El IPPV preadjudicó 264 casas y le llueven quejas

VIEDMA (AV).- La Defensoría del Pueblo intervendrá en la adjudicación de un barrio de 264 viviendas en Viedma, porque el listado de preadjudicados por el IPPV originó muchos cuestionamientos de otros inscriptos.

Esta noche vence el plazo de impugnación que habilitó el instituto provincial. Hasta ayer hubo una decena de presentaciones formales y, además, otras actuaciones por quejas verbales.

La Defensora del Pueblo, Ana Piccinini requerirá información al IPPV por varias denuncias, incluida una presentación que identificaría irregularidades en la confección del listado de preadjudicatarios, adelantaron fuentes del órgano de control.

Otros inscriptos molestos se presentaron ante «Río Negro». Por caso, Alberto Pereira, empleado del Registro Civil, casado y con dos hijas, quien no tiene propiedad y alquila (con una renovación contractual que rondará entre 500 y 600 pesos). «Llevo nueve años anotado en el IPPV y, el año pasado fui de vuelta para inscribirme por estas viviendas. Me quería morir cuando vi que no aparecía en el listado. Hice todo lo que correspondía, pero no soy afiliado a ningún partido. En el IPPV nadie me atiende», explicó el hombre, con 30 años en la administración y una remuneración cercana a los 2.500 pesos.

La de Pereira no es la única queja planteada. Otras fueron formalizadas en el IPPV, aunque el plazo de impugnación termina hoy a las 20. Esos planteos serán resueltos este mes, ya que las viviendas -correspondientes al Plan Federal I- se entregarán en diciembre, según estimó el titular del organismo, Vicente Pili.

El listado de preadjudicatarios fue publicado la semana pasada, aunque existió un borrador que no fue difundido inicialmente por el organismo, ya que se detectaron irregularidades. En el IPPV se afirma que «esa lista fue sometida a un nuevo zarandeo». Lo cierto es que se hizo público después de las elecciones.

Más de 2.800 viedmenses se habían anotado para este plan pero sólo 1.200 cumplieron con los requisitos, como los ingresos mínimos del grupo familiar, el período de residencia y no disponer de inmuebles.

Las observaciones afirman que varios incluidos no computan los puntajes asignados y además fueron incorporados por gestiones políticas. La Defensoría del Pueblo habría recibido una presentación general, lo cual habría determinado la actuación de parte de Piccinini.

En el IPPV se insiste en la utilización del mecanismo de la impugnación, que destacan por lo «simple» de la tramitación, ya que con un escrito y las razones de su impugnación se habilita a los funcionarios para evaluar los méritos de los cuestionados.

Días pasados, Pili expresó que el sistema de impugnación posibilita «poner blanco sobre negro ya que permite a cualquier persona, con fundamentos ciertos» denunciar «casos puntuales, sean funcionarios o amigos de fulano o mengano».