El interventor de Edersa tiene dos meses para elaborar la auditoria

Ayer se presentó en las oficinas de la distribuidora con el secretario de Energía de Río Negro Sebastián Caldiero. El funcionario detalló que la posibilidad de una rescisión contractual es posible. 



La medida no tendrá impacto en los usuarios.  Ayer las oficinas de atención en Cipolletti funcionaron con normalidad.

La medida no tendrá impacto en los usuarios. Ayer las oficinas de atención en Cipolletti funcionaron con normalidad.

La deteriorada relación entre el gobierno de Río Negro y Edersa sumó su capítulo más intenso tras la resolución de la Justicia Civil de intervenir a la distribuidora de energía.

El fuero Civil hizo lugar a la medida cautelar que interpuso el gobierno y dispuso de un interventor veedor para que analice la documentación contable de la compañía a fin de determinar si el no pago de energía a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) es producto de una decisión empresaria o de una insuficiencia por el atraso tarifario que argumenta la firma.

Edersa tiene la concesión del servicio en toda la provincia salvo Bariloche y Río Colorado. La resolución tiene fecha del 13 de mayo y ayer se notificó a la empresa. La medida cautelar fue solicitada por el inspector de Personas Jurídicas y por el fiscal de Estado de la provincia. El planteo se solicitó ante las reiteradas negativas por parte de la compañía a brindar información al Ente Regulador de la Energía (EPRE) sobre la deuda que Edersa mantiene con Cammesa.

Esto será determinante en la decisión del gobierno. El secretario de Energía de Río Negro, Sebastián Caldiero, deslizó que la posibilidad de rescindir el contrato con la distribuidora de energía Edersa dependerá del informe que realice el interventor que dispuso la Justicia.

El funcionario detalló ayer que si determina que hubo dolo en el atraso con la deuda que asciende a  $2.874.860.877,30  podría rescindir el contrato de concesión con la compañía de la familia Neuss.

la deuda que asciende a  $2.874.860.877,30  podría rescindir el contrato de concesión con la compañía de la familia Neuss.

“El pago del abastecimiento de la energía es una obligación esencial en el contrato de concesión y si nosotros tuviéramos elementos para comprobar que Edersa tuvo el dinero para pagar la energía y no lo hizo por una decisión empresaria, y no por una insuficiencia de la tarifa claramente estaría incurriendo en una causal de rescisión”, expresó el titular de la cartera.

Lo dijo horas después de presentarse en la sede central de Edersa en Cipolletti en compañía de interventor Cristián Pedro Skoyu, contador público y por muchos años al Director y CEO de Expofrut SA.

Caldiero junto al interventor Cristián Skoyu.

Caldiero explicó que la disposición no tendrá ningún impacto para los usuarios y que la medida tiene entre otras razones evitar que el conflicto tenga alguna alteración en la distribución de la energía.

“La intervención no tiene incidencia en la operación de la compañía. Todo el cuerpo operativo de la empresa sigue en su lugar y van a seguir brindando el servicio como lo vienen haciendo hasta ahora, no tiene que haber ningún cambio”., dijo.

Según el Estado provincial la deuda comenzó a gestarse entre 2014 y 2015. La falta de respuestas a los constantes pedidos de informe del EPRE motivaron el recurso cautelar.

La resolución judicial llega a poco menos de dos meses de la audiencia pública para revisar las tarifas de la distribuidora. El interventor tiene el mismo tiempo para elaborar el escrito que le presentará al juez, podría prolongarse de ser necesario.


Sin decisión política

El recurso que interpuso el Estado fue para que la Justicia disponga de un interventor “administrativo”, es decir que pueda tener poder de decisión en las políticas de la empresa, sin embargo el juez no hizo lugar a este pedido y resolvió disponer de un veedor, con autoridad para acceder a todo tipo de documentación.
“El interventor veedor tendrá las más amplias facultades para compulsar los libros, actas, toda documentación llevadas por la concesionaria, como así también para solicitar información a la distribuidora o realizar investigaciones que considere convenientes a los fines de dar cumplimiento al objeto encomendado”, dice la resolución que emitió el juez civil cipoleño.


Falta de información

El argumento del recurso es la negativa de la compañía a brindarle información al EPRE.
En la resolución el juez civil de Cipolletti Federico Corsiglia mencionó que dentro del contrato firmado entre Edersa y la Provincia el 30 de agosto de 1.996 surge un capítulo denominado “Obligaciones de la Distribuidora”.

El artículo 25 expresa que la “distribuidora deberá cumplimentar las siguientes obligaciones (inciso w) poner a disposición del Ente todos los documentos e información necesarios, o que éste le requiera, para verificar el cumplimiento del contrato, de la ley provincial N°2.902, de su decreto reglamentario y de toda norma aplicable”.


Distribuidora: “No es una intervención”

S bien desde Edersa no hicieron referencias directas al conflicto por la deuda con Cammesa, sí se refirieron a la medida judicial e indicaron que se no trata de una intervención, sino de un “veedor” y que por lo tanto no tendrá ninguna modificación en la estructura de la compañía.

Fuentes de la empresa señalaron que la medida resuelta por el Juez Civil Federico Corsiglia dispone la designación de un “interventor veedor”, que es una figura que tiene el encargo del magistrado de realizar un informe, en cuanto a la controversia planteada por la provincia respecto del atraso tarifario que sufre Edersa y la deuda que eso provocó con Cammesa .

Por lo tanto, no se trata de una intervención de la empresa, sino de un pedido de información que culminará con un informe que recaerá en el Juez.

La situación de la empresa no tiene ni experimentará ninguna modificación y aseguraron que es “similar” al que ya hizo a principio de año un veedor administrativo, que envió el EPRE, en el marcado del proceso de revisión del período de Gestión de la distribuidora.

La intención del gobierno era una intervención administrativa con autoridad para intervenir en las políticas de Edersa, pero el juez no autorizó y dispuso de un veedor.


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