EL JUICIO

El juicio se desarrolla ante los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de Cipolletti, representaba por los jueces Albrieu, Pozo y Douglas Price.

La familia Fabi es patrocinado por la abogada especialista en Derechos Humanos, María Angélica Acosta quien remarca que el objetivo es que el Estado Provincial deje de subsidiar Estación Limay, ya que es la propia constitución provincial la que señala que la cooperación económica del Estado sólo se otorgará a aquellas escuelas públicas de gestión privada, gratuitas, que cumplan una función social, no discriminatoria (art. 63 inc. 6). También queda asentado en el articulo 17 de la ley 2444.

Estación Limay participa del juicio como “tercero obligado”. Como ya manifestó su abogada, Andrea Fadelli, entienden que se podría ocasionar un daño irreparable a la institución porque “sin el aporte estatal, la Escuela debería cerrar sus puertas y se les coartaría el derecho a la educación a los estudiantes y en el caso de los trabajadores, porque serían 100 personas que quedarían sin empleo”. Remarcan además que en la ciudad de Cipolletti no existen plazas para absorber 784 alumnos y 100 trabajadores.

En este momento, la instancia judicial está en su etapa final: alegatos y dictado de sentencia.