El juicio a Dilma

La presidenta Dilma Rousseff fue suspendida en el cargo. Para la historia reciente del Brasil es la segunda vez que las dos Cámaras del Congreso votan a favor de enjuiciar un presidente. La primera vez ocurrió en 1992 con Fernando Collor de Mello. Este pudo evitar un juicio destituyente al renunciar sin dar pelea.

Hay una marcada distancia entre el juicio promovido contra Dilma y el que determinó la suerte de Collor de Mello, sobre todo por la calidad de los enjuiciadores y las biografías de los enjuiciados. Además, por el momento de la historia democrática brasileña. Cuenta también el derrotero del gran coloso industrial. Lo cierto es que la historia del país después de la caída de Collor de Mello fue extraordinaria, tanto bajo las presidencias de Fernando Henríquez Cardozo como las de Luiz Inácio Lula da Silva. El primero por impulsar un neodesarrollismo de sesgo liberal-conservador que llevó a Brasil a ser una de las potencias industriales. Lula en cambio revolucionó la cuestión social a favor de los sectores populares. Por supuesto que esos dos Brasil nunca llegaron a complementarse a la manera de un eficiente capitalismo del bienestar. De allí que la actual crisis presidencial deba ser pensada como resultado de las dificultades que tienen el empresariado y las viejas clases medias brasileñas de conciliar desarrollo del capitalismo y bienestar a favor de las clases populares. Es probable que la caída de Dilma y del PT gobernante plantee un retorno al viejo Brasil de las enormes desigualdades sociales.

Lo ocurrido en Brasil plantea una experiencia no muy distinta a la de su socio del Mercosur Paraguay, cuando su elite conservadora decidió desprenderse de Fernando Lugo. Es cierto que la mayoría de los congresistas brasileños no se atrevió a tanto como ocurrió antes con sus pares paraguayos. Los detractores de Dilma sostuvieron sus votos con justificaciones patrimonialistas, personalistas, familiares, religiosas, clasistas y de orden a veces extravagantes. También hubo una suerte de vanguardia legislativa que acusó a Dilma de ser exponente del “comunismo” por su pasado militante y presente ligado al PT. Lo mismo ocurrió con Lugo cuando varios de sus opositores recurrieron al lenguaje atrasado de la Guerra Fría.

Si bien es cierto que los presidencialismos del continente cuentan con Ejecutivos fuertes, también sus Legislativos pueden competir en poder y eventualmente adquirir el dominio de la situación. La experiencia histórica señala que, cuando esos parlamentos adquieren transitoria supremacía, resulta suficiente para hacer caer un presidente. Según Aníbal Pérez Liñan, uno de los principales autores dedicados a construir una “teoría comparativa del juicio político”, pareciera que los legisladores que impulsan esta drástica fórmula están imbuidos de una nueva cultura política. Efectivamente, desde las páginas escritas por el politólogo argentino –en su obra “Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina” (2006, FCE, Buenos Aires)–, esos congresistas son “cada vez más capaces y más dispuestos a operar como agentes de la responsabilidad democrática”. El Brasil de estos días toma distancia de esta fórmula.

Sin duda las demandas y eventualmente la tramitación exitosa de juicios políticos de presidentes resulta una manera constitucional de procesar las crisis de gobernabilidad asegurando a su vez esquemas de sucesión reglados por ley. En este nuevo tiempo democrático continental poco cuenta el viejo “factor militar” en la resolución de las crisis presidenciales. El balance en esto es positivo: las democracias, en gran medida, ya no son tan pretorianas como lo fueron hace tres decenios. Ese dato resulta oscurecido por el protagonismo y cierta impotencia de los presidentes frente a poderes no democráticos. Poderes invisibles algunos, otros demasiados expuestos como los que encarnan las viejas y nuevas corporaciones empresariales, algunas ligadas al mundo de los medios de comunicación, igual que las judicaturas conservadoras. Suma la presencia de legisladores ganados por su deslealtad, venalidad y un parroquialismo exacerbado.

Posiblemente deba revisarse este esquema institucional donde las elites tienen la primera y última palabra. Las democracias latinoamericanas pueden explorar nuevos institutos que se abran a la discusión pública e informada, incluyendo la revocatoria o ratificación de los mandatos por iniciativa popular.

*Profesor de Derecho Político, Universidad del Comahue

“Es probable que la caída de Dilma y del PT gobernante plantee un retorno al viejo Brasil de las enormes desigualdades sociales”.