícuota a los márgenes que las empresas estaban dispuestas a afrontar: un tres por mil.


Comentarios


El Impuesto a los Sellos trajo el primer roce entre Sobisch y Nación