El juez Bonadío sería apartado

El juez federal Claudio Bonadío podría ser finalmente apartado en los próximos días de la investigación por presuntas irregularidades en la causa por el atentado a la AMIA que involucra a su colega Juan José Galeano y a funcionarios del gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-99).

Bonadío ya había sido recusado por la defensa del ex comisario Juan José Ribelli pero rehusó apartarse de la causa y, ahora, la Cámara Federal porteña analiza no sólo el reclamo del ex policía sino un pedido idéntico presentado por la Oficina Anticorrupción, que depende del gobierno de Néstor Kirchner.

Mientras, los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos iniciaron un relevamiento del grueso expediente del caso desde la primera foja, ya que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, los colocó al frente de una unidad especial creada luego de que el Tribunal Oral absolviera a todos los imputados por el ataque terrorista ante la sospecha de que la evidencia del caso había sido fabricada.

Martínez Burgos, según fuentes judiciales, colaboró con el ahora cuestionado juez Galeano al inicio de la pesquisa, mientras Nisman formuló la acusación en el juicio oral que culminó el pasado 2 de setiembre con un fallo absolutorio.

Resta, únicamente, la audiencia que se celebrará el 29 de octubre para difundir los fundamentos de la sentencia que liberó a todos los imputados, incluido el ex comisario Ribelli.

Bonadío quedó en una situación delicada que la Cámara definiría dejándolo fuera de la investigación por su vínculo con el ex ministro del Interior Carlos Corach, a quien el Tribunal Oral Federal 3 -que sustanció el juicio por la voladura de la AMIA- ordenó investigar por su posible participación en la fabricación de pruebas.

Estrecha relación con Corach

Antes de ser designado juez por el gobierno de Menem, en mayo de 1994, Bonadío era subsecretari general de la Presidencia y segundo del ex ministro Corach, por lo que la Cámara consideraría inapropiado que investigue penalmente a su ex jefe.

La Cámara ya requirió a la Casa Rosada un informe de los servicios que prestó Bonadío a la administración pública y en base a ese documento podría apartarlo de la causa sobre los ilícitos que habrían impedido esclarecer el atentado, que causó 85 muertes el 18 de julio de 1994.

Galeano, que instruyó la causa por el atentado durante más de 9 años, fue separado del expediente por la Cámara y ahora el sumario está en manos de su colega Rodolfo Canicoba Corral.

El 13 de setiembre pasado, acorralado por la dura sentencia del Tribunal Oral Número 3 y el proceso que inició en su contra el Consejo de la Magistratura, Galeano presentó la renuncia pero el presidente Néstor Kirchner no aceptó la dimisión, finalmente retirada por el juez.

El hecho que más complica al juez Galeano es la presunta compra, en 400 mil dólares aportados por el propio Estado, de la declaración en la que el reducidor de autos robados Carlos Telleldín acusó a Ribelli y a otros policías como posibles cómplices del ataque a la AMIA.

Telleldín, que pasó 10 años preso, declaró en 1996 ante la ahora fallecida camarista Luisa Riva Aramayo, que era íntima amiga de Corach y de la esposa del entonces ministro.

Los fondos para el pago al reducidor fueron aportados por la SIDE, que era comandada por Hugo Anzorreguy, otro de los funcionarios a los que el Tribunal Oral 3 ordenó investigar.

Bonadío tendría las horas contadas al frente de la causa por el escandaloso pago a Telleldín, y la causa pasaría a mano de alguno de sus actuales colegas o bien de los alguno de los nuevos jueces federales que fueron elegidos por el gobierno de Kirchner y desembarcarán, en breve, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 de esta capital. (DyN)