El incendio en el taller textil desnudó irregularidades

El trágico incendio en una fábrica textil, donde personas extranjeras eran esclavizadas, provocó denuncias por faltas de controles y el desplazamiento del cargo de un funcionario.

BUENOS AIRES (DyN).- El incendio en la fábrica textil del barrio porteño de Caballito, que causó ayer la muerte de seis personas de origen boliviano, derivó ayer en denuncias de pago de coimas, la caída de un funcionario comunal y críticas desde el ámbito privado y público.

Por otra parte, quedó en claro que en el lugar, los trabajadores extranjeros eran esclavizados y trabajaban en condiciones deplorables..

El siniestro ocurrido el jueves en el local ubicado en Luis Viale 1.269 reavivó además la tragedia de Cromañón, pues arreciaron acusaciones sobre falta de controles y pedidos de coimas para permitir el funcionamiento de esos talleres en forma irregular.

La magnitud de la tragedia, con la muerte de cuatro menores de edad y dos mujeres, todos de nacionalidad boliviana, y las críticas y denuncias, obligaron al jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, a revisar las áreas de control.

Asimismo y ante la sucesión de acusaciones, el gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Aníbal Fernández, instruyó al jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Valleca, presentar una denuncia penal para que se investigue el hecho.

A menos de 24 horas del incendio, la administración porteña decidió desplazar al director general de Protección del Trabajo, Florencio Varela, e intervenir esa independencia, que quedará a cargo del ministro de Producción y Empleo, Enrique Rodríguez.

El de Varela «es un virtual desplazamiento hasta que se investigue cómo fueron los controles, pero seguramente desembocará en un desplazamiento definitivo», dijo una fuente del gobierno porteño. Desde la sede de la jefatura comunal adelantaron que «se va a cambiar el sistema de control», a la vez que se «va a poner más gente a trabajar en las inspecciones».

El interventor del área, Enrique Rodríguez, reconoció ayer que en el gobierno se sabía la existencia de estos talleres irregulares que, según dijo, están administrados por «mafias».

Además, aseguró que si no puede «desarmar» la red de talleres clandestinos, dejará el cargo -que juró el martes- «en el plazo de tres meses».

En medio del intento de la comuna de diferenciar su respuesta institucional de la que brindó la gestión anterior ante la tragedi en Cromañón, el titular de la Unión de Trabajadores Costureros, Gustavo Vera, dijo que en el sudoeste de la Capital Federal hay más de cien talleres ilegales y que se «pagan coimas» en forma «sistemática».

El sindicalista manifestó que una comisaría de esa zona «levanta una caja de entre 45 y 60 mil pesos» por las coimas, lo que llevó al titular de la seccional 40, comisario Marcelo Canctatt, a pedir que se «haga la denuncia» correspondiente.

«Que hagan la denuncia ante quien corresponde», fue la respuesta de Canctatt, cuando se le preguntó por los dichos de Vera.

Dos horas después, la cartera de Interior informó que será el propio jefe Vallecas quien presentará a la justicia penal un pedido de investigación.

El cónsul adjunto de Bolivia en Buenos Aires, Albaro Gonzáles Quint, advirtió que «son pocos» los controles que hace la Ciudad para clausurar talleres clandestinos en los que se explota a trabajadores extranjeros, y pidió que el tema se incluya en una «agenda bilateral».


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