El juez culpa a la policía por la fuga de represores en San Juan

Olivera, uno de los fugados. Su esposa trabaja en el hospital y está siendo investigada.

BUENOS AIRES.- El juez federal de San Juan Miguel Gálvez justificó la autorización de traslado que cursó a favor de los represores condenados que se fugaron del Hospital Militar Central y responsabilizó por el episodio al Servicio Penitenciario Federal. “La responsabilidad de la fuga es pura y exclusiva de la gente del Servicio Penitenciario Federal”, sostuvo el magistrado, al referirse al hecho que involucra a los ex militares Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, quienes el jueves huyeron de ese centro asistencial, adonde habían sido trasladados para su atención. Por su parte, el diputado Carlos Comi (Coalición Cívica ARI) cuestionó duramente la recompensa millonaria que ofreció el gobierno nacional al considerarla una reacción típica del “Lejano Oeste”. “La única respuesta que da el gobierno es ofrecer una recompensa como si estuviéramos en el Lejanos Oeste, mientras el Jefe del Servicio Penitenciario (Víctor Hortel) debe seguir bailando murga en los actos de Vatayón Militante”, lanzó el diputado nacional. Para Comi, “los funcionarios son eficientes para que los presos amigos pueden salir a los actos kirchneristas pero son inútiles para evitar que se escapen los represores”. El viernes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Julio Alak, ofreció dos recompensas de dos millones de pesos cada una para quienes aporten “datos fehacientes” que favorezcan la captura de los represores que escaparon. En tanto, como derivación del episodio, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dispuso el pase a retiro de militares y el relevo de funciones del personal del Ejército que desempeñaba tareas de conducción del Hospital Militar Central, medida que incluyó a dos generales. En las últimas horas, el juez Gálvez reivindicó el permiso que concedió a favor de los traslados y de atención médica de los reclusos Olivera y De Marchi, al asegurar que “están autorizados por ley”. Y apuntó al Servicio Penitenciario Federal. En rigor, al juez Gálvez le tocó instrumentar la autorización que ya había firmado el titular del Juzgado Federal número 2, Leopoldo Rago Gallo, quien estaba de licencia durante la feria judicial al momento del traslado. Según relata Diario de Cuyo ayer, sería clave en el accionar de los ex militares la esposa de Olivera, Marta Noemí Ravasi, quien justamente es psicóloga en el Hospital Militar. (DyN)